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Sábado 18 Junio, 2011

Retos de una consulta en Térraba

James Anaya, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, visitó el país para analizar la situación de los territorios indígenas afectados por el proyecto hidroeléctrico Diquís. Estableció conclusiones y recomendaciones que plantean un reto para Costa Rica, recientemente integrado como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Anaya nos recuerda que somos suscriptores de dos instrumentos internacionales: la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Convenio 169 de la OIT. Las principales preocupaciones del informe son posibles impactos ambientales, sociales y culturales del proyecto y la ausencia de una consulta adecuada.
El informe plantea como un menoscabo a los derechos de los pueblos indígenas el hecho de que se hayan iniciado estudios con importantes impactos en sus territorios sin que se les hubiese consultado; también plantea como una oportunidad la situación de que el proyecto aún no llega a su aprobación final. Esto último depende de que se inicie “un proceso de consulta adecuado de acuerdo a las normas internacionales”.
Un proceso de consulta debe basarse en condiciones justas y equitativas, donde deben surgir acuerdos a cumplir y un diálogo intercultural de buena fe, en el que se busque el consenso y acomodo recíproco de intereses legítimos, tal y como reza el informe. El Relator considera necesario que se establezca un ambiente de confianza, que subsane de alguna forma la omisión en que incurrió el ICE de realizar un proceso de consulta adecuado, poniendo a los pueblos indígenas en condiciones de desventaja. Sin embargo, el retiro del ICE de los territorios indígenas son un hecho positivo para crear ese ambiente.
El proceso de consulta debe desarrollarse de acuerdo con las formas de representatividad y organizaciones relativas a la toma de decisiones, y según lo han expresado las personas indígenas, tanto las Asociaciones de Desarrollo Integral como la CONAI, son la solución jurídica que el Estado les han impuesto, y que debe superarse en este proceso.
El apoyo que podría ofrecer el Estado es logístico, con la finalidad de mitigar la asimetría en las condiciones de poder. El ICE debe proporcionar toda la información, misma que hasta ahora ha manejado de forma exclusiva. Es necesario que los pueblos indígenas conozcan con claridad cuáles serán los impactos sobre sus territorios. Con esta finalidad el Estado debería financiar los técnicos y expertos que requieran las personas indígenas para poder analizar en términos de equidad, los alcances de los estudios.
Anaya propone la formación de un equipo facilitador de expertos independientes para asegurar un proceso equilibrado, fortalecer la confianza e inclusive analizar cuestiones de representatividad. Recuerda el compromiso que el país mantiene con los indígenas que trasciende este proyecto y que tiene que ver con una solución legislativa a la situación de autonomía de los territorios indígenas, misma que se encuentra en la corriente legislativa desde hace más de una década. Costa Rica tiene un reto en la búsqueda de un equilibrio entre el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, el medio ambiente y el desarrollo.

Luis Gerardo Fallas Acosta
Defensor adjunto de los habitantes