Retenes policiales dividen a damas del poder
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Viernes 10 septiembre, 2010
Mandataria Chinchilla no hará caso a resolución emitida por Calzada, jerarca de la Sala IV
Retenes policiales dividen a damas del poder
Hampones, narcotraficantes, violadores, sicarios, asaltabancos y otros antisociales de fiesta por culpa de los magistrados, aseguran ex ministros de Seguridad y abogados
Además de ser madres, mujeres exitosas y poderosas, Laura Chinchilla y Ana Virginia Calzada, tienen en común el honor de haber sido designadas como las primeras de su género, para regir los destinos del país, desde la Presidencia la República y la Sala Constitucional respectivamente.
Ambas, en buena teoría también comparten el deseo de construir una mejor Costa Rica, garante de todos los derechos individuales y sociales y ahí, es donde empiezan las diferencias.
La reciente resolución de los magistrados de la Sala Constitucional por unanimidad, que prohíbe al Ministerio de Seguridad Pública establecer retenes policiales, para luchar contra el hampa y el narcotráfico, ha abierto una marcada disputa entre las dos.
Aunque el tono no ha dejado de ser cordial y respetuoso, digno de toda una dama, lo cierto del caso, es que el fallo de la Sala molestó a la mandataria, quien de forma sutil dejó de manifiesto que no respetará la sentencia elaborada por Calzada y el resto de los magistrados.
“Creemos que hay jurisprudencia contradictoria en el fallo de la Sala y por eso pedimos una aclaración. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a mejorar la vigilancia en carretera y mejorar la presencia policial en el país”, dijo Chinchilla el martes anterior tras el Consejo de Gobierno.
Una de las principales promesas de campaña de la Presidenta, fue luchar contra el hampa, por lo que el Gobierno ha considerado que la prohibición de hacer retenes a discreción, “le ata la mano derecha al Ministerio de Seguridad Pública”; sin embargo, aunque no tenga el respaldo legal, la mandataria ya dijo que “esta es una lucha de gente valiente y comprometida y vamos a seguir adelante, sin dar ni un paso atrás”.
Pese a los cuestionamientos hechos por el Poder Ejecutivo, Calzada prefiere mantenerse al margen del asunto y decir que la mayoría de los costarricenses son gente honesta y que no deben ser tratados como delincuentes cuando viajan en sus vehículos.
Además que no existen criterios contradictorios en la jurisprudencia, pues aún no se ha redactado la sentencia –solo se conoce el por tanto– y por consiguiente no entiende por qué anunció Chinchilla la presentación de un recurso de aclaración.
Desde julio a la fecha, los retenes han permitido la detención de 556 personas por posesión de droga; además del decomiso de 51 armas ilegales, 2.681 dosis de crack, 21 kilos de cocaína y aprehender a 46 fugitivos.
Mientras tanto, una lluvia de críticas por parte de abogados constitucionalistas y ex ministros de Seguridad, caen sobre la Sala Constitucional.
“Los magistrados deberían meditar mucho más las resoluciones que dan, porque le hacen un grave daño al país. En estos momentos, los hampones, los narcotraficantes, los violadores, los sicarios, los asaltabancos y otros están de fiesta por culpa de la Sala”, indicó Juan Diego Castro, ex ministro de seguridad.
Para el abogado constitucionalista Fernando Zamora, los magistrados parecen haber confundido los conceptos, porque están equiparando una breve interrupción de la circulación con la detención.
Entretanto, los especialistas en la Carta Magna, consideran que la única forma de traerse abajo el fallo de la Sala, es por medio de una aclaración y en el peor de los casos, sería necesario aprobar un proyecto de ley o una reforma a la Constitución Política, que permita a la policía explícitamente, realizar los cuestionados retenes a discreción, aseveró Fabián Volio, abogado constitucionalista.
A pesar de que la resolución de los magistrados propicio un malestar generalizado, hay quienes son más cautos y consideran conveniente conocer la totalidad del fallo de la Sala IV, antes de emitir un criterio.
“Hay que esperar el por tanto del fallo, no se puede tener una reacción precipitada, no creo que la Sala IV los haya prohibido, sino que establece límites en cuanto al respeto de las personas”, afirmó Rogelio Ramos, ex ministro de Seguridad.
Desde que Chinchilla asumió el poder hace cuatro meses, esta es la segunda vez que tiene un conflicto con la Sala IV, anteriormente el proyecto minero de Crucitas, dividió a las damas, cuando los magistrados pusieron contra la pared al Poder Ejecutivo al valorar la posibilidad de prohibir esta actividad.
Esteban Arrieta
Natasha Cambronero
earrieta@larepublica.net
ncambronero@larepublica.net
Retenes policiales dividen a damas del poder
Hampones, narcotraficantes, violadores, sicarios, asaltabancos y otros antisociales de fiesta por culpa de los magistrados, aseguran ex ministros de Seguridad y abogados
Ambas, en buena teoría también comparten el deseo de construir una mejor Costa Rica, garante de todos los derechos individuales y sociales y ahí, es donde empiezan las diferencias.
La reciente resolución de los magistrados de la Sala Constitucional por unanimidad, que prohíbe al Ministerio de Seguridad Pública establecer retenes policiales, para luchar contra el hampa y el narcotráfico, ha abierto una marcada disputa entre las dos.
Aunque el tono no ha dejado de ser cordial y respetuoso, digno de toda una dama, lo cierto del caso, es que el fallo de la Sala molestó a la mandataria, quien de forma sutil dejó de manifiesto que no respetará la sentencia elaborada por Calzada y el resto de los magistrados.
“Creemos que hay jurisprudencia contradictoria en el fallo de la Sala y por eso pedimos una aclaración. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a mejorar la vigilancia en carretera y mejorar la presencia policial en el país”, dijo Chinchilla el martes anterior tras el Consejo de Gobierno.
Una de las principales promesas de campaña de la Presidenta, fue luchar contra el hampa, por lo que el Gobierno ha considerado que la prohibición de hacer retenes a discreción, “le ata la mano derecha al Ministerio de Seguridad Pública”; sin embargo, aunque no tenga el respaldo legal, la mandataria ya dijo que “esta es una lucha de gente valiente y comprometida y vamos a seguir adelante, sin dar ni un paso atrás”.
Pese a los cuestionamientos hechos por el Poder Ejecutivo, Calzada prefiere mantenerse al margen del asunto y decir que la mayoría de los costarricenses son gente honesta y que no deben ser tratados como delincuentes cuando viajan en sus vehículos.Además que no existen criterios contradictorios en la jurisprudencia, pues aún no se ha redactado la sentencia –solo se conoce el por tanto– y por consiguiente no entiende por qué anunció Chinchilla la presentación de un recurso de aclaración.
Desde julio a la fecha, los retenes han permitido la detención de 556 personas por posesión de droga; además del decomiso de 51 armas ilegales, 2.681 dosis de crack, 21 kilos de cocaína y aprehender a 46 fugitivos.
Mientras tanto, una lluvia de críticas por parte de abogados constitucionalistas y ex ministros de Seguridad, caen sobre la Sala Constitucional.
“Los magistrados deberían meditar mucho más las resoluciones que dan, porque le hacen un grave daño al país. En estos momentos, los hampones, los narcotraficantes, los violadores, los sicarios, los asaltabancos y otros están de fiesta por culpa de la Sala”, indicó Juan Diego Castro, ex ministro de seguridad.
Para el abogado constitucionalista Fernando Zamora, los magistrados parecen haber confundido los conceptos, porque están equiparando una breve interrupción de la circulación con la detención.
Entretanto, los especialistas en la Carta Magna, consideran que la única forma de traerse abajo el fallo de la Sala, es por medio de una aclaración y en el peor de los casos, sería necesario aprobar un proyecto de ley o una reforma a la Constitución Política, que permita a la policía explícitamente, realizar los cuestionados retenes a discreción, aseveró Fabián Volio, abogado constitucionalista.
A pesar de que la resolución de los magistrados propicio un malestar generalizado, hay quienes son más cautos y consideran conveniente conocer la totalidad del fallo de la Sala IV, antes de emitir un criterio.
“Hay que esperar el por tanto del fallo, no se puede tener una reacción precipitada, no creo que la Sala IV los haya prohibido, sino que establece límites en cuanto al respeto de las personas”, afirmó Rogelio Ramos, ex ministro de Seguridad.
Desde que Chinchilla asumió el poder hace cuatro meses, esta es la segunda vez que tiene un conflicto con la Sala IV, anteriormente el proyecto minero de Crucitas, dividió a las damas, cuando los magistrados pusieron contra la pared al Poder Ejecutivo al valorar la posibilidad de prohibir esta actividad.
Esteban Arrieta
Natasha Cambronero
earrieta@larepublica.net
ncambronero@larepublica.net