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Jueves 1 Septiembre, 2011

Retención de pensiones viola derechos de adultos mayores

Un total de 104 personas adultas mayores pensionadas se vieron afectadas con la retención de la pensión a partir del mes pasado, medida tomada por la Tesorería Nacional con el fin de proteger el erario público.
Los funcionarios públicos detectaron el depósito de pensiones en cuentas de personas que ya habían fallecido y a quienes se les siguió girando su pensión por años, sin notar el deceso.
Se citó “el caso de un pensionado a quien se le continuó girando la pensión durante 20 años posteriores a su fallecimiento, lo cual representó una suma de ¢47 millones”.
De los 104 afectados, al cierre de este comentario, 62 pensiones habían sido liberadas luego de que los interesados o sus familiares realizaron trámites para probar que están vivos.
Quedan 42 personas adultas mayores de 100 años de edad que aún no se sabe si estarán pasando necesidades porque no han recibido su pensión y quizás no están al tanto de las noticias diarias, o bien no tienen familiares que les ayuden a realizar los trámites pertinentes para probar que “existen”.
De acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda, los afectados solo deben hacer una llamada telefónica, esperar la visita de un funcionario público y dos días después su pensión es liberada.
Mantenemos la esperanza en que el Estado sea tan eficiente en el servicio que brinde a estos ciudadanos y que efectivamente resuelva cada caso en tiempo récord, mientras tanto, ¿cómo sufragan los gastos y satisfacen las necesidades las personas afectadas? ¿Cuál es la situación actual de esas 42 personas adultas mayores que no han recibido su pensión?
Es una barbaridad que en pleno siglo XXI, con el avance tecnológico del cual disponemos no haya un registro cruzado de información entre las instituciones públicas, para tener la certeza de quién está vivo y quién no lo está.
No es un asunto de cantidad, pues aunque la medida solo afectara a una persona es una acción pública discriminatoria y con una fuerte carga negativa respecto de la vejez, pues no solo las personas mayores de 100 años pueden morir y por tanto, la situación de pagar pensiones a difuntos también debe estar pasando en otros estratos de edad entre las personas pensionadas.
Adicionalmente, es una acción que no concuerda con los esfuerzos que el Gobierno impulsa en procura de lograr la aprobación de una Convención Internacional de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Mientras se buscan los mecanismos de solución, y paliamos la ineficiencia, se viola el derecho de las personas adultas mayores a disfrutar de su pensión.
Desde la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO hacemos un llamado a quienes toman las decisiones de políticas públicas para que respeten los derechos de las personas adultas mayores y para que ni uno solo de estos 42 pensionados quede fuera de sus registros reales y sobre todo, para que ni uno solo de ellos sufra necesidades económicas por culpa de la ineficiencia en la función pública.

Fabián Trejos Cascante
Director ejecutivo, Asociación Gerontológica Costarricense