Resumen semanal

LO DESTACADO

Casinos jugarán con nuevas reglas

Las reglas del juego serán otras para los casinos.

Las actividades de azar y las apuestas físicas y electrónicas serán sometidos a una regulación fiscal, policial y turística mediante un proyecto de ley que está a punto de entrar al Congreso y que desde ya cuenta con el respaldo de la mayoría de fracciones legislativas.

En materia tributaria el plan pretende gravar con un 2% los ingresos brutos de los casinos y de sportsbooks, definidos estos como los pagos a jugadores por apuestas en el país.

Este tributo le generaría al Estado unos $85 millones al año que le permitirán aliviar el faltante de más de ¢600 mil millones destinados a gastos corrientes.

Se calcula que estas actividades están movilizando $14.500 millones por año en el país.

Fanal bajo investigación

El contrato que existe entre la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y Grupo Constenla, mediante el cual se establecía un acuerdo para la distribución de productos, se encuentra bajo la lupa de la Comisión para Promover la Competencia.

El ente ordenó una investigación preliminar para verificar los términos del contrato establecido y las razones técnicas que llevaron a su firma.

HECHO PRINCIPAL

Empresarios y legisladores chocan por salarios

Los empresarios lanzaron una advertencia pero los legisladores no la acataron. Ahora se vislumbra un conflicto entre ambos, por el eventual aumento del salario mínimo al sector laboral.

Desde la semana anterior se tramita un proyecto de ley que pretende aumentar en un 96% el salario mínimo, iniciativa que el sector empresarial catalogó como desproporcionada y recomendó rechazar.

El plan pretende que el ingreso mínimo sea la suma equivalente al costo mensual de la canasta básica alimentaria, la tarifa básica residencial de agua, energía y telefonía y además del costo mensual de alquiler de una vivienda, vestido y recreación. Con esta propuesta los legisladores pretenden que el pago pase de ¢180.720 a ¢353.510.

Actualmente los salarios se fijan según una fórmula que toma en cuenta la inflación acumulada del semestre anterior, pero no reconoce los aumentos más recientes en servicios básicos, alimentos y combustibles. El proyecto propone eliminar esta medición.

“Yo sé que este es un tema sensible, el salario mínimo de un trabajador costarricense es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia de al menos cuatro miembros. El Estado de la Nación señala que una manera de atacar la pobreza es mejorar los ingresos de los sectores que se han estancado en los últimos diez años”, dijo Carlos Pérez, diputado liberacionista y proponente del proyecto.

La iniciativa se encuentra en la comisión de asuntos económicos del Congreso.