Resumen semanal

HECHO PRINCIPAL

Casinos y sportsbooks serían gravados

Los juegos de azar y las apuestas físicas y electrónicas serían sometidos a una regulación que va desde aspectos fiscales hasta policiacos, turísticos y de seguridad nacional.

Estas actividades que se calcula estarían moviendo unos $14.500 millones anuales, quedarán bajo la regulación de una superintendencia que integrarían los ministros de Hacienda, de la Presidencia, de Seguridad, el director ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el fiscal general, el director del Organismo de Investigación Judicial y el superintendente general de entidades financieras.

Este proyecto que la cartera de Hacienda enviará al Congreso en los siguientes días, faculta a la Superintendencia a reglamentar la actividad del juego, así como a castigar y rehabilitar empresas que irrespeten las licencias de operación. “Tendrá verdadero poder”, dijo Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda y proponente del proyecto.

El plan contempla un impuesto nuevo del 2% que se aplicará sobre los ingresos brutos de la industria, definidos estos como los pagos a jugadores por apuestas en el país.

En la Asociación de Casinos de Costa Rica desconocen el contenido de dicho proyecto.

Sin embargo, están a favor de la regulación de la actividad, pese a que aducen que en los últimos meses se han visto afectados por la recesión económica internacional.

“Somos los más golpeados por la crisis, la actividad ha disminuido hasta en un 35%, a ello se suma que tenemos menos horas de trabajo y hemos prescindido de hasta 500 empleados”, comentó Jorge Hidalgo, vicepresidente de la Asociación.

En dicha organización estudiarán los puntos del proyecto y su incidencia. Este tributo, que Hacienda viene estudiando hace meses con respaldo de asesores externos y del país, generaría unos $85 millones al año. Pero esa suma podría ser mayor, según las autoridades fiscales.

No se descarta que con este anuncio algunos sectores comiencen a hablar de que las empresas dedicadas al juego se vayan a retirar del país, generando desempleo.

Puestos vacantes a la deriva

Aunque para este año el desempleo podría llegar al 7%, algunos empleadores locales presentan dificultades para cubrir las plazas vacantes de sus compañías.

Se estima que un 48% de las empresas encuentra obstáculos para hallar talento con capacidades específicas para los puestos.

Un pobre dominio del idioma inglés es una de las principales limitantes que frenan la contratación.

Asimismo, esta situación obedece a que la oferta de carreras no va de la mano con los requerimientos que exige el mercado.

Prueba de ello es que en las universidades se continúan incentivando las mismas profesiones, aunque quienes las cursan podrían tener pocas posibilidades de colocarse en el mercado laboral.

Una de las alternativas que se barajan para lograr empleo en momentos de recesión económica es dar impulso a las carreras cortas para abastecer las necesidades de las compañías.

Sin embargo, también se requiere que el mismo Consejo Nacional de Educación Superior Privada (Conesup) avale la inscripción de diplomados como carreras de las universidades privadas.

Tren metropolitano se alista

La construcción del tren eléctrico de pasajeros en la Gran Area Metropolitana saldrá pronto a concurso.

Si todo se cumple al pie de la letra la publicación del cartel de licitación se daría a finales de agosto.

Posteriormente se concederá un plazo de tres meses para que las empresas interesadas en el proyecto presenten las ofertas técnica y financiera.

Pero en caso de que surjan objeciones al cartel, el proceso demandará tres meses y medio más para resolver.

En cualquiera de los dos escenarios, la Administración se compromete a dejar la concesión adjudicada antes de abandonar el poder.

La intención es que el próximo gobierno dé la orden de inicio de los trabajos en 2011 y que la primera ruta entre Heredia y la capital empiece a operar en 2013.

Asimismo se espera ampliar luego la travesía de manera que en menos de seis años el tren ligero de pasajeros esté viajando además a Alajuela y Cartago.

La inversión se estima en $345 millones, de los cuales al Estado le corresponderá aportar $100 millones para hacerlo viable financieramente, de acuerdo con el estudio de factibilidad de la firma Engevix Engheneria S.A.