Resumen semanal

Lo más destacado

1. Gore anuncia apoyo a Obama

Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, anunció su apoyo al candidato presidencial demócrata, Barack Obama, a quien ayudará, dijo, a llegar a la Casa Blanca. Hasta el momento, Gore —que fue vicepresidente con Bill Clinton (1993-2001)— se había mantenido neutral en la campaña por la candidatura a la Presidencia por el Partido Demócrata.

2. Nestlé apuesta a precios altos de alimentos

Los altos precios de los alimentos “llegaron para quedarse” debido a que los gobiernos desvían recursos para la fabricación de biocombustible, acumulan existencias y limitan las exportaciones, según Peter Brabeck-Letmathe, presidente de Nestlé S.A., la mayor empresa de alimentación del mundo. El maíz, el trigo y el arroz han subido a máximos este año, exponiendo a millones de personas de Asia a riesgos de hambrunas, según el Banco Asiático de Desarrollo.

3. Aerolíneas sufren pérdidas

La International Air Transport Association (IATA) pidió al Congreso de Estados Unidos que tome medidas para acabar con la fuerte subida de los precios del combustible que harán perder a las compañías aéreas estadounidenses $10 mil millones en 2008. “El impacto de esta subida de precios del fuel sin precedentes está siendo devastador para las aerolíneas”, lamentó James C. May, presidente de IATA.

4. Latinoamérica vive auge minero

América Latina experimenta un auge de inversión extranjera en minería por los altos precios de las materias primas lo que, en el caso de México, puede significar recursos por más de $20 mil millones en seis años, dijeron expertos del sector. Los desembolsos para la exploración de oro, metales básicos, diamantes y otros metales alcanzaron los $9.900 millones en el mundo el año pasado y la región recibió el 24% de esos recursos, según cifras de Metals Economic Group divulgadas recientemente.

5. UE levantará sanciones contra Cuba

La Unión Europea acordó levantar las sanciones diplomáticas contra el régimen cubano y abrir un diálogo político incondicional, decisión cuya efectividad será revisada dentro de un año, confirmó el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Angel Moratinos.

Los jefes de la diplomacia europea llegaron a dicho compromiso durante una cena celebrada en el marco de la cumbre de jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea.

Hecho Principal:

“Directiva del retorno” aprobada en Europa

El Parlamento Europeo (PE) aprobó sin cambios el proyecto de directiva de retorno de inmigrantes irregulares acordado por los gobiernos de la Unión, que establece que los “sin papeles” puedan ser retenidos hasta un período máximo de 18 meses mientras se tramita su repatriación.

La Eurocámara, muy dividida, sacó adelante el texto con 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, gracias al respaldo del Partido Popular Europeo, de la mayoría de los liberales, de la Unión por la Europa de las Naciones y de algunos socialistas, junto a parte de los euroescépticos y de los diputados no inscritos.

La votación también provocó fracturas dentro de los grupos políticos, pues, mientras el grueso de los socialistas europeos se pronunció en contra, los españoles —a excepción de Josep Borrell, Raimon Obiols y Martí Grau— respaldaron el texto, tal y como había hecho este mes el Gobierno en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE).

En contra votaron en bloque Los Verdes y la Izquierda Unitaria, los dos grupos más críticos con la directiva.

Finalmente, el PE no aceptó ninguna de las enmiendas propuestas para suavizar el texto y aproximarlo a la normativa de los países más garantistas, por lo que la directiva es la misma que salió de la reunión de ministros de Justicia del pasado día 5.

Así, la norma comunitaria, que ya tiene el visto bueno de los gobiernos, entrará en vigor dos años después de su publicación oficial.

La directiva, que dota a la UE de un marco común para gestionar la expulsión de los “sin papeles”, establece un periodo de siete a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país de forma voluntaria.

Además, fija el periodo máximo de retención en seis meses, que pueden ampliarse a 18 en casos excepcionales para quien no coopere o cuando haya problemas para obtener la documentación de países terceros.

Una vez deportados, los indocumentados sufrirán también una prohibición de hasta cinco años de duración para entrar legalmente en territorio comunitario.

Para la Comisión Europea y para grupos como el Popular, la directiva supone un “primer paso” hacia una política de inmigración común y acaba con la posibilidad de retención indefinida de los irregulares que existe en varios países de la Unión.

Para los críticos, la norma es excesivamente “restrictiva” y “no ofrece garantías suficientes” sobre el respeto de los derechos de las personas.

Tras la votación, se escucharon en la Eurocámara palabras como “aberración”, “vergüenza” o “inaceptable” en boca de eurodiputados socialistas como el italiano Claudio Fava y la francesa Martine Roure, o de Izquierda Unida, como el español Willy Meyer, quien llamó a la movilización ciudadana contra la medida.