Carlos Denton

Carlos Denton

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Miércoles 28 Febrero, 2018

Restricciones para el adulto mayor

El Estado costarricense ofrece protección a los 315 mil habitantes que ostentan más de 65 años, pero aun así hay restricciones para estos cuando intentan disfrutar de una vida plena. Actualmente el país es catalogado como el mejor de América Latina para los jubilados. En los centros de salud, aeropuertos, instituciones del Estado y bancos el adulto mayor es atendido primero. Puede usar los parqueos reservados para las personas con problemas de movilidad física y puede viajar en el autobús sin pagar.

Pero en el ámbito financiero hay más restricciones que beneficios. Es muy difícil que un adulto mayor obtenga una tarjeta de crédito, un préstamo para un automóvil o que pueda comprar una vivienda con hipoteca de varios años. Una razón es porque muchos ya no participan en la fuerza laboral y viven de pensiones que no pueden ser embargadas. Otra razón es que los banqueros creen que tienen mayor probabilidad de fallecer, lo que estadísticamente no es cierto, y no quieren tener que cobrar deudas a herederos, si es que los hubiera.



Otro factor que induce a los banqueros a no otorgar crédito a los adultos mayores es que hay casos de personas que no responden por deudas que contrajeron porque alegan que padecen de demencia y no recuerdan haber firmado los papeles de los préstamos. Usan su edad como defensa frente a acusaciones de malversación. Por el bien de todos, hay que legislar para proteger a las instituciones financieras de personas inescrupulosas que utilizan su situación como adulto mayor como escudo y también para obligar a los bancos a no discriminar contra los mayores, que seguramente serán un mercado importante del futuro.

Merced a programas de salud, de alimentación y de educación los costarricenses viven más. Para 2030 se proyecta que el 15% de la población tendrá 65 años o más —900 mil personas. No hay programa de pensiones que llegue a tener recursos suficientes para permitir que esa cantidad reciba remuneraciones adecuadas para una vida cómoda y decente. La realidad es, aunque los sindicatos y otros la rechazan, que los adultos del futuro tendrán que trabajar hasta los 75 años antes de poder pensionarse.

Son apenas un 5% de los adultos mayores que hoy en día están enfermos e incapaces de contribuir a la vida económica del país con su trabajo. Y entre los que están enfermos es todavía un número más reducido los que sufren de demencia o la enfermedad conocida como alzhéimer.

Los que están sanos y que trabajan requieren automóviles financiados, condominios con hipoteca, tarjetas de crédito y préstamos para negocios, entre otros servicios bancarios. No puede haber restricciones basadas en la situación histórica cuando la esperanza de vida era de 60 o menos años.

Igual, se tendrá que revisar los privilegios. No es posible que 900 mil personas no paguen por usar el autobús y que pueden adelantarse en las filas en las instituciones. Hay que reducir restricciones y también privilegios.

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