Respuestas tecnológicas

La tecnología como motor de desarrollo se ha convertido en una necesidad cotidiana en el país, tanto para el sector público como el privado.

Son los sistemas inalámbricos los que marcan la pauta, dadas las facilidades que ofrecen a los profesionales como herramientas para la capacidad de respuesta efectiva y rápida. El adecuado desempeño de los ejecutivos actuales así lo demanda: conexión permanente y acceso universal a la red.

Prueba de ello es que las computadoras portátiles han ido desplazando a las de escritorio e incluso, hoy en día, los teléfonos constituyen las oficinas móviles de cualquier profesional.

En una era digital como en la que estamos viviendo resulta cada vez más frecuente que una persona cargue en su disco duro o hasta en su propio teléfono celular, los proyectos, agendas y acuerdos tomados en una reunión de trabajo.

Estas ventajas demandan del Estado un servicio que, hoy en día, dista de ser completo y eficiente.

La idiosincrasia del costarricense ha buscado las respuestas que el sector político —lento en sus decisiones para la apertura de las telecomunicaciones-— no le ha ofrecido. A nuestro país ya han llegado herramientas tecnológicas de última generación, que aún no pueden ser conectadas formalmente por los proveedores oficiales. El iPhone es un ejemplo de ello.

Y es que en este país los casos pueden ser numerosos cuando se tratan temas de atrasos o incompetencias en el área de las telecomunicaciones.

En un trabajo especial que da a conocer hoy LA REPUBLICA se evidencia cómo el sector privado está supliendo las necesidades de tecnología inalámbrica en el país. Esto excluye a una gran parte de la población de estos servicios, lo cual contribuye a ensanchar aún más la brecha digital.

Tanto el Instituto Costarricense de Electricidad como Radiográfica Costarricense, en su condición de únicos proveedores de Internet pero que pronto enfrentarán nuevos competidores, tienen el gran reto de atender oportunamente las demandas tecnológicas y democratizar los servicios.

Una responsabilidad que también compete al Gobierno y específicamente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, una cartera de cuyas respuestas estamos ávidos.