Respuesta a Enrique Castillo
Si Costa Rica hubiera mantenido su argumento de que se trataba de “invasión armada” de Nicaragua en Isla Portillo, bajo el derecho internacional podía salir del ámbito de la OEA y presentar d
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Sábado 21 mayo, 2011
Dado que este medio asumió la tarea de hacer un necesario análisis ex post del proceso que se lleva a cabo como consecuencia de la invasión armada de Nicaragua a Costa Rica, y ante el artículo que hoy se publica de Enrique Castillo, embajador de Costa Rica en la Organización de Estados Americanos, reafirmamos los siguientes puntos.
1- Efectivamente, Nicaragua inició el juego al invadir Isla Portillo, territorio costarricense, como mencionó nuestro editorial del 19 de mayo de 2011.
2- La Organización de Estados Americanos (OEA) asumió el caso, de acuerdo con el informe presentado por su secretario general, José Miguel Insulza, como una disputa fronteriza, algo que puede atribuirse a la estrategia de la diplomacia nicaragüense que hizo que la OEA aceptara los hechos desde esa perspectiva, ante lo cual Costa Rica continuó con el proceso en dichos términos. Caso contrario, la diplomacia costarricense pudo haber adoptado en ese momento la decisión de no aceptar el cambio de términos, exigiendo que el caso se tratara como lo que realmente fue: una invasión armada a territorio nacional, para lo cual existía suficiente documentación.
3- Si Costa Rica hubiera mantenido su argumento de que se trataba de “invasión armada”, bajo el derecho internacional tenía la posibilidad de salir del ámbito de la OEA y presentar directamente el caso a la Organización de Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con el artículo 34 de la carta de esa instancia, que “le otorga a su Consejo de Seguridad la potestad de investigar cualquier conflicto que podría amenazar la paz”.
4- Dada la resolución de la OEA y la resolución provisional de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, queda claro que para ambos entes se trató de un conflicto fronterizo, lo que demuestra que los esfuerzos y argumentos de la diplomacia costarricense no lograron calar para que, a nivel de las instancias del derecho internacional, se aceptaran estos lamentables hechos como lo que realmente fueron: una invasión armada flagrante y documentada a la soberanía costarricense.