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Zona del terremoto es una de las de mayor incidencia sin permisos
Responsables de fiscalizar obras se reparten culpas

• En el país, una de cada cinco edificaciones se levanta sin autorizaciones municipales
• Incumplimiento del Código Sísmico agrava resistencia de las construcciones

Karen Retana
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La normativa que rige la construcción de obras mantiene un divorcio entre la teoría y la práctica. Pese a que Costa Rica cuenta desde 1974 con un Código Sísmico —catalogado como uno de los mejores a nivel regional—, este en algunos casos no se aplica ni se fiscaliza su puesta en práctica.
Dicha situación puede pasar inadvertida ante los ojos de municipalidades, colegios profesionales o el gobierno. Sin embargo, cuando suceden desastres naturales como el ocurrido en Vara Blanca, la vulnerabilidad en las obras se pone de manifiesto.
El terremoto del pasado 8 de enero se convirtió en un verdadero inspector al evidenciar la irresponsabilidad de algunos profesionales, al evadir la supervisión de las obras, la inconsciencia de quienes vivirán en la propiedad así como la negligencia de las municipalidades que aprueban permisos al azar.
En la búsqueda de responsables, los actores lanzan la pelota de un lugar a otro. Sin embargo, en lo que sí coinciden es en que las leyes existen, pero no se cumplen.
“En este país cualquiera es constructor, lo peor del caso es que levantan obras sin los debidos procedimientos poniendo en juego la vida de quienes habitarán en la propiedad. Aquí las culpas son compartidas desde el propietario de la obra hasta el profesional que solo firma los planos y no controla”, comentó Alvaro Poveda, ingeniero estructural.
En Costa Rica, una de cada cinco obras se levanta sin permisos constructivos, de acuerdo con una inspección elaborada el año pasado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
La evasión de trámites —según ese estudio— se concentró mayoritariamente en la Zona Norte, justamente donde ocurrió la tragedia pasada.
“Al ver las imágenes del desastre y al enviar a nuestros inspectores a las zonas afectadas, es indudable la existencia de problemas estructurales en las casas, la falta de profesionales que visitaron las obras, muchas de ellas construidas en áreas no aptas para este fin”, sostuvo Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA.
Precisamente frases como, “el plano lo tengo en la mente”; “con la ayuda de algunos vecinos se construyó la casita”; “esta propiedad es muy vieja, qué me voy a acordar si saqué los permisos”, son algunas de las declaraciones de quienes perdieron todo en Cinchona y Vara Blanca, sitio donde la supervisión de las autoridades municipales brilló por su ausencia.
“Este es un tema reiterativo, sin embargo lo que cabe resaltar es que las municipalidades deben tener claro que ellos son los responsables de girar el permiso y si no se hace apropiadamente el tiempo lo puede cobrar”, comentó Giselle Mora, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
Al igual que en la Zona Norte, durante 2008, el Tribunal Ambiental detectó la existencia de proyectos que carecían de los permisos municipales y viabilidad ambiental en localidades como Jacó, Santa Cruz, Parrita, Osa, Quepos y Gandoca Manzanillo.
En la actualidad más de 100 desarrollos se encuentran intervenidos por este órgano contralor adscrito al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.
“Hay quienes consideran que la viabilidad ambiental es un requisito más. Sin embargo, es indispensable para conocer el impacto del proyecto en el sitio donde se desarrolla, las acciones para mitigarlo. La evasión de ello es lo que provoca daños como sedimentación pérdida de acuíferos, impactos que nos podrían pasar la factura”, comentó José Lino Sánchez, presidente del Tribunal Ambiental.

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