Resignados y sosegados
Así han de estar los trabajadores del gobierno a pedido de doña Sandra Piszk
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De cal y de arena
Resignados y sosegados
Así han de estar los trabajadores del gobierno a pedido de doña Sandra Piszk, Ministra de Trabajo, quizá preocupada por entender que el raquítico aumento de ¢5 mil mensuales a la base de los salarios pueda añadir presión a la caldera de la indigestión ciudadana, en imparable ascenso por la desequilibrada distribución de los costos de la insolvencia fiscal.
Va a serle difícil justificar ese aumento en un contexto en el que los jerarcas del obeso aparato estatal se recetan incrementos al sueldo de ofensivas dimensiones y cuando en aplicación de privilegios mañosamente instituidos, esas cúpulas se aseguran el disfrute de millonarias pensiones. Hay gollerías que permiten que en el Poder Judicial la pensión pase del 80% al 100% de los últimos 12 sueldos en cosa de pocos años. Las hay también en los regímenes del magisterio y de hacienda al punto de que hay ministros de Estado que renuncian al estipendio salarial para conservar intacto el goce de la gorda pensión.
Ahora la Corte Plena trabaja en moderarlas pero sin afectar los “derechos adquiridos”, desde luego. Como lo hicieron los chupópteros de los regímenes del magisterio y de hacienda cuando achicaron gollerías. Todo, por supuesto, dentro de la ley, quién sabe si a tono con la ética y la elegancia. Es lo que el Lic. Oscar Barahona Streber, Ministro de Hacienda en dos gobiernos, bautizó como “el gasto corrupto” que tanto angustió a la “Comisión de Control y Ordenamiento del Gasto Público y de la Rendición de Cuentas de los Funcionarios y Empleados Públicos”, creada por Decreto Ejecutivo # 30625-H en 2002 y en cuyo informe se denunciaron las gorronerías insertas en los regímenes de pensiones y convenciones de trabajo como los mayores disparadores del gasto público que originan parte de la inflexibilidad en el manejo de las finanzas del gobierno.
La plata es escasa y no alcanza para más, dice doña Sandra. ¿Qué ha hecho ella, qué ha hecho la clase política para extirpar las causas del desequilibrio fiscal que en 2002 como en 2012 también, atenaza al Estado en el cumplimento de sus funciones? De poco le valdrá citar el Proyecto de Solidaridad Tributaria que la administración de que es parte presentó al Congreso, vista la deformación que han sufrido sus objetivos originales a causa de las concesiones hechas a los grupos de presión ávidos de asegurar sus privilegiados esquemas impositivos apuñados desde que se hicieron del control de los partidos políticos.
Desde el poder político nadie va a meterle el bisturí a un esquema tributario regresivo ni a los disparadores del gasto público ni va a imponerse entusiasta la tarea de asignar con justicia los costos sociales del déficit presupuestario.
Lo que advirtió aquella Comisión creada en 2002 confirma que en una década, nada se ha avanzado: pensiones de privilegio, gorronas convenciones de trabajo, dispendio en transferencias y asignaciones, duplicación de servicios, manejos espurios de empréstitos y concesiones… todo sigue igual. También el llamado ministerial a la resignación y el sosiego.
Alvaro Madrigal
