Reguladores del agua contrapuestos
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Sábado 30 mayo, 2009
Normativa de Acueductos y Alcantarillados contradice a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
Reguladores del agua contrapuestos
• La maraña legal se conjuga con las limitantes de infraestructura para convertir el agua en preocupación de los desarrolladores• La maraña legal se conjuga con las limitantes de infraestructura para convertir el agua en preocupación de los desarrolladores
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
El país es rico en recursos naturales, y el agua es uno de los tesoros por proteger y disfrutar. Mas las políticas destinadas a cuidar este recurso padecen una serie de incongruencias que limitan el cumplimiento del objetivo y además afectan el desarrollo inmobiliario.
A la red de distribución de agua obsoleta se suma a un marco legal igualmente desactualizado.
La complejidad del tema es elevada, por cuanto el recurso hídrico es vital para llevar dinamismo a diferentes áreas del país.
En un inicio, el desarrollador de forma privada podía instalar su propia red de distribución, con la condición de solicitar al Ministerio de Ambiente y Energía el permiso para extraer agua de un pozo.
Este portillo quedó cerrado desde el último trimestre de 2008 y agravó el problema para el sector construcción, que de por sí ya padecía una situación sensible por la contracción que experimenta a costa de la crisis económica.
Ante esa problemática, desarrolladores, especialistas en derecho y el mismo gobierno hacen un esfuerzo para corregir el atraso en los dos escenarios mencionados. Para profundizar en el tema, LA REPUBLICA consultó a Alejandro Antillón, abogado de la firma Pacheco Coto.
Los desarrolladores en la zona de Guanacaste están teniendo dificultades para tener acceso al agua. ¿Cómo analiza legalmente esta problemática?
Es generada por el ya obsoleto marco legal que regula el recurso, lleno de vacíos, contradicciones y con la intervención de distintas entidades con competencia en la materia. Esto no da un marco jurídico claro, lo que genera incertidumbre sobre cómo se debe proceder.
Legalmente, ¿quién debería dar el permiso de agua?
La legislación actual establece distintas vías. En principio es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a quien le corresponde directamente o a través de una Asociación Administradora de Acueducto (Asada) el suministrar el agua y certificar la disponibilidad del recurso.
¿Y si no existe?
Es posible solicitar una concesión para la explotación de un pozo, la cual se solicita al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), sin intervención del AyA. Aquí interviene el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), dando criterios técnicos sobre el particular.
¿Cuáles son los límites de acción del Senara, Minaet y AyA?
Parte de la problemática radica en la falta de uniformidad en los criterios de las instituciones que intervienen. Igualmente, existe —en mi opinión personal— en algunas de estas instituciones un criterio erróneo de qué constituye autoconsumo y la definición de servicio público. Esto ha generado grandes problemas en la aprobación de proyectos inmobiliarios.
¿Cuáles problemas surgen al tener a tres entidades regulando sobre el mismo tema?
Que no existe claridad en la normativa de cuáles son las competencias, lo que precisamente ha generado los vacíos o criterios encontrados. Aparte de que cada instancia es celosa de sus potestades, lo que implica que al final el administrado es el que sufre porque no hay claridad de los procedimientos, o se cambian de la noche a la mañana por criterios ya sea internos o de la Procuraduría General de la República.
¿Existen contradicciones entre lo que dicen las leyes?
Sí existen contradicciones y vacíos. Contradicciones como que por un lado la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) permite que se autorice a privados para brindar el suministro de agua, pero por otro lado la Ley del AyA dice otra cosa, entonces tienen que venir las interpretaciones, que son las que cambian de un día a otro las reglas del juego.
¿Cómo están defendiendo a los clientes que se encuentran en esta encrucijada? ¿Qué tipo de proceso opera?
Fundamentalmente lo que hemos estado haciendo es tomar una actitud proactiva. Hemos optado por conversar con los funcionarios buscando soluciones viables con las distintas instancias del Gobierno, ya sea mediante la preparación de decretos o bien propuestas de ley que puedan aclarar el panorama. Lo anterior en coordinación con el Ministro de la Competitividad y con el apoyo del Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI).
¿Es necesaria una nueva ley?
Sí. Deberá regular esta materia de una forma balanceada, protegiendo la sostenibilidad del recurso pero permitiendo el desarrollo inmobiliario de una forma eficiente y ágil.
La Procuraduría emitió un voto ante una duda para la extracción de agua. ¿Cómo variaron los trámites?
Los entrabó. Su interpretación limitó las alternativas para establecer sistemas de administración de acueductos gestionados por entes privados, con base en la Ley Reguladora de la Aresep.
¿Cómo se solventa ahora?
Hemos estado buscando alternativas con el Gobierno para clarificar estos aspectos, pero no es sencillo, porque cada institución tiene su visión del problema y de las eventuales soluciones, eso dificulta encontrar un consenso.
¿Qué pasa con los casos que hoy están entrabados?
Algunos han ido avanzando, gracias a ciertas interpretaciones, y otros están definitivamente paralizados. Se están haciendo las gestiones con el Gobierno para lograr la infraestructura que se requiere, en algunos casos bajo el Reglamento al artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana y, aparte, lograr en alguna forma aclarar la maraña jurídica que cubre todo esto, pero es un proceso lento, que los inversionistas la mayoría de las veces no entienden.
¿Vislumbra una solución a corto plazo?
Ya se están preparando proyectos de ley tendientes a establecer un marco regulador más moderno y más claro. En mi opinión, por ser el tema del agua tan sensible, siempre serán necesarias coordinación y uniformidad entre las diferentes instituciones, lo cual es fundamental para una solución a corto plazo.
¿Por qué este problema toma relevancia hasta ahora?
En parte con el criterio de la Procuraduría del año anterior, que limitó la posibilidad de establecer sistemas de suministro de servicio público de acueducto manejados por particulares. También influyó la polémica generada por el acueducto Sardinal-El Coco, donde grupos de presión han influido mucho en entorpecer la inversión conjunta del Estado y los particulares para poder llevar el suministro de agua a los proyectos.
Reguladores del agua contrapuestos
• La maraña legal se conjuga con las limitantes de infraestructura para convertir el agua en preocupación de los desarrolladores• La maraña legal se conjuga con las limitantes de infraestructura para convertir el agua en preocupación de los desarrolladores
Daniel Chacón
dchacon@larepublica.net
El país es rico en recursos naturales, y el agua es uno de los tesoros por proteger y disfrutar. Mas las políticas destinadas a cuidar este recurso padecen una serie de incongruencias que limitan el cumplimiento del objetivo y además afectan el desarrollo inmobiliario.A la red de distribución de agua obsoleta se suma a un marco legal igualmente desactualizado.
La complejidad del tema es elevada, por cuanto el recurso hídrico es vital para llevar dinamismo a diferentes áreas del país.
En un inicio, el desarrollador de forma privada podía instalar su propia red de distribución, con la condición de solicitar al Ministerio de Ambiente y Energía el permiso para extraer agua de un pozo.
Este portillo quedó cerrado desde el último trimestre de 2008 y agravó el problema para el sector construcción, que de por sí ya padecía una situación sensible por la contracción que experimenta a costa de la crisis económica.
Ante esa problemática, desarrolladores, especialistas en derecho y el mismo gobierno hacen un esfuerzo para corregir el atraso en los dos escenarios mencionados. Para profundizar en el tema, LA REPUBLICA consultó a Alejandro Antillón, abogado de la firma Pacheco Coto.
Los desarrolladores en la zona de Guanacaste están teniendo dificultades para tener acceso al agua. ¿Cómo analiza legalmente esta problemática?
Es generada por el ya obsoleto marco legal que regula el recurso, lleno de vacíos, contradicciones y con la intervención de distintas entidades con competencia en la materia. Esto no da un marco jurídico claro, lo que genera incertidumbre sobre cómo se debe proceder.
Legalmente, ¿quién debería dar el permiso de agua?
La legislación actual establece distintas vías. En principio es el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a quien le corresponde directamente o a través de una Asociación Administradora de Acueducto (Asada) el suministrar el agua y certificar la disponibilidad del recurso.
¿Y si no existe?
Es posible solicitar una concesión para la explotación de un pozo, la cual se solicita al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), sin intervención del AyA. Aquí interviene el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), dando criterios técnicos sobre el particular.
¿Cuáles son los límites de acción del Senara, Minaet y AyA?
Parte de la problemática radica en la falta de uniformidad en los criterios de las instituciones que intervienen. Igualmente, existe —en mi opinión personal— en algunas de estas instituciones un criterio erróneo de qué constituye autoconsumo y la definición de servicio público. Esto ha generado grandes problemas en la aprobación de proyectos inmobiliarios.
¿Cuáles problemas surgen al tener a tres entidades regulando sobre el mismo tema?
Que no existe claridad en la normativa de cuáles son las competencias, lo que precisamente ha generado los vacíos o criterios encontrados. Aparte de que cada instancia es celosa de sus potestades, lo que implica que al final el administrado es el que sufre porque no hay claridad de los procedimientos, o se cambian de la noche a la mañana por criterios ya sea internos o de la Procuraduría General de la República.
¿Existen contradicciones entre lo que dicen las leyes?
Sí existen contradicciones y vacíos. Contradicciones como que por un lado la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) permite que se autorice a privados para brindar el suministro de agua, pero por otro lado la Ley del AyA dice otra cosa, entonces tienen que venir las interpretaciones, que son las que cambian de un día a otro las reglas del juego.
¿Cómo están defendiendo a los clientes que se encuentran en esta encrucijada? ¿Qué tipo de proceso opera?
Fundamentalmente lo que hemos estado haciendo es tomar una actitud proactiva. Hemos optado por conversar con los funcionarios buscando soluciones viables con las distintas instancias del Gobierno, ya sea mediante la preparación de decretos o bien propuestas de ley que puedan aclarar el panorama. Lo anterior en coordinación con el Ministro de la Competitividad y con el apoyo del Consejo de Desarrollo Inmobiliario (CODI).
¿Es necesaria una nueva ley?
Sí. Deberá regular esta materia de una forma balanceada, protegiendo la sostenibilidad del recurso pero permitiendo el desarrollo inmobiliario de una forma eficiente y ágil.
La Procuraduría emitió un voto ante una duda para la extracción de agua. ¿Cómo variaron los trámites?
Los entrabó. Su interpretación limitó las alternativas para establecer sistemas de administración de acueductos gestionados por entes privados, con base en la Ley Reguladora de la Aresep.
¿Cómo se solventa ahora?
Hemos estado buscando alternativas con el Gobierno para clarificar estos aspectos, pero no es sencillo, porque cada institución tiene su visión del problema y de las eventuales soluciones, eso dificulta encontrar un consenso.
¿Qué pasa con los casos que hoy están entrabados?
Algunos han ido avanzando, gracias a ciertas interpretaciones, y otros están definitivamente paralizados. Se están haciendo las gestiones con el Gobierno para lograr la infraestructura que se requiere, en algunos casos bajo el Reglamento al artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana y, aparte, lograr en alguna forma aclarar la maraña jurídica que cubre todo esto, pero es un proceso lento, que los inversionistas la mayoría de las veces no entienden.
¿Vislumbra una solución a corto plazo?
Ya se están preparando proyectos de ley tendientes a establecer un marco regulador más moderno y más claro. En mi opinión, por ser el tema del agua tan sensible, siempre serán necesarias coordinación y uniformidad entre las diferentes instituciones, lo cual es fundamental para una solución a corto plazo.
¿Por qué este problema toma relevancia hasta ahora?
En parte con el criterio de la Procuraduría del año anterior, que limitó la posibilidad de establecer sistemas de suministro de servicio público de acueducto manejados por particulares. También influyó la polémica generada por el acueducto Sardinal-El Coco, donde grupos de presión han influido mucho en entorpecer la inversión conjunta del Estado y los particulares para poder llevar el suministro de agua a los proyectos.