Regulación de zonas marítimo-terrestres pone sobre la balanza empleo versus gentrificación

Una nueva batalla en torno a la gentrificación y el empleo arrancó en la Asamblea Legislativa recientemente con un proyecto de ley que pretende reglamentar la colocación de toldos, sillas y camas para masajes en las playas.

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El plan, impulsado por los legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), busca ordenar una situación que ya se vive en las zonas costeras y, al mismo tiempo, generar empleo y formalizar a las personas que se dedican a estas actividades.

Sin embargo, la propuesta tiene el potencial de convertirse en una nueva forma de gentrificación, de acuerdo con los legisladores del Frente Amplio y unas 70 organizaciones civiles, quienes señalan que la propuesta de ley modificaría el dominio público de las playas y, con ello, solo los turistas, nacionales o extranjeros que puedan pagar por los servicios, tendrían acceso a las playas.

La iniciativa apenas arranca debate en la Comisión de Zonas Especiales; sin embargo, sí llama la atención en medio de un contexto de gran denuncia sobre la gentrificación en Costa Rica a través de las redes sociales y medios de comunicación en los últimos meses.

“Yo no quiero que a Costa Rica le pase lo que le pasó a Hawái. Hoy, Costa Rica entera pareciera que tiene un rótulo encima que dice: ‘Costa Rica se vende’. Y esa es la realidad en la que están viviendo muchísimas personas. Quitar el espacio público de las playas, de la zona marítimo-terrestre, para poner sillas y toldos que solo pueden pagar algunas personas no lo podemos permitir. Eso es otra forma de gentrificación que ya se hizo en Cancún, Puerto Rico y Hawái”, dijo Ariel Robles, diputado del Frente Amplio.

La gentrificación es un proceso de transformación urbana en el que un barrio, generalmente de bajos ingresos, experimenta un aumento en la inversión y la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo. Esto suele provocar el encarecimiento de la vivienda, el desplazamiento de los habitantes originales y cambios en la identidad cultural del área.

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Aunque puede traer mejoras en infraestructura y servicios, también genera controversia por sus efectos en la equidad social y el acceso a la vivienda.

En este caso, se trataría de extranjeros o incluso citadinos nacionales con un mayor poder adquisitivo.

“¿Qué es lo que pasa en la zona marítimo-terrestre? Lo que pasa es que no hay una regulación para las personas que realizan actividades económicas en las zonas públicas y entonces, lo que tenemos en la práctica es un picadillo legal, en donde en algunos se permiten algunos servicios y en otros no”, dijo Carlos Felipe García Molina, diputado del PUSC.

El congresista aclaró que el proyecto no busca promover la gentrificación de ninguna manera, por lo que rechazó la etiqueta de abanderado de este proceso que algunos quieren darle.

No obstante, García aclaró que estos servicios se están dando en el país y que lo único que quiere es darle “la posibilidad a todas estas personas que emprendan con una patente”.

En ese sentido, Carlos Andrés Robles, también del PUSC, señaló que “no estamos cerrando la zona pública, ni el libre tránsito” y que el plan solo busca generar empleo en las zonas costeras y darle mejores condiciones a los turistas.

Aunque la mayoría de los ciudadanos reconoce los aportes positivos de los residentes extranjeros, también perciben que su presencia está asociada a fenómenos de gentrificación que afectan a las comunidades locales, según un estudio reciente de la Universidad Nacional.

Un 86,8% de los encuestados cree que los extranjeros “se están apropiando de terrenos en zonas costeras”, mientras que un 78,1% extiende esta preocupación hacia terrenos al interior del país. Además, un 76,9% considera que el aumento en el costo de las propiedades perjudica directamente a la población local.