Solís levantaría veto que dejó su antecesora Laura Chinchilla

Reglas poco claras rodean huelgas en servicios esenciales

Desorden afectaría producción e inversión, aseguran empresarios

Si quedara aprobada esta semana la reforma laboral, las huelgas en los servicios públicos esenciales tendrían reglas poco claras, de modo que se desestabilizaría el ámbito laboral.
Por otra parte, si el Presidente levantara el veto que decretó su antecesora Laura Chinchilla de esta reforma, se abriría una nueva batalla sobre la legalidad de ese acto.
Las nuevas normas, que podrían regir tan pronto como este sábado, afectarían también a las empresas privadas; sin embargo, el impacto sería menor.
Si el presidente Luis Guillermo Solís permite la huelga en los servicios públicos, incluso los esenciales, tendrá que enfrentarse a las críticas por parte de los empresarios, quienes consideran que esta decisión desestabilizaría el ámbito productivo, mientras desincentiva la inversión.
La propuesta tiene sus factores moderados, incluso el hecho de que el Estado no quedaría indefenso ante los sindicatos, ya que la ley establecería la posibilidad de despedir sin responsabilidad patronal a todos los empleados que se sumen a una huelga ilegal.
Por otro lado, se trata de una ley que permitiría las huelgas de los servicios como seguridad y salud de hasta 45 días, sin explicar cuánta gente quedaría en sus puestos para brindar los servicios de emergencia, dejando esa decisión a la interpretación del jerarca de turno en la institución afectada.
En cuanto a la forma de iniciar la huelgas, las propuestas normas crearían una situación en que la huelga de servicios esenciales podría iniciar con el aval de tan solo un 30% de los empleados de la institución, en comparación con el 40% que hoy se requiere para iniciar protestas.
La nueva ley además no permitiría la contratación de personal temporal para ofrecer el servicio, una opción que hoy está disponible para el Gobierno, que por cierto la ejerció hace casi dos meses en la huelga del muelle de Moín.
Para que las nuevas normas entren en vigencia, Solís podría aprobar el proyecto, mediante un medida nunca utilizada en forma seria en la historia de Costa Rica, al levantar el veto que le hizo a esa ley hace cuatro años la entonces presidenta Laura Chinchilla.
La Constitución no habla de la posibilidad de que un mandatario revoque el veto de un predecesor, pero tampoco lo prohíbe, y sería el argumento del Presidente, quien tendría que decidir, a más tardar este sábado, si levanta el veto de Chinchilla.
De lo contrario, la ley se extingue.
Las nuevas normas afectarían también a las empresas privadas, sin embargo, el impacto sería menor.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR