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Proyecto busca fortalecer supervisión de las entidades

Reformas financieras reviven

• Se busca que legislación facilite monitorizar los riesgos y aplicar normas prudenciales a todos los negocios desarrollados por grupos financieros
• Iniciativa pretende equiparar supervisión consolidada con la de estándares internacionales


Carlos Mora J.
[email protected]

La posibilidad de discutir eventuales reformas al sistema financiero nacional resurgió.
Ese es el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, luego de haber incluido el tema en la agenda de discusiones.
Durante el gobierno anterior, la Asamblea Legislativa contó con una comisión especial para esa temática; sin embargo, el grupo no fue creado en esta oportunidad.
El proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional llegó a la corriente legislativa desde 2005, pero su análisis había sido mínimo.
La actual comisión de Hacendarios ya lo acogió entre sus prioridades. La subcomisión que lo ha estudiado está a punto de rendir su informe, con un texto modificado luego de escuchar a las partes interesadas en el tema.
“El proyecto se adecuó a la realidad de hoy, considerando temas de intermediación financiera que no existían al redactarse la propuesta original”, dijo Silvia Charpentier, diputada liberacionista que preside el grupo.
El nuevo texto establece entre otras cosas la protección a la figura del supervisor, propuesta a través del Banco Central.
El proyecto nos pondría a la altura de la supervisión consolidada a nivel mundial, añadió Charpentier.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) decidió trasladar el jueves anterior el texto sustitutivo a su departamento legal, para efectuar un análisis comparativo con lo originalmente planteado, para efectos de asumir posición gremial.
“Es importante reafirmar que la ABC está de acuerdo con una supervisión consolidada basada en los estándares internacionales y que considere los cambios que ha sufrido la estructura del Sistema Financiero Costarricense en el último año”, señaló María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la ABC.
Sobre el tema también se procuró la opinión de Valentín Fonseca, quien preside la Cámara de Bancos, pero al cierre de edición no se había obtenido respuesta.
La propuesta inicial surgió del seno de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), siendo acogida por Bernal Jiménez, en ese momento diputado de Liberación Nacional.
La Sugef había considerado desde hace dos años las reformas como indispensables para mejorar el control sobre los diferentes grupos financieros existentes en el país.
La reforma a la ley del Banco Central, en 1995, vino a regular por primera vez la constitución, funcionamiento y supervisión de los grupos financieros.
Doce años después esa legislación habría sido superada por la realidad, lo que hace impostergable hacerle reformas, señaló Jiménez al exponer los motivos de la propuesta.
Respecto al tema de supervisión consolidada, el proyecto resalta la necesidad de que los supervisores bancarios la apliquen de una manera global a los grupos financieros.
Con ello se busca evaluar la fuerza del grupo, monitorizar los riesgos y aplicar normas prudenciales apropiadas a todos los negocios desarrollados por estos.
Esto implica tener la capacidad para revisar las actividades bancarias y las no bancarias que sean realizadas por todas las subsidiarias del grupo en el territorio costarricense o en el exterior.
También se expone que debe tomarse en cuenta que, para los depositantes, la pertenencia del intermediario financiero a un grupo financiero representa riesgos adicionales, motivo por el cual la supervisión total del grupo es esencial para dar la debida protección a sus ahorros, ya que la supervisión limitada únicamente al banco local es insuficiente.
La Sugef pide una serie de facultades para esa supervisión consolidada efectiva.
Entre ellas estaría la posibilidad de intervenir otras entidades del grupo para la protección de los activos del intermediario o de los inversionistas. Además, la inclusión de los grupos financieros públicos.
Otro ángulo propuesto sería la autorización para los cambios de control accionario, así como el establecimiento de un abanico de opciones en caso de que el grupo financiero entre en problemas.
Tampoco se deja de lado la opción de realizar supervisión in situ en cualquiera de las entidades del grupo, sean nacionales o extranjeras.
Se incluiría en la supervisión a las entidades conocidas como banca off shore.
Otro aspecto que se llevaría a la discusión legislativa es el relacionado con la protección legal a los supervisores.
Esa protección a las demandas por acciones tomadas en el ejercicio de sus funciones, se considera indispensable en puntos específicos.
Entre ellos estaría el que solo serían civilmente responsables cuando actúen con dolo o culpa grave. Además, que únicamente se pueda decretar prisión preventiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 393 del Código Procesal Penal.
La legislación propuesta contiene una serie de sanciones penales y administrativas.


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