Reforma tributaria: por qué la economía de Colombia es tan conservadora

En tiempos de gasto desenfrenado, Colombia quiere ordenar la caja.

La pandemia generó un consenso inédito en el mundo: decenas de países aprobaron billonarios rescates de inyección de capital para rescatar sus economías sin importar el riesgo.

Pero el gobierno de Iván Duque parece ir en una dirección distinta: la semana pasada, el Ejecutivo radicó en el Congreso una reforma tributaria que busca mitigar los huecos fiscales y atender las dudas en los mercados por su capacidad de pago de deuda.

La reforma, que tendrá un arduo camino para ser aprobada y ya generó convocatorias de protesta, busca aumentar los impuestos, sobre todo, a los ingresos medios y altos y a algunos productos y servicios básicos. El recaudo se espera gastar principalmente en compromisos de deuda.

Aunque el Estado colombiano aumentó las transferencias sociales durante la pandemia —las cuales, por cierto, buscan ser permanentes con la reforma—, su inyección de capital para inversión y generación de empleo siguió un histórico apego a la mesura.

Según datos del Fondo Monetario Internacional, Colombia gastó un equivalente del 4,1% de su Producto Interno Bruto en medidas de rescate.

Brasil (8,8%), Chile (8,2%), Perú (7,3%) y Bolivia (5,1%) destinaron más presupuesto mientras que Argentina (3,9%) México (0,7%) y Ecuador (0,7%) invirtieron menos.

La reforma tributaria de Duque, quien insiste en llamarla Ley de Solidaridad Sostenible, sigue la línea tradicional de la política económica colombiana: priorizar la prudencia para dar confianza a los mercados y mantener cierta estabilidad.

"Es la política del nadadito de perro de la tecnocracia colombiana", dice el economista Salomón Kalmanovitz, usando una expresión colombiana que describe un esfuerzo modesto y discreto, pero efectivo.

Economistas como él esperarían más ambición y creatividad en momentos de crisis. Pero otros, al contrario, favorecen la mesura e incluso piden una reducción presupuestal del Estado como la que propone Duque en su reforma.

Lo que pocos cuestionan es que Colombia, no importa por dónde se mire, tiene una de las políticas económicas más conservadoras —y por ello estables— de la región. Y su respuesta a la pandemia lo ha demostrado.

¿De dónde surge esta tradición?

Una economía para la estabilidad (de algunos)

Colombia salió del siglo XIX fragmentada, sin infraestructura y con problemas de hiperinflación y pagos de deuda. Pero en 1905 hubo un cambio que inauguró esta tradición conservadora.

Recién salidos de una guerra civil y tras la separación de Panamá, llegó al poder el Partido Conservador, que creó el Banco de la República, pagó los intereses de deuda e intentó abrir el país a la inversión internacional.

Durante casi todo el siglo XX Colombia mantuvo cierta estabilidad política: los partidos Conservador y Liberal se turnaron el poder sin darle giros bruscos a una política económica cimentada en la ortodoxia.

Las cifras sólidas de inflación, déficit fiscal y devaluación empezaron a contrastar con los vaivenes de la región. Colombia tuvo las menores caídas en la crisis de 1929 y tras la Segunda Guerra Mundial en el vecindario. Durante todo el siglo XX, el país experimentó menos años recesivos que la mayoría de países latinoamericanos.

La exportación de café, que permite la creación de vínculos permanentes entre exportadores e importadores, favoreció la estabilidad y el desarrollo de las regiones montañosas de Antioquia, famosa por su temple conservador y tesón emprendedor.

"El bipartidismo y el café fueron factores de estabilidad", explica Adolfo Meisel, historiador de la economía y autor de un famoso ensayo sobre "por qué Colombia no tiene hiperinflación".

"Pero hoy me atrevo a decir que también jugaron roles importantes la ausencia de retos populistas y la presencia de tecnócratas calificados, muchos de ellos economistas, en lugares diversos de la política".

Colombia no tuvo desequilibrios importantes, pero tampoco grandes proyectos de infraestructura, repuntes significativos en el crecimiento ni una consolidación de sistemas públicos de educación o salud que beneficiaran a la mayoría.

Kalmonovitz opina: "Se aplastaron las opciones progresistas y se llegó al consenso de que el Estado debía ser pequeño, si no débil, muy poco preocupado por la construcción de país, de infraestructura, por fuera de los centros de poder".

"Eso le impidió al Estado controlar el territorio y fue el caldo de cultivo para una informalidad que se extiende al narcotráfico y la minería", explica.

La estabilidad para los centros de poder y los mercados, concluye, significó pobreza e informalidad para las regiones.

Y aunque esa "economía del nadadito de perro" para él sigue vigente, hubo un momento en que el país intentó darle un vuelco.

El nuevo conservadurismo

La Constitución en 1991 intentó, entre otras cosas, resolver esa desconexión entre centro y periferia: dio autonomía a las regiones, ordenó la repartición de regalías y creó incentivos para una exportación más diversificada.

"Bienvenidos al futuro", sentenció por esos años el presidente, César Gaviria, en una famosa frase que abría las puertas de la globalización.

Colombia empezaba a convertirse en una economía más parecida a sus vecinos: aumentó el tamaño del Estado, se dispararon la deuda y el déficit y se crearon servicios económicos —de salud y pensión— parcialmente subsidiados por el Estado.

"Pero la idea de que la economía se liberalizó es un mito", señala el veterano economista Jorge García-García.

"Porque pronto empezaron a crearse diferentes aranceles, o medidas no arancelarias, o simplemente burocracia, que cerraron la economía más de lo que ya estaba y terminaron por consolidar un proyecto proteccionista que se mantienen hasta hoy", explica el economista, quien atribuye la protección a una complicidad entre "élites empresariales y políticas".

Jorge Restrepo, economista y analista, añade: "Si hay una característica del conservadurismo actual de la economía colombiana es la protección y no la del impuesto, porque se recauda poco, ni la del gasto, porque se gasta bastante".

El país, entonces, parece estar ante una doble problemática: una economía demasiado cerrada con problemas de recaudo ante compromisos de deuda que, si no se pagan, romperían con su histórica estabilidad.

Colombia es, según el Banco Mundial, el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo del mundo. Y para un amplio margen de economistas esto se debe a la falta de liberalismo —de competencia y apertura hacia el mundo— que caracteriza a su modelo y "desperdicia" su diversidad de recursos y el acceso a dos océanos.

"Es cierto que la protección favorece al productor nacional —añade García-García—, porque les genera una renta a productores nacionales y favorece a algunos trabajadores, pero tiene muchas consecuencias: hay empleos que no se crean, habría menos monopolios, la calidad de los productos es menos buena y habría menos desigualdad porque los pequeños y medianos empresarios, que son la mayoría, podrían competir y adquirir buenos insumos".

La reforma tributaria de Duque no toca ninguno de estos aspectos de fondo: solo espera atender la emergencia de la pandemia y la deuda.

Muchos economistas coinciden en que es necesaria: "Si no la haces, vamos a quedar desfinanciados, sin acceso a mercados y teniendo que pagar la deuda muchísimo más cara de lo que está ahora", explica la economista Marcela Eslava.

Si se aprueba, la reforma mantendrá el modelo que prioriza la estabilidad, la confianza de los mercados y beneficia a los oligopolios que gozan de la protección: los azucareros, los polleros, los mineros y un largo pero exclusivo etcétera.

"Seguiremos teniendo una economía oligárquica", añade Meisel. "Que da estabilidad, sí, pero defiende al centro andino, a los grandes empresarios, y promueve una desigualdad de oportunidades".

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