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Si bien es cierto la presidenta electa Laura Fernández ha dado señales de dialogar en la Asamblea Legislativa para sacar adelante proyectos como la venta del BCR y las jornadas 4x3, también es cierto, que la nueva gobernante tiene un as bajo la manga en caso de que la oposición le complique la vida, o bien trate de “patearle la bola”.
Se trata de la posibilidad de convocar un referéndum o consulta popular en el momento que ella crea oportuno.
En esencia, el referéndum es un mecanismo de democracia directa que permite a la ciudadanía aprobar, modificar o derogar leyes mediante el voto popular, tal y como se hizo en el 2007, cuando los ticos salieron a votar para aprobar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
La posibilidad de realizar un referéndum podría ser contemplada por la nueva mandataria, debido a que las nuevas bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) tendrán 17 y siete legisladores, respectivamente, lo cual, les permitiría atrasar por meses o incluso años, la aprobación de ciertos proyectos de ley.
De hecho, un solo diputado podría ser capaz de entorpecer la labor legislativa si conoce a profundidad el reglamento legislativo, como es el caso de los legisladores electos José María Villalta y Edgardo Araya, del Frente Amplio, de acuerdo con el exlegislador Otto Guevara.
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Aunque todavía es muy temprano para saber cómo se comportarán los legisladores de esos partidos, sí es claro que el Frente se opone a la venta del BCR, la minería de oro en Crucitas y las jornadas 4x3. En este último proyecto, lo llenó con miles de mociones y evitó que el Congreso actual tomara una decisión.
Mientras tanto, el PLN, bajo la guía de Álvaro Ramos en la campaña, fue altamente dubitativo en varios temas y, por ello, no está claro qué hará Liberación con los temas mencionados y otros más, sobre todo, después de una cuarta derrota electoral al hilo.
Pese a ello, Nogui Acosta, diputado electo del partido oficialista Pueblo Soberano y quien se perfila como nuevo presidente del Congreso, confía en que las nuevas fuerzas políticas logren leer adecuadamente los resultados electorales y el mandato popular.
No obstante, aclaró que todas las opciones están sobre la mesa.
“Ya no se vale esa oposición por oposición, esa idea de que yo me opongo al gobierno para que no le vaya bien (…) Nosotros vamos a trabajar de la mejor manera que podamos dentro del marco jurídico que tenemos; entonces le puedo decir, sí, un referendo es una opción legal posible para el gobierno de Laura Fernández”, dijo Acosta a LA REPÚBLICA.
Mientras tanto, Pilar Cisneros, quien será asesora de Fernández en la nueva administración, pero sin tener un cargo público remunerado, señaló a este medio que la nueva mandataria tiene amplio conocimiento legislativo porque fue asesora en el Congreso, a la vez que tiene experiencia en el Poder Ejecutivo, por lo que, en esencia, “nadie le mete cuento”.
Hasta el momento, en los pocos espacios que ha tenido Fernández con la prensa tras ser electa, ha dejado claro que desea dialogar, pero también que quiere resultados.
Para convocar un referéndum hay tres formas. Las primeras dos son con la firma del 5 % del padrón electoral o el voto positivo de 38 diputados.
La última posibilidad es que el presidente solicite al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hacer la consulta. En este caso, la decisión tiene que ser validada por 29 legisladores para que arranque el proceso.
En este último caso, Fernández tiene 31 legisladores, por lo que no habría inconveniente para convocar la consulta.
Por otra parte, los referendos solo se pueden hacer una vez al año y únicamente seis meses antes o después de las elecciones presidenciales.
En los referendos, los costarricenses votan por un proyecto de ley, o incluso varios proyectos al mismo tiempo, y solo deben escoger entre “sí” o “no”.
La materia hacendaria, presupuestaria, de pensiones y crediticia para el Estado está vedada de un referendo. Tampoco se pueden hacer cambios a la Constitución ni decidir sobre temas de minorías, según la Sala IV.
Todo lo demás está permitido, como el cierre y fusión de instituciones, la venta del BCR, legalizar la marihuana, impulsar la minería, aprobar las jornadas 4x3 y la marina y terminal de cruceros de Limón y otros.
En Costa Rica, el referéndum es un mecanismo de democracia directa que permite a la ciudadanía aprobar, modificar o derogar leyes mediante el voto popular.
Esto es todo lo que debe saber:
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Qué es un referendo? | En la práctica, el país se convierte en una Asamblea Legislativa y votar “sí” o “no” por un proyecto o varios proyectos de ley a la vez en una consulta pública mediante votación popular. En otras palabras, los ticos acuden a las urnas. |
| ¿Cómo se convoca? | Con la firma del 5% del padrón electoral o el voto positivo de 38 diputados. |
La última posibilidad es que el presidente solicite al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) hacer la consulta. En este caso, tendrá que conseguir el apoyo de 29 legisladores para que arranque el proceso.
La presidenta Laura Fernández tiene el respaldo suficiente en el Congreso para hacerlo.
Sin embargo, cada una de ellas debe ser votada de manera nominal en una papeleta aparte.
Esto quiere decir que, por ejemplo, los electores votarían sí o no para vender el BCR en una papeleta específica y en otra, emitirían su sufragio para referirse al proyecto de Ciudad Gobierno.
Se trata básicamente de la materia hacendaria, presupuestaria, de pensiones y crediticia para el Estado.
Tampoco se pueden hacer cambios a la Constitución, ni decidir sobre temas de minorías, según la Sala IV.
Aunque el nuevo gobierno confía en dialogar y así avanzar con los proyectos de ley en Cuesta de Moras, representantes del chavismo señalan que la realización de un eventual referéndum es una opción sobre la mesa.
Laura Fernández
Presidenta electa
Costa Rica
Esa tercera república será una república de diálogo, de paz, de tolerancia a la diferencia, pero también será un espacio que nos permitirá reflexionar como democracia madura sobre todo aquello que ha salido muy bien de nuestro país y de lo cual nos sentimos orgullosos como sociedad costarricense, pero que también nos permite, a la vez, reconocer todos aquellos temas donde nuestro país necesita dar un paso adelante, modernizarse y trascender para que Costa Rica no se quede atrás con el resto de países de la región que avanzan a toda velocidad.
Las instituciones públicas están para servir al pueblo de Costa Rica, para hacerlo en función del beneficio de nuestro país, para fomentar el desarrollo y para hacer el trabajo que la ley y la Constitución les encomienda.
Nogui Acosta
Diputado electo
Pueblo Soberano
Tenemos que leer los signos de los tiempos y, basado en ello, podemos decir que este país demanda resultados. Ya no se vale esa oposición por oposición, esa idea de que yo me opongo al gobierno para que no le vaya bien a la administración tiene que quedar desterrada.
La gente antes no le ponía tanta atención a lo que hacía el Congreso, pero hoy ya no es así, y le puedo asegurar que en el gobierno de doña Laura la Asamblea será mucho más transparente.
Ahora bien, nosotros vamos a trabajar de la mejor manera que podamos dentro del marco jurídico que tenemos; entonces sí, un referendo es una opción legal posible.
Pilar Cisneros
Asesora
Gobierno de Laura Fernández
La decisión de realizar un referendo en Costa Rica no es algo que me toca decidir a mí.
La presidenta electa Laura Fernández tiene mucha experiencia en materia legislativa; ella ha trabajado como asesora en el Congreso y conoce bien la institucionalidad del país porque trabajó en el Poder Ejecutivo como ministra de Planificación y de la Presidencia, así que nadie le mete cuentos.
Entonces, ella es una persona que sabe manejar estos temas y dependerá de ella esa decisión, aunque sí, un referendo es una opción.
