Redistribuir el empobrecimiento: equidad y eficiencia

Uno de los equilibrios más difícil de obtener en las políticas públicas es entre equidad y eficiencia en la redistribución de los ingresos. El caso es aún más intrincado cuando se trata, no de redistribuir bienes sino males, cuando se trata de redistribuir el empobrecimiento afectando a las actuales generaciones.

Esa es la demandante tarea que nos impone el COVID-19, dadas las frágiles condiciones en que encontró a nuestro país.

En el caso de la redistribución del ingreso que todo gobierno (se lo proponga o no) genera en una sociedad compleja como las actuales, por una parte, la eficiencia nos pide tomar en cuenta los efectos de la tributación y los gastos públicos en la producción presente y, por las vías de la inversión y de la productividad, en la producción futura. Se trata de no afectar el tamaño de la tortilla de la cual todos hoy y mañana comeremos. Por otra parte, la equidad, la solidaridad y la opción preferencial por los pobres nos demandan obtener los ingresos progresivamente de quienes más ingreso generan y gastarlo progresivamente en quienes más necesidades básicas insatisfechas sufren, prestando especial atención a la generación de oportunidades para el progreso social. Se trata de disminuir hoy la tajada de tortilla de quienes tienen las más grandes, y agrandar la tajada de quienes tienen las menores porciones; y hacerlo al tiempo que se les facilita a los últimos poder generar una tajada mayor mañana.

Por supuesto quienes se afectan más con impuestos resaltan la ineficiencia que se produce por los incentivos negativos para la producción que ello genera. Quienes reciben los beneficios -siempre insuficientes ante la inmensidad de las necesidades- destacan la falta de equidad porque podrían ser mayores las transferencias en su favor. Y muchos, con razón, nos quejamos del desperdicio y las inequidades que se producen en el proceso de redistribuir.

La pandemia que sufrimos nos ha empobrecido y sigue empobreciéndonos. Nuestra sociedad ha tenido claridad en cuanto a las prioridades que la hora impone. Primero defender la salud y la vida lo que significa que se requiere gastar más en servicios de salud y que se afecta la producción, el empleo y el ingreso de las personas porque las medidas de separación y aislamiento social impiden o disminuyen las actividades productivas. Segundo atender las necesidades de las personas y familias que han perdido sus fuentes de ingreso, lo cual obliga a incrementar las transferencias sociales. Tercero minimizar los efectos negativos sobre la producción futura, defendiendo la sobrevivencia de empresas y actividades informales viables en el futuro, y hacerlo evitando que el debilitamiento de unas finanzas públicas ya endebles nos lleve a una crisis financiera que haría mucho mayores los costos sociales y más dura y prolongada la recuperación.

¿Cómo lograr tan contradictorias y apremiantes tareas?

La solución se vuelve más difícil porque vivimos una época en la cual la confianza y la cohesión social se han debilitado. La sociedad se ha dividido más radicalmente, los valores tradicionales han decaído, los partidos políticos se han fragmentado, se ha erosionado la fe en el conocimiento y en las élites, imperan las “fake news” en este mundo de la posverdad que domina en la mayoría de las sociedades occidentales. Entre nosotros, desde fines del siglo XX, la anti política de algunos políticos, partidos y medios de comunicación ha venido alimentando esta hoguera que ahora incluso los abraza a ellos.

Debemos disminuir los gastos necesarios, pero no esenciales, frente a las nuevas prioridades que la pandemia nos impone. Debemos aumentar los ingresos. Tendremos que incrementar por unos años el endeudamiento para suavizar el costo y dureza del ajuste. Debemos restructurar el estado y el mercado para poder ser equitativos y eficientes en El Gran Reinicio. El tamaño del ajuste es grande, pues las condiciones iniciales (déficit fiscal, magnitud de la deuda pública, desempleo, informalidad, baja calidad de los servicios públicos, alto costo de nuestro país) eran ya muy desventajosas y el impacto negativo del COVID-19 ha sido devastador.

Los otros gastos los tenemos que disminuir ya y además tenemos que generar nuevos ingresos para pagar las transferencias adicionales que se requieren para las familias más pobres, especialmente para los hogares en pobreza con una mujer jefe de hogar y para poder ampliar la capacidad de diagnóstico, rastreo, confinamiento y tratamiento de los enfermos. Tenemos ya que aprobar los créditos externos que nos permitirán bajar la carga de intereses. Y tenemos que ponernos de acuerdo en los cambios que vamos a implementar juntamente con entes financieros internacionales para realizar las reformas estructurales que demandan la equidad y la eficiencia, y que nos permitirán financiar y suavizar el costo del ajuste.

Para poder ejecutar estas tareas deberemos generar la confianza que se ha erosionado. Confianza en que los impuestos serán para el bien común y no para el beneficio de unos pocos. Confianza en que las cargas y los beneficios se repartirán equitativamente. De que no se trata de incrementar los tributos en beneficio de quienes detentan el poder. De que los gastos se destinarán a aquello para lo que de verdad se necesitan: prevenir los contagios, curar a los enfermos y auxiliar a las familias en pobreza. De que las transformaciones que se vayan a realizar permitirán un crecimiento compartido.

En cada una de las medidas cabe y es bienvenida la discusión para entre todos mejorar las propuestas. Lo que no cabe es la oposición destructiva o el retardo injustificado. Y claro debemos recordar que para lograr acuerdos todos debemos ceder un poco.

Considero que no es lo mejor, por ejemplo, imponer una disminución de la jornada generalizada a todos los empleados públicos solo por el nivel salarial. Si de lo que se trata es que no se requiere o no se puede prestar la tarea específica de un servidor, pues a ese igual que en el sector privado se le debe reducir la jornada, o bien pasarlo a atender tareas como el rastreo de contagios y la comunicación con los contagiados que demandan mucho más personal para su ejecución. Si de lo que se trata es de incrementar las contribuciones al estado de quienes tenemos mayores ingresos, pues entonces el recargo de impuestos transitorio debería ser igual para todos seamos pensionados o trabajadores activos, del sector público o del privado, y provengan los ingresos del trabajo, de intereses, de dividendos o de otras fuentes. Lo que en este caso no es de recibo es pretender poner recargos a las empresas, que más bien deben ser estimuladas para que reconstruyan o incrementen sus actividades productivas.

Frente al proyecto presentado por el ejecutivo esto puede ser discutido, pero sin pretender imponer un criterio, si no tratando de construir acuerdos, y haciéndolo con prontitud.