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Centros de enseñanza pujan por aumento en presupuesto que reciben del Estado cada año
Recursos enfrentan a universidades y Hacienda

• Ministro considera que dinero pedido por casas de enseñanza pública debe reducirse
• Deuda que mantiene el gobierno con escuelas de educación asciende a ¢15 mil millones

Wilmer Murillo
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La negociación del presupuesto de las universidades públicas para los próximos cinco años ha comenzado a crispar los ánimos entre esas casas de enseñanza públicas y el ministerio de Hacienda.
Los centros universitarios reciben un monto anual del Estado —de acuerdo al Producto Interno Bruto (PIB)— proveniente de los impuestos que recauda Hacienda de todos los costarricenses.
Para este año ese monto ascenderá a ¢183 mil millones; sin embargo, los representantes universitarios consideran que debería ser mayor, mientras que en Hacienda piensan que debe reducirse, por lo que el sistema para asignar los presupuestos debería más bien cambiarse.
En ese sentido, los rectores opinan que la meta es levantar inicialmente en un 1,2% del PIB hasta cerrar en un 1,5% sus ingresos.
Sin embargo, Hacienda se opone y puja más bien por reducir el porcentaje, ante las críticas sobre el adecuado uso que los centros universitarios dan al dinero de los contribuyentes.
“Las universidades disponen de un gran nivel de autonomía que hace difícil determinar cómo utilizan los dineros”, aseguró Guillermo Zúñiga, ministro de Hacienda.
No obstante, en la UCR sostienen que la ampliación de carreras y obras de infraestructura justifican sobradamente las inversiones gubernamentales.
“No hay desperdicio de recursos en la UCR”, replicó Yamileth González, rectora de esa casa de enseñanza.
En la década de 1990, los ingresos universitarios representaban el 1,1% del PIB. Actualmente, equivalen al 0,87%. Pero hasta 2004 los presupuestos universitarios venían decayendo aceleradamente, dijo Eugenio Trejos, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).
Las cuatro universidades públicas que absorben al 85% de los estudiantes que aprueban el bachillerato, vieron así caer del 32,4% en 1991 hasta un 17,3% la proporción del presupuesto liquidado al Ministerio de Educación. “Esa caída de ingresos nos hizo tener una década perdida en edu
cación superior”, manifestó Trejos.
Al respecto, González recordó que en 2004 se produjo una negociación en la cual se indexaron los ingresos al PIB, y “es cuando vimos un respiro, pero solamente un respiro, porque todavía no alcanzamos los niveles de financiamiento que teníamos antes de los 90”.
En el proceso de negociación para la fijación de un nuevo plan quinquenal se han dado los primeros acercamientos y “conocemos los mensajes que el gobierno ya está enviando”, dijo González, quien advirtió que “le vamos a dar toda la información que necesite, pero no aceptaremos imposiciones, que es algo que la comunidad universitaria desde ahora rechaza”.
Sin embargo, la negociación de un nuevo plan presupuestario no es lo único que divide a ambos bandos.
Otro aspecto que mantiene molestos a los líderes universitarios es que Hacienda arrastra una deuda cercana a los ¢15 mil millones con ellos, debido a que no ha contemplado los ajustes con la inflación.
El reajuste por inflación es un elemento del convenio firmado en 2004 que establece que debido a que los giros a la educación superior se hacen en dozavos, el Ministerio de Hacienda debe reconocer un ajuste por inflación conforme la programación monetaria del Banco Central.
Sin embargo, este asunto está aún en veremos, pese a los promesas de Hacienda de reconocerlo cuanto antes.


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