Rectificación de nuestro retroceso

En el editorial del viernes “Duro castigo que no merecemos”, se hace mención a un análisis publicado por este medio “Pierde Costa Rica”, esta misma semana, donde se compara la evolución en la última década de Panamá y Uruguay con respecto a nuestro país, en el cual se ilustra con claridad el retroceso que hemos sufrido en cuanto al ingreso por persona.

En el caso de los uruguayos, ellos lograron aumentar, en la última década, su poder adquisitivo en un 28% en comparación con el de los costarricenses, mientras los panameños lo incrementaron un 19%.

Más que caer en argumentos de politiquería, y en culpabilizar directamente a cualquier presidente anterior, se busca enfatizar el hecho de que el país por diversas razones, las cuales no necesariamente son responsabilidad absoluta de los mandatarios, se queda atrasado respecto a dos naciones que antes se igualaban en ingreso.

Con esto nos referimos —y enfatizamos— al problema de parálisis que sufre actualmente Costa Rica. Este tiene que ver con una burocracia excesiva, una ingobernabilidad y la incapacidad sistémica de esta sociedad para llegar a acuerdos sobre el desarrollo. Estos temas sin dudas son exógenos a los poderes de un presidente y tienen que ver más con las estructuras de poder que influyen sobre las decisiones-país.

El artículo señala la problemática de la pérdida de competitividad, y pone como punto de arranque el 2002, final de la administración de Miguel Angel Rodríguez, rectificamos y léase bien; en todo caso su nombre sirve como un punto de referencia histórico y no como un reclamo de gestión política, lo cual es el mismo caso para los presidentes que lo sucedieron, pues claramente la historia ha sido testigo fiel de las rivalidades y complejas coyunturas sociales y económicas que tuvo que enfrentar cada uno de ellos.

En realidad el rezago, cuantitativamente demostrado, al igual que en el deterioro sistemático de la confianza en el actual sistema político es responsabilidad de todos los costarricenses.

Tanto la clase política como los gobernados tienen una importante cuota de culpa en el “retroceso espantoso” en la “desidia y falta de acciones”, pues es propiamente a través de la participación ciudadana como se elige a los presidentes, pero también influyen los mecanismos aún no transparentes de financiamiento de las campañas políticas, y los imperios fácticos que mantienen privilegios y condenan las decisiones en pro del bienestar público.