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Gobierno insiste en convencer a Contraloría sobre legalidad de convenio con firma asiática si no cierra la refinería
Futuro de Recope quedó atado a China


>Ampliación de estructura fue un convenio de cooperación suscrito con Hu Jintao, mandatario de China
>Planta actual no procesa ni la mitad de los combustibles que consume el país


Danny Canales
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El futuro de la refinería de petróleo ubicada en el Caribe está atado a la empresa estatal China National Petroleum Corporation International (CNPCI).
Lo anterior porque el Gobierno está dispuesto a defender el contrato con los dientes, con la amenaza incluso de cerrar la planta procesadora de petróleo en caso de que este fracase.
La defensa que hace el Poder Ejecutivo del proyecto radica en que es un compromiso asumido con Hu Jintao, presidente de China, en la visita que realizó al país en noviembre, como parte de un convenio de cooperación suscrito entre ambos países.
Además porque “no puede desperdiciarse una inversión como esta sencillamente porque hay una duda de si jurídicamente está bien planteado o no”, comunicó Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia.
El convenio de cooperación entre los gobiernos de Costa Rica y China comprende la creación de una empresa privada en común para financiar y contratar los trabajos de ampliación de la refinería actual.
La ampliación comprende una inversión de $1.000 millones en nuevas obras y modernización de la tecnología que tiene la estructura actual para producir diariamente un 50% más de la cantidad de derivados del petróleo que se consume en el mercado local.
Sin embargo, la Contraloría rechazó el contrato al aducir que la relación que se crea entre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y CNPCI compromete el monopolio estatal de importar, refinar y distribuir.
El fallo del órgano contralor se sustenta en un informe vinculante emitido por la Procuraduría General de la República en 1999.
Para salvar el contrato con CNPCI desde un punto de vista legal existen dos vías: una es que la Procuraduría se retracte, ya que de lo contrario la Contraloría no le podrá pasar por encima, y la otra que los diputados reformen la ley que creó el monopolio de Recope.
Asimismo hay otro camino, pero no garantizaría la participación de la compañía asiática, que es que la empresa estatal costarricense consiga el crédito y asigne los trabajos por licitación mediante un concurso abierto, según la propia Contraloría.
No obstante en el Gobierno defienden que el contrato suscrito con la empresa china tiene un análisis jurídico profundo y que el dictamen de la Procuraduría es un tema superado, aseguró José León Desanti, presidente de Recope.
Por su parte, Arias fue más allá y anunció que en caso de que no se lleven a cabo las obras de ampliación de la refinería con celeridad, entonces esta tendría que cerrarse en unos cinco años.
Lo anterior afectaría al país ya que “quedaríamos sin una defensa estratégica e importando producto terminado al precio que sea”, alertó el Ministro de la Presidencia.
Aunque la refinería nacional tiene capacidad para procesar 25 mil barriles de crudo al día, actualmente solo refina 18 mil barriles diarios. Mientras tanto, el consumo nacional anda por encima de los 40 mil barriles diarios.
Precisamente el propósito original del proyecto era ampliar la capacidad de la planta procesadora de crudo a 40 mil barriles. No obstante se determinó que esos trabajos no son rentables actualmente.
Fue entonces cuando la compañía CNPCI rediseñó el plan y propuso llevar la refinería a una capacidad de 60 mil barriles de de
rivados de petróleo diario.
De esa manera el país se ahorraría unos $300 millones anuales en la factura petrolera con los precios que registran los derivados del crudo en estos días, defendió el Ministro de la Presidencia.
El ahorro se produciría debido a que el valor del barril del producto terminado es mucho más alto que el del crudo, como consecuencia del atraso mundial en la construcción de refinerías.
CNPCI es subsidiaria de la compañía estatal asiática China National Petroleum Corporation.
La ampliación de la refinería nacional es uno de los contados temas que tienen el respaldo del frente de trabajadores de Recope.
El posible cierre de la estructura dejaría sin empleo a 600 trabajadores del Caribe, se lamentó Gilbert Brown, secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Afines.
“Estamos de acuerdo con este proyecto porque resultó ser el más viable en cuanto a factibilidad financiera, no viola el monopolio y garantiza el abastecimiento a largo plazo”, afirmó Brown.
Asimismo el representante de los trabajadores afirmó que los precios de los combustibles bajarán con una refinería capaz de procesar más del consumo nacional.
Los expendedores de combustibles tambi
én plantearon su alerta ante la determinación del Poder Ejecutivo de cerrar la refinería, pues consideran que causará repercusiones económicas, fiscales, sociales y políticas al país.
“Es lamentable que a raíz de una acción política relacionada con convenios internacionales se ponga en tela de juicio una institución tan importante como Recope, la cual ha tenido grandes logros en materia de combustibles”, señaló Bernard Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Expendedores de Combustibles.
En el ámbito político la amenaza del Gobierno de paralizar la operación de la planta procesadora de crudo también causó molestia.
“Quienes deciden si se cierra o no Recope son los diputados y no Rodrigo Arias ni ningún funcionario del Poder Ejecutivo”, destacó Jorge Eduardo Sánchez, diputado socialcristiano.



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