Realidades y retos a las que se enfrentarán las nuevas autoridades municipales

Las nuevas autoridades municipales asumirán sus funciones de acuerdo a distintas realidades tanto subjetivas, como institucionales y locales, así como nacionales e internacionales.

En lo subjetivo, para muchos de ellos se tratará de una experiencia totalmente novedosa, algo diametralmente opuesto a la realidad de aquellos que hasta continúan en el puesto que ostentaban. El reto aquí es conciliar de la mejor manera ambas realidades, porque lo bisoño de los primeros enriquecerá a los segundos, así como la experiencia de los segundos, permitirá canalizar adecuadamente las ansias de los primeros.

Asimismo, esas autoridades nuevas se enfrentarán a realidades institucionales y locales harto distintas: desde municipalidades tan grandes y complejas como los ayuntamientos cabecera de la GAM, en particular San José, hasta municipalidades muy pequeñas, con muy poco presupuesto y, por ende, exiguos recursos para atender siquiera lo básico; comunas estas últimas muy dependientes del Poder Ejecutivo, así como de recursos nacionales por la vía de partidas específicas, o de los recursos dimanantes de la Ley N°8114, entre otros, y, no por ello, menos importantes que las primeras porque, realmente, las necesidades que deben satisfacer son similares, como idéntica es su razón de ser: el municipio, sea, “…el conjunto de personas vecinas  residentes en un mismo cantón, que promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno municipal” (artículo 1° del Código Municipal.) El reto es optimizar los recursos de que se disponga, con criterios de prioridad y concentración en lo local, dejando de lado, por tanto, “aventuras” y “calenturas” que dan lugar a “elefantes blancos”; a burocracias estériles que nada aportan al cantón: hay demasiadas municipales que exhiben un cúmulo de edificios y obras, mientras que las calles, el servicio de recolección y tratamiento de residuos, y el de agua, entre otros muchos, están por los suelos a la vista de los únicos a quienes debería interesarles su gestión: sus munícipes.

También, esas autoridades realizarán sus funciones inmersas en la realidad nacional e internacional que, en los últimos meses como es del dominio público, está secuestrada prácticamente, por la pandemia del COVID-19, sin dejar de lado que, previo a ello, ya la economía nacional e internacional, venían resintiéndose por los más variados factores: desde aquellos de cuño netamente económico, hasta de tipo político y geopolítico. Es un contexto doméstico y mundial que entraña desafíos que, en lo local, deberán ser encarados de manera adecuada porque, de no hacerlo, quienes se verán afectados serán los munícipes, los administrados directos de las comunas y, de ahí, como un ingrato bumerang, las propias municipalidades. El reto aquí es similar al anterior: focalizarse en lo local, y, adicionalmente, promover alianzas público privadas efectivas.

Adicionalmente, en la línea nacional, las autoridades nuevas harán frente a un contexto político jurídico que, lejos de cambiar, se ha intensificado en su contra: el sistema político del país se ha vuelto más centralista en los últimos años, tanto en lo que hace al plano formal con leyes que se dicen de descentralización pero que, en realidad, o la hacen nugatoria porque, o agreden la autonomía municipal o, simplemente, lo que hacen es trasladar competencias y obligaciones sin un correlativo de recursos nuevos para atenderlas o, en fin, las someten a tanto control innecesario y propio de épocas en las que las municipalidades sí carecían de recursos de todo tipo, incluida la falta de una articulación efectiva entre ellas, así como de liderazgos genuinos oponibles ante el poder central. Ni qué decir en el plano constitucional, con una reforma del 2001 que afirma esa misma descentralización, pero, en la práctica, no se aplica, en perjuicio de las municipalidades, a lo que debe sumarse normativa infra legal como decretos ejecutivos, y los demás reglamentos de entidades nacionales y descentralizadas en general, que vienen a hacer más patente la naturaleza vertical del poder en Costa Rica, en detrimento de las comunas que, olvidan los tres poderes de la República, son las entidades de base por excelencia en la estructuración constitucional del país, porque están más cerca del habitante y sus necesidades. El reto es la unión municipal efectiva para plantar cara a ese sistema vertical en busca de una descentralización efectiva.

Finalmente, y como derivado de la realidad local o institucional, esas nuevas autoridades tienen el reto de vencer la indiferencia de sus munícipes, que se ha manifestado en el altísimo abstencionismo que caracteriza las elecciones municipales. Para ello, deberán interesar a los munícipes con actuaciones –incluidas las mismas sesiones municipales-, actividades y proyectos que se realicen o presenten en horas y días en que ellos puedan asistir, y que reflejen sus necesidades; propiciar debates de altura, y permitir una efectiva y continua participación ciudadana, así como el funcionamiento de los Concejos de Distrito y de los síndicos en general, sin formalismos: en suma, una municipalidad de, para y por sus munícipes.