Injerencia de Grupo Consenso en decisiones causa recelo entre diputados

¿Quién manda en el MOPT?

Obras de infraestructura podrían retrasarse por intereses de gremios y empresas, creen legisladores

La posición del Grupo Consenso en torno a la ruta 32, le generó enemigos políticos en el Congreso. Archivo/La República

¿Quién manda en el MOPT? Eso es lo que se preguntan algunos diputados cuando analizan la participación del grupo Consenso en la toma de decisiones estratégicas en infraestructura.
Ese grupo conformado por la Cámara de la Construcción, el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, la UCCAEP y Lanamme, entre otras organizaciones, más que cumplir un papel de consultor técnico da la impresión de estar cogobernando.
La injerencia de ese conglomerado técnico empresarial, podría ser sesgada, indican algunos legisladores, por lo que reclaman una mayor transparencia en las relaciones entre el Gobierno y es grupo.

Lo peor de todo, indican los congresistas del PLN, el PUSC y el Frente Amplio, es que de confirmarse las sospechas, importantes obras de infraestructura que requiere el país, se atrasarían por intereses o multiplicidad de puntos de vista.
Ese es el caso de la ampliación de la ruta 32, sobre el que Consenso emitió un informe cuestionando los planes de ampliación negociados.
“Definitivamente vemos muchas cámaras interesadas en la construcción de la ruta 32, en el contexto del grupo Consenso. La construcción de esa vía representa casi $500 millones y hay varias empresas detrás de que esa inversión quede en Costa Rica y no en China”, indica Danny Hayling, legislador por el PLN.
Las críticas de los diputados se presentan a 15 días de que venza el plazo dado por el Congreso a Carlos Segnini, ministro del MOPT, para que renegocie el préstamo con China para la vía a Limón.
Además de referirse a grandes proyectos nacionales, el grupo Consenso ha señalado cuáles son las rutas vitales de intervención, ha explicado cómo se debe reorganizar el Conavi y ha demandado mejoras en la ley de expropiaciones y de contratación administrativa, entre otras cosas.
Todas estas decisiones son propias del MOPT y, así, los legisladores no entienden por qué se requiere un organismo técnico empresarial externo para hacerlas.
“Si seguimos así, podemos mandar al ministro del MOPT para la casa, porque ya no se ocuparía. Esto es delicadísimo, porque no solo hay intereses externos de por medio, sino que se falla a la hora de tomar decisiones y, por tanto, se postergan decisiones importantes para el país”, indica Jorge Arguedas del Frente Amplio.
La supuesta participación negativa del Grupo Consenso en la toma de decisiones, ya está siendo investigada por algunos diputados, como José Luis Vásquez del PUSC, quien anunció que pronto hará una denuncia sobre el tema.
Sobre este tema, se trató de conversar con el jerarca del MOPT, pero este no devolvió el cuestionario enviado, ni se puso en contacto con LA REPÚBLICA.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
@earrietaLR