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Domingo, 18 de agosto de 2019



EDITORIAL


¿Quién vigila a los vigilantes?

| Martes 16 junio, 2009




Costa Rica debe actuar ante delitos financieros y lavado de dinero, permitiendo mayor acceso a las cuentas bancarias privadas, pero las entidades deben informar a los ciudadanos cómo quedan protegidos de quienes podrían abusar de esa información

¿Quién vigila a los vigilantes?

En la práctica, es casi imposible que Costa Rica esté disconforme con la tendencia mundial de permitir un mayor acceso a las cuentas bancarias de los ciudadanos o residentes, ante la solicitud de un ente encargado de las investigaciones del lavado de dinero, del terrorismo y de la evasión fiscal.
Si se mantuviera al margen de esa tendencia, correría el riesgo de una denuncia de cualquiera de varios importantes grupos de países desarrollados, que están luchando contra esos problemas y que a final de cuentas son las principales fuentes de la inversión productiva en este país.
Además, aunque no existiera ninguna presión externa, Costa Rica tiene que defenderse ante varios tipos de delitos financieros, sobre todo el lavado del dinero, que cada año está haciéndose más importante en nuestro país, y que distorsionaría la economía nacional.
Sin embargo, la gran interrogante en esta situación es “¿Quién vigila a los vigilantes?”
En un mundo ideal, todos los gobiernos siempre serían íntegros e intocables, de modo que se mantenga un control sumamente escrupuloso acerca del uso de los datos privados que se obtengan.
Sin embargo, en el mundo real es posible que el país en el futuro cuente con un Gobierno menos del 100% transparente y confiable, o al menos una administración con funcionarios de dudoso calibre ético, de modo que se abusen de las leyes que permiten la apertura de las cuentas, ya sea para operaciones nefastas o para la represión política.
Ante una posibilidad tal, el ciudadano individual no cuenta con recursos que le permitan vigilar a los vigilantes, por eso es vital que las instituciones financieras, cuya confiabilidad también está en juego en este asunto, siempre luchen para limitar el acceso a los datos privados de sus clientes, dentro de los límites razonables que las leyes permitan, y que a través de sus gremios mantengan informados a los ciudadanos de cómo quedan protegidos no solo ante el lavado y otros delitos, sino también de las personas que podrían abusar de la información privada.