Quién tiró la toalla

De cal y de arena

Quién tiró la toalla

Alvaro Madrigal

No, Alterra no ha tirado la toalla. Es la dignidad de la Patria la que ha sido tirada al centro del cuadrilátero, una vez concedida la bendición del Poder Ejecutivo a un arreglo que le abre la puerta trasera para que se vaya del país sin recibir sanción alguna. Todo está puesto para que se salga con la suya a pesar de sus incumplimientos del contrato de remodelación y administración del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría —graves y onerosos— que quedarían cubiertos por el manto del gratuito indulto si la Contraloría General de la República, como ya lo hizo en otras oportunidades, no impide in extremis la consumación del agravio infligido a ojos vista de una de las más penosas supervisiones habidas en materia de gestión delegada. Esperamos con el ex contralor de la República, Lic. Rafael A. Chinchilla, que la fortaleza jurídica y moral de la Contraloría impida esta negra página. El atraso de cuatro años en la conclusión de las obras arropado por un sinfín de excusas que el ente contralor (no así la administración supervisora) ni disimuló ni admitió... ¿no es que justificó que una comisión técnica recomendara sanciones y promover la resolución contractual? ¿Y las multas no cobradas aún? Con más maña que ciencia se ingenia un mecanismo para engordar todavía más los ingresos del Gestor: se traspasarían los derechos contractuales a un nuevo contratista el que “asumiría” el pago de las multas. Pero —ojo— mediante el alargue de cinco años más de vida al contrato, lo que aseguraría al Gestor $300 millones más que aportarían los usuarios del aeropuerto. Obviamente, serían estos los que terminarían pagando las multas disimuladas a Alterra. He aquí un contrato que trae a la memoria lo dicho por el presidente Dr. José María Castro Madriz el 2 de junio de 1843, a propósito de un asalto financiero: “es urgente tener un gobierno nacional respetable para que no seamos el juguete de cualquiera que se halle con fuerza para abusar”. Con un gobierno que se haga respetar, al menos deberían abrirse procesos sancionadores a los funcionarios públicos que han consentido este desafuero, pesadilla denunciada por don Rodolfo Silva, ex ministro de Obras Públicas, y otros vigilantes ciudadanos a quienes hay que rendir homenaje, pase lo que pase.

De lo que no se habla pero que casi todo el mundo percibe en medio del azote de una inflación que crece a galope, es del efecto en nuestra economía de un aparato productivo dominado por monopolios y oligopolios. Una cosa es que los precios de los derivados del petróleo y de ciertas líneas alimenticias importadas escapen a nuestro control, y otra es que las autoridades se desentiendan del efecto desequilibrante que tienen los monopolios y oligopolios en el suministro de bienes y servicios. Caso grave es la inflación del 26% en alimentos y bebidas no alcohólicas de setiembre 2007 a agosto 2008. Claro y terminante es el mandato constitucional de someter a reglas especiales a toda empresa constituida en monopolio de hecho y que declara de interés público la acción del Estado de impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. Como que, también aquí, el Estado no se da a respetar ante quienes tienen fuerza para abusar.