¿Quien realmente pagará el subsidio de los pasajes universitarios en el transporte público?

Por Bernal Rodríguez

Presidente de CANABUS

En la actual coyuntura de la movilidad sostenible en Costa Rica, avanza una nueva propuesta de ley busca exonerar del pago del pasaje de autobús a los estudiantes universitarios, tanto de instituciones públicas como privadas. A primera vista, difícilmente nadie se puede oponer a una iniciativa tan noble y que pretende ofrecer un alivio económico a un sector crucial de la sociedad, los estudiantes universitarios. Sin embargo, la iniciativa presenta una serie de desafíos desde la perspectiva de la economía del transporte y la movilidad sostenible, que requieren una evaluación más profunda, justamente para que estos derechos que se pretenden asignar a estos grupos sociales, no se conviertan en abultadas distorsiones que terminen por socavar la estabilidad del sistema de transporte público.

Hay una realidad muy evidente; Costa Rica no subsidia su transporte público. Los congresistas aún a esta altura del siglo no han visto necesidad de hacerlo, aunque es evidente que esa es una tarea pendiente a nivel social. Las sociedades del mundo en forma generalizada, aplican subsidios para incentivar el uso del transporte público y maximizar los beneficios sociales más allá de los beneficios privados obtenidos por los usuarios individuales. El binomio transporte-subsidio, es desde el punto de vista teórico de la economía del transporte, un postulado sin equa non para tener un buen sistema de transporte, pues al ser dinero público, permite que más actores institucionales aporten en el mejoramiento del sistema.

Sin subsidios o alguna otra fuente de recursos económicos, cualquier exoneración tendría que ser absorbida de alguna manera por los usuarios actuales y futuros del sistema de transporte. Así mismo, cuando nos preguntamos ¿quiénes son las personas que diariamente utilizan el servicio de autobús para transportarse diariamente?, pues fundamentalmente personas de estratos de ingreso bajo. Desde el punto de vista de la equidad, hacer esto crea un impuesto regresivo al interno de los mismos usuarios del sistema de transporte, generando de alguna manera discriminación al interno de la demanda de usuarios.

Sin una fuente económica clara que respalde este subsidio, las tarifas para los usuarios que continúan pagando inevitablemente se incrementarían para compensar la pérdida de ingresos. Un aumento en la tarifa puede llevar a una disminución en el número de pasajeros, creando un círculo vicioso que socava la sostenibilidad del sistema de transporte público. Claramente, hacer esto no es una buena idea.

Desde nuestra perspectiva, y siguiendo las mejores prácticas de otros países, lo que las naciones buscan es fortalecer el sistema de transporte. Acá en nuestro país, por ejemplo, la regulación de servicios informales, como son las plataformas digitales de transporte compartido y de diversas actividades de servicios de transporte, que compiten directamente con el transporte público, es una tarea urgente de atender.

¡No se puede hacer chocolate sin cacao! En lugar de mermar los ingresos de un sistema ya de por sí frágil en la era postcovid, los legisladores deberían considerar la regulación efectiva de actividades que minan la actividad y buscar robustecer la industria del transporte público, justamente a cómo se ha hecho con el pago electrónico. Estabilizar la demanda interna del sistema (protegerlo), modernizar el sistema (pago electrónico) y ampliar la base de usuarios (incentivos) son pasos esenciales para permitir posteriormente medidas como la exoneración o subsidios.

Al reconocer las lecciones aprendidas a partir de proyectos exitosos en el ámbito del transporte, como la implementación del sistema de pago electrónico, se observa que el diálogo democrático y la colaboración entre múltiples partes interesadas son cruciales. En lugar de imponer cargas adicionales, se deben buscar soluciones innovadoras y colaborativas que mejoren la eficiencia y accesibilidad del sistema de autobuses.

Una vía potencialmente viable es incrementar el volumen de pasajeros. Con una mayor cantidad de usuarios, las tarifas pueden reducirse, beneficiando a todos. Este enfoque no solo soporta la inclusión de estudiantes sin generar discriminación dentro del sistema, sino que también promueve el uso del transporte público, reduciendo la dependencia de vehículos privados y fomentando un desarrollo urbano más sostenible. Para lograrlo, se podría invertir en la mejora de la infraestructura y servicios de transporte, haciéndolos más atractivos para todos los usuarios. Es decir, ¡primero llenemos el bus, luego vemos en cuál parada baja cada uno!

En resumen, si bien la exoneración del pasaje para estudiantes universitarios podría parecer una solución directa a los problemas económicos de estos, las ramificaciones más amplias sobre el sistema de transporte público de Costa Rica podrían ser perjudiciales. La clave radica en fortalecer primero la base del sistema de transporte público, de manera que pueda sostener medidas de distribución más equitativas sin comprometer su funcionamiento.

Enfatizamos la importancia de soluciones integrales y sostenibles a la industria del transporte público. Es imperativo que los legisladores encaucen sus esfuerzos hacia alternativas que mejoren la industria del transporte público. Un buen paso en ese sentido es la propuesta de eliminar el uso de billetes y monedas para pagar el pasaje de autobús.