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Viernes 29 Octubre, 2010


Los empleados públicos estamos contratados para servir al pueblo y no para servirnos de él

Que no se nos olvide para quién trabajamos

Es deber del Estado propiciar la paz, la libertad, la vivencia máxima de los derechos humanos, la seguridad ciudadana, entre otros. Para cumplir con estas ordenanzas el Estado se ha desconcentrado en diferentes sectores y ramas, creando las diversas carteras que conforman el sector público.
Todo funcionari@ contratado con fondos públicos es un servidor de la patria. Por tanto, es imperioso tener presente que desde cualquiera que sea el puesto que estamos desempeñando, en una institución del gobierno, nos corresponde servir de la mejor manera, a tod@ aquel que de nuestros servicios requiera. Tener además claro que nuestro salario lo paga el pueblo y que los recursos que administramos son propiedad de nuestros abuelos y futuros niet@s, o sea, de nuestros antepasados y futuras generaciones. Que no podemos deshonrar el privilegio puesto en nuestras manos, que debemos realizar nuestras tareas teniendo como norte el bienestar de la colectividad. Que nuestros intereses particulares no se pueden anteponer a los de la mayoría y que desde nuestro asiento, sea este ejecutivo o no, estamos obligad@s a rendir cuentas por nuestras acciones, a la transparencia absoluta ante quien pueda requerirlo.
Olvidar para quién trabajamos es lo que lleva al empleado a público a mirar de soslayo a quien recurre a las oficinas gubernamentales, a considerarse impune y magnánimo una vez que ostenta un puesto de importancia. Olvidar quién nos paga convierte al burócrata del Estado en el ser déspota, desatento y deliberadamente negligente en su actuar y en ocasiones en lo peor de todo, un parásito del pueblo o un corrupto de cuello blanco. Así que no se olvide la recepcionista del hospital, el doctor o la doctora, que la anciana, la mujer analfabeta que está buscando ser atendida, paga su salario de forma alguna.
Que no se aparte de la mente del legislador@ que el pueblo le dio la oportunidad de ganarse su sustento en un puesto público y que a su favor debe legislar. Que mantenga presente el juez y la jueza que aquella indígena que es la víctima en el caso que estudia es su bienhechora también.
Y en resumen, que cada uno de los afortunados en gran medida, que somos empleados públicos, recordemos que estamos contratados para servir al pueblo y no para servirnos de él. El deber de probidad así nos obliga, la Constitución Política así lo dispone y el pueblo lo espera y merece.

María Gamboa Aguilar