¿Qué hará el gobierno sobre el negocio del arroz?
| Miércoles 08 junio, 2011
¿Qué hará el gobierno sobre el negocio del arroz?
El gobierno anunció una nueva política arrocera, que cambiará el negocio del arroz; estimulando la producción eficiente, ofreciendo alternativas a los productores, cuidando el bienestar económico de los consumidores y cumpliendo los compromisos internacionales.
Esta política busca una alternativa al esquema de fijación de precios a los productores, que se enfoca primordialmente en los pequeños y medianos, apoyándolos en la mejora de la gestión de negocios y el acceso al crédito; a la vez que protege a los consumidores. Repasemos algunas de las consideraciones que dieron paso a esta iniciativa.
Costa Rica es el cuarto país con el arroz más caro. El consumo de arroz es de aproximadamente 57 kilos per capita al año, producto sobre el cual pagamos en promedio $1,74 por kilo. Este valor nos ubica, según el Rice Market Monitor de FAO (Abril 2011), como el cuarto país con el arroz más caro del mundo, solo superados por Japón ($4,91); Italia ($2,21); Corea ($1,94); y cercano al de Estados Unidos ($1,64).
Precisamente, el consumidor más pobre es el que paga este alto precio. El Mecanismo de Sostenimiento de Precios (MSP) al arroz fija, por decreto, el precio mínimo que el industrial debe pagar al productor, causando un efecto “dominó” sobre el resto de precios a lo largo de la cadena del arroz; trasladando finalmente al consumidor las consecuencias económicas de la decisión decretada. Entre mayores los costos y menos eficientes los productores a nivel de campo, mayores serán los precios al consumidor.
Este sistema no hace diferencias entre grandes y pequeños productores. Así, un productor grande (fincas superiores a 200 hectáreas), con costos de producción menores y rendimientos superiores a la media nacional obtendrá mayor renta que un productor pequeño o micro.
Claramente, el instrumento del MSP ha propiciado tres problemas de fondo: incremento en los precios al consumidor, baja en los rendimientos productivos a nivel de campo y generación de un subsidio clasificado como altamente distorsionante del comercio según los acuerdos de la OMC.
Es en este escenario, que los tres ministerios responsables presentaron el 12 de enero de 2011, una propuesta de política arrocera que tiene como objetivo central mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores de arroz, a la vez que lograr una mejora de los precios al consumidor y el cumplimiento de los compromisos que el país tiene a nivel de la OMC.
A partir de la propuesta inicial presentada en enero pasado y como resultado de un proceso de consulta regional con los diferentes actores involucrados en el mercado del arroz, se concluyó una versión enriquecida de la Política Nacional Arrocera, que recoge las observaciones que los mismos productores han planteado. Esta Política fue entregada a CONARROZ.
Esta política arrocera se focaliza en la mejora de la competitividad del sector arrocero, con énfasis en los pequeños y medianos, y en los consumidores de menores ingresos. Ofrece a los productores un programa de capacitación técnico/agropecuaria por un monto de $7,9 millones, un programa de gestión de negocios, ejecutado por el INA, establecimiento de una línea de crédito de más $8 millones por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo y el traslado de infraestructura pública a grupos de productores organizados.
Gloria Abraham, ministra de Agricultura
Mayi Antillón, ministra de Economía, Industria y Comercio
Anabel González, ministra de Comercio Exterior
El gobierno anunció una nueva política arrocera, que cambiará el negocio del arroz; estimulando la producción eficiente, ofreciendo alternativas a los productores, cuidando el bienestar económico de los consumidores y cumpliendo los compromisos internacionales.
Esta política busca una alternativa al esquema de fijación de precios a los productores, que se enfoca primordialmente en los pequeños y medianos, apoyándolos en la mejora de la gestión de negocios y el acceso al crédito; a la vez que protege a los consumidores. Repasemos algunas de las consideraciones que dieron paso a esta iniciativa.
Costa Rica es el cuarto país con el arroz más caro. El consumo de arroz es de aproximadamente 57 kilos per capita al año, producto sobre el cual pagamos en promedio $1,74 por kilo. Este valor nos ubica, según el Rice Market Monitor de FAO (Abril 2011), como el cuarto país con el arroz más caro del mundo, solo superados por Japón ($4,91); Italia ($2,21); Corea ($1,94); y cercano al de Estados Unidos ($1,64).
Precisamente, el consumidor más pobre es el que paga este alto precio. El Mecanismo de Sostenimiento de Precios (MSP) al arroz fija, por decreto, el precio mínimo que el industrial debe pagar al productor, causando un efecto “dominó” sobre el resto de precios a lo largo de la cadena del arroz; trasladando finalmente al consumidor las consecuencias económicas de la decisión decretada. Entre mayores los costos y menos eficientes los productores a nivel de campo, mayores serán los precios al consumidor.
Este sistema no hace diferencias entre grandes y pequeños productores. Así, un productor grande (fincas superiores a 200 hectáreas), con costos de producción menores y rendimientos superiores a la media nacional obtendrá mayor renta que un productor pequeño o micro.
Claramente, el instrumento del MSP ha propiciado tres problemas de fondo: incremento en los precios al consumidor, baja en los rendimientos productivos a nivel de campo y generación de un subsidio clasificado como altamente distorsionante del comercio según los acuerdos de la OMC.
Es en este escenario, que los tres ministerios responsables presentaron el 12 de enero de 2011, una propuesta de política arrocera que tiene como objetivo central mejorar la competitividad de los pequeños y medianos productores de arroz, a la vez que lograr una mejora de los precios al consumidor y el cumplimiento de los compromisos que el país tiene a nivel de la OMC.
A partir de la propuesta inicial presentada en enero pasado y como resultado de un proceso de consulta regional con los diferentes actores involucrados en el mercado del arroz, se concluyó una versión enriquecida de la Política Nacional Arrocera, que recoge las observaciones que los mismos productores han planteado. Esta Política fue entregada a CONARROZ.
Esta política arrocera se focaliza en la mejora de la competitividad del sector arrocero, con énfasis en los pequeños y medianos, y en los consumidores de menores ingresos. Ofrece a los productores un programa de capacitación técnico/agropecuaria por un monto de $7,9 millones, un programa de gestión de negocios, ejecutado por el INA, establecimiento de una línea de crédito de más $8 millones por medio del Sistema de Banca para el Desarrollo y el traslado de infraestructura pública a grupos de productores organizados.
Gloria Abraham, ministra de Agricultura
Mayi Antillón, ministra de Economía, Industria y Comercio
Anabel González, ministra de Comercio Exterior