¿Qué pasó con el gobierno digital?

¿Qué pasó con el gobierno digital?

En momentos en los que la revolución digital marcha a velocidades exponenciales, siguiendo trayectorias disruptivas que redefinen mercados, productos y servicios, el Programa de Gobierno Digital, que data de más de dos décadas, se ha desdibujado hasta desaparecer. Difícil pensar una peor estrategia para una sociedad que pretende competir en una economía abierta. Las instituciones públicas, con sus trámites presenciales, lentos y pesados, se quedaron atrapadas en el siglo XX.

Algunas de las sociedades exitosas aplican principios básicos en su estrategia de gobierno digital. Entre estos: 1. la nube primero: es un criterio que permite evitar la tentación de estar comprando equipos y, de esta manera, lograr que los gastos en servicios de expansión sean un proceso simple en vez de adquirir activos costosos sujetos a obsolescencia; 2. se compran servicios, no se desarrolla software propio: la tentación de muchos departamentos de TI es a desarrollar programas propios para resolver problemas que argumentan son singulares. No lo son. El desarrollo o modificación de programas terminan construyendo arquitecturas no conectables. Las verdaderas ganancias en productividad vienen no solo de la automatización de procesos aislados, sino de la capacidad para interconectar los procesos, lo cual supone plataformas compatibles. Finalmente, 3. la ciberseguridad debe ser parte de la estrategia de gobierno digital: al no contar con ninguna protección, Costa Rica tiene una de las poblaciones de bots más altas del mundo. Es decir, desde nuestro territorio, programas robots lanzan ataques cibernéticos a empresas y organizaciones del mundo. Estos bots podrían atacar servidores locales (como lo han sufrido algunos bancos). En definitiva, nuestra falta de estrategia significa que la construcción digital transcurre sin principios orientadores, por lo que se aumentarán los costos de la interconexión posterior, y han convertido a nuestro territorio en un peligro cibernético para el mundo.

Los casos exitosos de implementación de estrategias de gobierno digital han contado con una autoridad vinculante para todo el sector público. En nuestro país, esto ha sido un desafío formidable dada la conformación archipiélago del Estado. No podremos avanzar sin resolver cómo establecer una autoridad con la capacidad técnica necesaria y capaz de romper las murallas legales y cibernéticas de nuestro régimen de desconcentración autónomo. Quizás sea por medio de esta estrategia digital que podamos empezar a resolver la disfuncionalidad del Estado archipiélago. Recordemos que solo un tercio del presupuesto del sector público es confeccionado y ejecutado por el Ministerio de Hacienda, y aprobado por la Asamblea Legislativa. El resto solo es aprobado por la Contraloría General de la República, sin discusión política de prioridades, por cuanto no le compete.

La experiencia internacional ha mostrado que el gobierno digital es rentable, pues casi todos los proyectos generan ahorros o ingresos. Hoy no hay excusa para que los ciudadanos no puedan tener acceso a todos los servicios públicos en un solo portal en la nube.   En este marco, debe quedar claro que los ciudadanos son los dueños de la información, no las instituciones: por ejemplo, el expediente médico debe estar en la nube, no en la Caja, y los ciudadanos tener acceso a la información para ser usada en cualquier centro de salud. Una vez constituido el portal único de acceso ciudadano (tal como, por ejemplo, el británico), se pueden establecer metas institucionales crecientes de digitalización de trámites en línea. En segundo lugar, los sistemas deben interoperar para poder conectar procesos dentro y entre instituciones (Estonia es un ejemplo exitoso, que incluso se ampliará a Dinamarca con la misma plataforma).

En fin, es imprescindible establecer una estrategia efectiva de gobierno digital. Ciudadanos, empresas y organizaciones no tienen que cargar con un sector público que es fuente de ineficiencia sistémica y de irritación constante para las personas que deben desplazarse para realizar sus trámites cotidianamente. Conocemos los componentes que deberá tener la estrategia y lo que ha funcionado en otros países. Lo que ha hecho falta es la definición de la prioridad política y resolver la conformación de la autoridad nacional informática.