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El firmamento político colombiano está agitado: Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió este jueves que la campaña que llevó a su padre a la victoria en las elecciones presidenciales de mayo de 2022 fue financiada de forma irregular.
En una declaración ante la Fiscalía General del país, el hijo de Petro aceptó que recibió dinero para la campaña proselitista del candidato progresista de parte de personas relacionadas con el contrabando y vinculados con casos directos de corrupción y narcotráfico.
"El señor (Nicolás) Petro Burgos aportó información relevante que, hasta el momento, la Fiscalía desconocía", dijo a los medios el fiscal encargado del caso, Mario Burgos.
"Entre ellos, llama la atención la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos de la ley", añadió.
Actualmente el primogénito del mandatario colombiano está bajo arresto acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Ante este panorama, fue inevitable que muchos colombianos recordaran un caso emblemático con muchas similitudes: el proceso 8.000.
En 1995, al presidente de Colombia de entonces, Ernesto Samper Pizano (1994-1998) se lo acusó de que su campaña presidencial había sido presuntamente financiada por los carteles de la droga, específicamente por el de Cali, que era liderado por Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
El nombre del proceso viene del hallazgo de un expediente con ese número en la Fiscalía de Cali.
Y aunque Samper fue absuelto por el Congreso en dos ocasiones, el caso dejó en evidencia la infiltración que tenían los carteles de la droga en el contexto de la política nacional.
“El caso de Nicolás Petro es la muestra de cómo la ilegalidad anida en el corazón del poder en este gobierno. El hijo detenido por cumplir las órdenes del padre que se lava las manos como Samper quemando fusibles en el proceso 8.000, salvo que el fusible de Petro hoy es su propio hijo”, criticó la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.
Por su parte, Gustavo Petro negó que hubiera permitido el ingreso de dineros irregulares a la campaña y sostuvo que no piensa renunciar.
"Este gobierno se acaba por el mandato popular, por nadie más; no hay nadie que pueda terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo, y el mismo pueblo dio una orden por mayoría en las urnas: ¡nos vamos hasta el año 2026!", dijo durante una reunión política este jueves.
“Aunque evidentemente hay similitudes, de cierta forma hay diferencias con el famoso caso 8.000, porque Petro viene de un lugar muy distinto del que provenía Ernesto Samper, quien representaba al partido liberal”, explica Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia.
En BBC Mundo revisamos en qué se parece el famoso proceso 8.000 y cuáles son las diferencias con lo que ocurre actualmente con el presidente Petro y su hijo.
1. Financiación de la campaña
La principal acusación en ambos casos gira en torno a la financiación de la campaña presidencial que los condujo a ambos mandatarios a la victoria en las respectivas elecciones.
En el caso de Samper, los señalamientos estaban dirigidos a altas sumas de dinero que habían sido aportadas por los carteles de la droga.
Varios colaboradores cercanos - como el tesorero de la campaña, Santiago Medina, e incluso el jefe de la campaña y ministro de Defensa durante una parte de su mandato, Fernando Botero Zea (hijo del pintor Fernando Botero) - aceptaron que habían recibido dinero del cartel de Cali para financiar la ambición de Samper de llegar a la presidencia.
Incluso Botero y Medina estuvieron en prisión, condenados por enriquecimiento ilícito.
Algo similar ocurre en el caso de Petro. Nicolás Petro aceptó ante la Fiscalía que había recibido dinero de personas involucradas en delitos de contrabando y tráfico de drogas para financiar la campaña de su padre.
También reconoció que la campaña de su padre había superado ampliamente los límites establecidos por la ley electoral.
De hecho, el delito del que se acusa a Nicolás Petro es muy similar a aquel por el que Botero Zea y Medina fueron procesados en su momento.
2. Cercanía de las personas involucradas
Tal vez lo que más conmociona del caso de Petro es que sea su propio hijo quien haya revelado las supuestas irregularidades que cometió su campaña.
Aunque Petro se ha desligado del vínculo con su primogénito, al señalar que no estuvo presente durante su crianza y asegurar que no iba a interferir en la investigación de la Fiscalía, su hijo fue fundamental para la campaña en varias regiones del norte de Colombia.
En el caso del proceso 8.000, la acusación tomó forma una vez se conoció un pago de una empresa fachada del cartel de Cali que llegó a las cuentas de Medina, el tesorero de Samper.
Cuando Medina aceptó que la campaña había recibido dineros ilícitos, Samper salió a decir en cadena nacional: “De haberse producido una filtración de su ingreso, ese ingreso se produjo a mis espaldas”.
El caso se volvió escándalo nacional cuando Botero Zea, quien había sido amigo personal de Samper, su jefe de campaña y ministro de Defensa en su gobierno, dijo ante los medios de comunicación que el presidente sí sabía del dinero del cartel de Cali.
1. ¿Sabía o no?
En el caso de Samper, muchas de las personas involucradas, especialmente de alto perfil dentro del círculo cercano del ahora expresidente, señalaron que él sabía del ingreso de dinero provenientes del cartel de Cali.
El caso más explícito es el de Botero Zea, pero Medina y otras personas cercanas indicaron que Samper conocía e incluso había autorizado la reunión con los capos de la droga para financiar la campaña.
En el caso de Petro, este tema de momento no es tan claro.
Aunque Nicolás Petro acepta que recibió financiación irregular para la campaña de su padre, nunca señala que el actual presidente supiera o conociera de la procedencia de estos dineros.
En otra investigación paralela, que no involucra a su hijo pero sí al exembajador en Venezuela Armando Benedetti, también se habla de una financiación irregular de la campaña, pero tampoco se menciona la responsabilidad de Gustavo Petro.
De hecho, el propio mandatario fue enfático en afirmar que jamás había ordenado delinquir a ninguno de sus hijos o funcionarios.
“Con confianza, con firmeza. Con seguridad. Jamás he conducido a mis hijos al delito. Jamás me favorecería del delito de alguno de ellos. Mi vida política está en función de la justicia social y la Paz de Colombia”, escribió en su cuenta de Twitter.
Y añadió: "No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque".
No sólo Samper, sino que otros expresidentes como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santo o Iván Duque han enfrentado acusaciones relacionadas con financiación de campañas.
Sin embargo, las investigaciones apenas están comenzando y todo este panorama puede cambiar conforme avance el proceso.
2. El fiscal
No es un tema menor quién sea el Fiscal General en casos tan delicados como estos.
En 1995, cuando el proceso fue tomado por la Fiscalía, el representante de esta cartera era Alfonso Valdivieso, quien pertenecía al mismo partido político de Samper, el Liberal.
Sin embargo, cuando Valdivieso tomó el cargo, en 1994, había prometido una lucha frontal contra el narcotráfico. Entonces, el proceso 8.000 se convirtió en uno de sus caballos de batalla.
El fiscal, totalmente alejado de las influencias políticas, logró construir un caso que, aunque no logró la destitución de Samper en el Congreso, puso en evidencia los vínculos entre el narcotráfico y la política.
Para Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Bogotá, el fiscal actual, Francisco Barbosa, está en otra dirección.
“Este fiscal está mucho más politizado en esta investigación. Se sabe que tiene una filiación política, contraria a Petro y mucho más marcada que la que tuvo Valdivieso en el 8.000”, explica Pardo.
Barbosa fue escogido de una terna presentada por el expresidente Iván Duque, del bando opositor al de Petro. Duque y Barbosa fueron compañeros de la universidad y han mantenido una amistad desde entonces.
“Aunque queda claro que los hechos son reales y están siendo aceptados, todo ocurre dentro de un interés político muy evidente”, señala el corresponsal.
3. Un tema familiar
Aunque la cercanía de las personas involucradas marca una similitud entre el caso de Samper y el de Petro, también marca su diferencia.
En el primero, ningún miembro de su familia estuvo involucrado en el manejo de recursos de la campaña a la presidencia, ni tampoco dentro de la investigación que se hizo apenas se conocieron las denuncias de ingresos de dinero ilícito.
Aunque su hermano, el reconocido periodista Daniel Samper Pizano, salió a defender la integridad del entonces mandatario, nunca se vio involucrado en el escándalo. Tampoco ninguno de sus hijos, ni sus otros hermanos, hermanas y demás miembros de la familia.
En el caso de Petro, el tema aparenta ser más delicado.
No solo se trata de su hijo mayor, sino también de su exnuera, Day Vásquez, quien fue la primera en destapar el caso.
Incluso la propia Vásquez involucró a otro familiar cercano de Petro en el manejo de recursos irregulares: Juan Fernando Petro, hermano del presidente.
Eso evidentemente ha golpeado el círculo íntimo del mandatario.
"Recibo con dolor, a nivel personal, las informaciones de presuntas irregularidades en la campaña presidencial en la Costa", dijo Petro.
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