Puro cuento... reformas electorales
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Martes 10 enero, 2012
Casi sin sesionar en dos años comisión legislativa
Puro cuento... reformas electorales
Posibles trampas en mecanismos para financiar partidos políticos continúan con la puerta abierta
Casi dos años después de haber asumido sus funciones, los diputados no han querido meter el diente a las reformas electorales.
Tras los comicios nacionales y de alcaldes de 2010, quedó claro que el Código Electoral debe ser reformado, ya que el sistema de bonos que sirve para financiar a las agrupaciones políticas promueve el despilfarro de recursos públicos y permite que se den contribuciones al margen de la ley.
Antes de que finalice este año, los partidos políticos deben avanzar en los cambios, ya que con la llegada de 2013, el ciclo electoral podría evitar las reformas, ya que a los partidos mayoritarios no les conviene tener reglas más estrictas.
Pese a que la comisión de reformas electorales fue conformada a inicios de 2010, los legisladores que la integran no sesionan, ya que Fabio Molina, diputado de Liberación Nacional (PLN) y presidente de dicho foro legislativo, no convoca a trabajar a los diputados.
Por otra parte, cuando llegan las sesiones extraordinarias en las que el Poder Ejecutivo establece la agenda del Congreso, Laura Chinchilla, presidenta de la República, no envía ningún proyecto de esta comisión a la corriente legislativa, tal como ha sucedido hasta ahora.
Mientras tanto, el tiempo avanza inexorablemente, y la fecha límite para aprobar cambios al Código Electoral se acerca cada vez más.
Seis meses antes de las elecciones nacionales no se puede hacer ningún cambio en las reglas electorales, por lo que la fecha máxima para los próximos comicios, es durante los primeros días de setiembre de 2013, de acuerdo con la Constitución Política.
La Carta Magna también establece que los cambios al Código Electoral no pueden ser aprobados hasta cuatro meses después de las últimas elecciones.
Bajo esa premisa, los diputados tuvieron que respetar ese plazo tras las elecciones de alcalde de 2010.
Eso significa que con la llegada de la segunda legislatura y el cambio en el directorio legislativo en mayo del año pasado, los diputados pudieron empezar a trabajar en ese sentido.
Sin embargo, las disputas, el control político y el plan fiscal coparon la agenda de los legisladores, mientras que las reformas electorales quedaron en el baúl de los recuerdos.
“Yo creo que no va a pasar nada con las reformas electorales. Hay un evidente interés por no avanzar en estos temas. No existe la más mínima voluntad de reformar las reglas actuales, porque benefician a los partidos grandes como el PLN, el Partido Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario. Los proyectos de esta comisión están secuestrados”, se queja Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.
Desde febrero de 2010, LA REPUBLICA denunció que el sistema de bonos que sirve para financiar a los partidos políticos dejaba portillos abiertos para que se promoviera el despilfarro de recursos públicos, la inequidad entre los partidos y la posibilidad de que dieran contribuciones al margen de la ley.
En principio, el Código Electoral fue reformado antes de las elecciones de 2010, para prohibir las donaciones corporativas, así como de extranjeros en la campaña política; sin embargo, no cumplió ninguna de esas metas.
Esto, porque las reglas actuales no impiden en absoluto que una sociedad anónima haga una donación.
Cuando un partido emite los bonos electorales, que son financiados por medio de la contribución estatal, cualquier empresa puede comprar esos títulos sin que esto sea considerado una donación, sino un préstamo que debe reintegrarse.
Antes de la reforma, las sociedades anónimas tenían derecho a contribuir con los partidos hasta por $19 mil anuales.
La ley establece bonos tipo A, B, C y D, de los cuales solo los primeros tienen altas posibilidades de ser pagados una vez que termine el proceso electoral por medio de la deuda política.
De esta forma, ya sean empresas nacionales o extranjeras, pueden contribuir en la campaña sin ningún tipo de límite, comprando esos bonos.
Este sistema de financiamiento promovería la desigualdad de los partidos a la hora de colocar los bonos, ya que aquellas agrupaciones con posibilidades de alcanzar la Presidencia, no tendrían problemas para colocar sus títulos, mientras que las minoritarias enfrentarían un panorama totalmente diferente, expresa Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones.
Por otra parte, la colocación de bonos hace más difícil la fiscalización de la deuda política y promueve el cobro de su totalidad.
Para las elecciones de presidente de 2010, los partidos cobraron ¢17 mil millones; es decir, tres veces más dinero de lo que gastó el TSE para organizar los comicios.
“Los bonos abren un portillo para las donaciones ilegales y al mismo tiempo, dejan latente un sesgo de inequidad. Los costarricenses que obtuvieron certificados B, C o D albergan una sensación de haber sido estafados porque no tienen certeza de recuperar su inversión. Hay que hacer una cirugía mayor a este tema y extirpar el cáncer del financiamiento a partidos que, a mi juicio, es perverso”, explica Sobrado.
Entre las reformas que los diputados proponen se encuentran la modificación al sistema de bonos.
En ese sentido, ninguno de los legisladores de la comisión tiene una propuesta concreta, solo algunas ideas para evitar los yerros y más bien, están a la espera de que el TSE plantee algún proyecto en ese sentido, explica el liberacionista Fabio Molina, quien preside la comisión.
Una de las formas de sustituir el sistema de bonos, sería mediante la ampliación de la deuda política adelantada, la cual se daría a todas las agrupaciones políticas que participaron en los anteriores comicios.
De esta forma, los partidos no se verían en necesidad de colocar bonos, sino que contarían con la contribución estatal para arrancar la contienda electoral.
La contribución estatal está contemplada en la Constitución Política y solo se reparte entre los partidos que logran más del 4% de los votos válidos en las elecciones presidenciales y entre las agrupaciones que elijan al menos un diputado.
Otras de las iniciativas que cuentan con más respaldo entre los congresistas de la comisión, es la de implementar el voto preferente para elegir a los diputados.
Actualmente a la hora de elegir a los congresistas, el elector vota por un partido específico, el cual elabora una lista cerrada y de acuerdo con la cantidad de sufragios que recibe, se define el número de diputados.
La reforma que plantean los congresistas acaba con esas listas cerradas y lo sustituye por un sistema en el cual, el elector selecciona a su candidato a diputado.
Otras reformas que se plantean son el voto electrónico y la distribución equitativa de los espacios en radio y televisión entre los partidos políticos.
Para que esas iniciativas puedan implementarse en 2014, deben ser aprobadas antes de setiembre del próximo año.
Eso significa que los diputados deben avanzar en la discusión de esas iniciativas en este año, pues una vez que arranque el ciclo electoral, es más complejo alcanzar los acuerdos necesarios para impulsar esos cambios.
“Efectivamente los años más importantes para acuerdos políticos son el segundo y hasta la mitad del tercer año, después ya empieza el ciclo electoral y todo se complica. El 2012 será un año marcado por las protestas sociales, pues la gente está molesta con la Presidenta, quien no ha cumplido sus promesas”, concluye José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Puro cuento... reformas electorales
Posibles trampas en mecanismos para financiar partidos políticos continúan con la puerta abierta
Casi dos años después de haber asumido sus funciones, los diputados no han querido meter el diente a las reformas electorales.Tras los comicios nacionales y de alcaldes de 2010, quedó claro que el Código Electoral debe ser reformado, ya que el sistema de bonos que sirve para financiar a las agrupaciones políticas promueve el despilfarro de recursos públicos y permite que se den contribuciones al margen de la ley.
Antes de que finalice este año, los partidos políticos deben avanzar en los cambios, ya que con la llegada de 2013, el ciclo electoral podría evitar las reformas, ya que a los partidos mayoritarios no les conviene tener reglas más estrictas.
Pese a que la comisión de reformas electorales fue conformada a inicios de 2010, los legisladores que la integran no sesionan, ya que Fabio Molina, diputado de Liberación Nacional (PLN) y presidente de dicho foro legislativo, no convoca a trabajar a los diputados.
Por otra parte, cuando llegan las sesiones extraordinarias en las que el Poder Ejecutivo establece la agenda del Congreso, Laura Chinchilla, presidenta de la República, no envía ningún proyecto de esta comisión a la corriente legislativa, tal como ha sucedido hasta ahora.
Mientras tanto, el tiempo avanza inexorablemente, y la fecha límite para aprobar cambios al Código Electoral se acerca cada vez más.
Seis meses antes de las elecciones nacionales no se puede hacer ningún cambio en las reglas electorales, por lo que la fecha máxima para los próximos comicios, es durante los primeros días de setiembre de 2013, de acuerdo con la Constitución Política.
La Carta Magna también establece que los cambios al Código Electoral no pueden ser aprobados hasta cuatro meses después de las últimas elecciones.
Bajo esa premisa, los diputados tuvieron que respetar ese plazo tras las elecciones de alcalde de 2010.
Eso significa que con la llegada de la segunda legislatura y el cambio en el directorio legislativo en mayo del año pasado, los diputados pudieron empezar a trabajar en ese sentido.
Sin embargo, las disputas, el control político y el plan fiscal coparon la agenda de los legisladores, mientras que las reformas electorales quedaron en el baúl de los recuerdos.
“Yo creo que no va a pasar nada con las reformas electorales. Hay un evidente interés por no avanzar en estos temas. No existe la más mínima voluntad de reformar las reglas actuales, porque benefician a los partidos grandes como el PLN, el Partido Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario. Los proyectos de esta comisión están secuestrados”, se queja Víctor Emilio Granados, jefe de fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión.
Desde febrero de 2010, LA REPUBLICA denunció que el sistema de bonos que sirve para financiar a los partidos políticos dejaba portillos abiertos para que se promoviera el despilfarro de recursos públicos, la inequidad entre los partidos y la posibilidad de que dieran contribuciones al margen de la ley.
En principio, el Código Electoral fue reformado antes de las elecciones de 2010, para prohibir las donaciones corporativas, así como de extranjeros en la campaña política; sin embargo, no cumplió ninguna de esas metas.
Esto, porque las reglas actuales no impiden en absoluto que una sociedad anónima haga una donación.
Cuando un partido emite los bonos electorales, que son financiados por medio de la contribución estatal, cualquier empresa puede comprar esos títulos sin que esto sea considerado una donación, sino un préstamo que debe reintegrarse.
Antes de la reforma, las sociedades anónimas tenían derecho a contribuir con los partidos hasta por $19 mil anuales.
La ley establece bonos tipo A, B, C y D, de los cuales solo los primeros tienen altas posibilidades de ser pagados una vez que termine el proceso electoral por medio de la deuda política.
De esta forma, ya sean empresas nacionales o extranjeras, pueden contribuir en la campaña sin ningún tipo de límite, comprando esos bonos.
Este sistema de financiamiento promovería la desigualdad de los partidos a la hora de colocar los bonos, ya que aquellas agrupaciones con posibilidades de alcanzar la Presidencia, no tendrían problemas para colocar sus títulos, mientras que las minoritarias enfrentarían un panorama totalmente diferente, expresa Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones.
Por otra parte, la colocación de bonos hace más difícil la fiscalización de la deuda política y promueve el cobro de su totalidad.
Para las elecciones de presidente de 2010, los partidos cobraron ¢17 mil millones; es decir, tres veces más dinero de lo que gastó el TSE para organizar los comicios.
“Los bonos abren un portillo para las donaciones ilegales y al mismo tiempo, dejan latente un sesgo de inequidad. Los costarricenses que obtuvieron certificados B, C o D albergan una sensación de haber sido estafados porque no tienen certeza de recuperar su inversión. Hay que hacer una cirugía mayor a este tema y extirpar el cáncer del financiamiento a partidos que, a mi juicio, es perverso”, explica Sobrado.
Entre las reformas que los diputados proponen se encuentran la modificación al sistema de bonos.
En ese sentido, ninguno de los legisladores de la comisión tiene una propuesta concreta, solo algunas ideas para evitar los yerros y más bien, están a la espera de que el TSE plantee algún proyecto en ese sentido, explica el liberacionista Fabio Molina, quien preside la comisión.
Una de las formas de sustituir el sistema de bonos, sería mediante la ampliación de la deuda política adelantada, la cual se daría a todas las agrupaciones políticas que participaron en los anteriores comicios.
De esta forma, los partidos no se verían en necesidad de colocar bonos, sino que contarían con la contribución estatal para arrancar la contienda electoral.
La contribución estatal está contemplada en la Constitución Política y solo se reparte entre los partidos que logran más del 4% de los votos válidos en las elecciones presidenciales y entre las agrupaciones que elijan al menos un diputado.
Otras de las iniciativas que cuentan con más respaldo entre los congresistas de la comisión, es la de implementar el voto preferente para elegir a los diputados.
Actualmente a la hora de elegir a los congresistas, el elector vota por un partido específico, el cual elabora una lista cerrada y de acuerdo con la cantidad de sufragios que recibe, se define el número de diputados.
La reforma que plantean los congresistas acaba con esas listas cerradas y lo sustituye por un sistema en el cual, el elector selecciona a su candidato a diputado.
Otras reformas que se plantean son el voto electrónico y la distribución equitativa de los espacios en radio y televisión entre los partidos políticos.
Para que esas iniciativas puedan implementarse en 2014, deben ser aprobadas antes de setiembre del próximo año.
Eso significa que los diputados deben avanzar en la discusión de esas iniciativas en este año, pues una vez que arranque el ciclo electoral, es más complejo alcanzar los acuerdos necesarios para impulsar esos cambios.
“Efectivamente los años más importantes para acuerdos políticos son el segundo y hasta la mitad del tercer año, después ya empieza el ciclo electoral y todo se complica. El 2012 será un año marcado por las protestas sociales, pues la gente está molesta con la Presidenta, quien no ha cumplido sus promesas”, concluye José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio.
earrieta@larepublica.net