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Empresarios de la Zona Norte defienden proyecto, mientras grupos ambientalistas y universidades endurecen oposición
Pulso por Mina Crucitas se recrudece

• Grupos a favor de la minería aseguran que actividad beneficiará el desarrollo de los vecinos de San Carlos y a las compañías de la localidad
• Opositores al proyecto creen que la mina sería un “suicidio” para el país

Natasha Cambronero
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El aval que recibió la construcción de la Mina Crucitas ha generado una batalla entre diferentes actores sociales del país.
Las empresas de la Zona Norte, la Municipalidad de San Carlos y el Colegio de Geólogos de Costa Rica se pronunciaron a favor de la formación de tajos para la extracción de oro en la localidad de Cutris.
Sin embargo, diversos grupos ambientalistas y universidades estatales se oponen al desarrollo de esta mina.
Ante este panorama, las empresas de la Zona Norte del país defienden el proyecto asegurando que ha traído mayor desarrollo comercial y de infraestructura y que su paralización ocasionaría desempleo en la región.
“Con la construcción de Mina Crucitas al menos 200 personas han obtenido trabajo y hubo un crecimiento en el número de comercios en la localidad, además ya no se necesita entrar con un carro de doble tracción por la nueva carretera; yo que conozco la zona sé los beneficios que ha traído esta mina”, aseguró Francisco Ramírez, propietario del Grupo Corporativo SARET.
De igual forma, compañías como Tajo Platanar, Grupo 8, Multiaceros San Antonio, Sococo y Quebrador Arenal aducen que el proyecto genera mayor número de empleos indirectos en la región y saca del olvido a la localidad de Cutris.
“Nosotros le vendemos materiales del tajo a Industrias Infinito, lo que nos ha permitido emplear a por lo menos 50 personas; no obstante, tuvimos que despedirlas momentáneamente por la paralización de las obras”, dijo Ronny Céspedes, gerente general del Tajo Platanar.
Al igual que estas empresas el Colegio de Geólogos se pronunció a favor de la actividad minera en general, al representar esta la fuente de empleo de por lo menos el 25% de los geólogos del país.
“Nosotros queremos resaltar la importancia de la actividad minera y por ende de la extracción de recursos naturales, si la naturaleza nos los dio podemos beneficiarnos de ellos, pero siempre sosteniblemente, para lo que actualmente existen profesionales y tecnologías idóneas”, afirmó Enid Gamboa, presidenta del Colegio.
Posición similar tomó la Escuela Centroamérica de Geología de la Universidad de Costa Rica (UCR), facultad que apoya la minería en general que sea ejecutada de forma ambientalmente responsable; no obstante, pide al Gobierno actualizar el Código de Minería vigente.
En contraposición a estos argumentos, los ambientalistas aducen que la construcción de Mina Crucitas ocasionaría la deforestación y destrucción de bosques tropicales, que albergan especies silvestres únicas en vías de extinción, como es el caso de la lapa verde.
“Este tipo de prácticas destruye los suelos y el ambiente, provocando la eliminación de la cobertura forestal. Es más el costo ambiental que ocasionará en las comunidades que las ganancias que podría generar”, dijo Gino Biamonte, vicepresidente de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre.
Otro de los factores por los cuales los ambientalistas se oponen a este proyecto, es que el establecimiento de la mina necesita talar cientos de árboles de almendro amarillo, los cuales al igual que las lapas se encuentran en vías de extinción.
Además de estos dos motivos, los ambientalistas temen que la utilización de cianuro para la extracción de oro genere contaminación en ríos y suelos.
“Este proyecto vendrá a destruir ríos, humedales, nacientes y producirá la matanza de animales”, afirmó Carlos Arguedas, presidente de la Asociación Ambientalista de Siquirres.
Ante esta situación no solo estas dos asociaciones se han pronunciado, sino también la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, Preserve Planet y el resto de grupos ambientalistas del país. Además, los conservacionistas de Nicaragua.
Entretanto, la UCR y la Universidad Nacional mediante su Consejo Universitario solicitaron al Gobierno derogar el Decreto de Interés Público y de Conveniencia Nacional que el Ejecutivo otorgó a la Mina Crucitas, declaratoria que permite el desarrollo del proyecto.
Ambas instituciones alegan que este los compromisos con la naturaleza, que tantas veces el país ha promovido.
Además de los consejos universitarios de estos dos centros de estudios, la facultad de Biología de la UCR y la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica se pronunciaron en contra del proyecto.
La polémica sobre este proyecto se suscitó luego de que el Gobierno y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones mediante un decreto de Interés Nacional que salió publicado en La Gaceta el pasado 17 de octubre avalaran la conformación de tajos en la mina Crucitas.
Decisión que no fue bien recibida por los grupos ambientalistas, quienes piden se revoque el decreto y presentaron por cuarta ocasión un recurso de amparo que ha suspendido las obras.
Además, la decisión tomada por el Ejecutivo provocó qua a Oscar Arias, presidente de la República, y Roberto Dobles, ministro de Ambiente, se les inicie una investigación por supuestamente cometer el delito de prevaricato; al no tomar en cuenta una resolución de la Sala Constitucional que impide la tala de árboles de almendro amarillo.
La construcción de la Mina Crucitas es desarrollada por la compañía canadiense Industrias Infinito, empresa que desde 1999 solicitó el permiso para desarrollar el proyecto, proceso que se ha visto obstaculizado por los cuatro recursos interpuestos por los ambientalistas.
Hasta el momento el consorcio ha invertido $15 millones de los $60 millones que requerirá el proyecto y se espera que esté concluido en agosto del próximo año para comenzar en octubre a extraer el oro.
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