Prórroga para Cafta levanta polémica
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Diferencias interpretativas sobre plazo entraban Asamblea Legislativa
Prórroga para Cafta levanta polémica

• Gobierno sostiene que de no aprobarse la agenda de implementación antes del 29 de febrero, los demás firmantes podrían formular peticiones a cambio de una prórroga
• Mientras fracciones contrarias al Cafta exigen que mayoría parlamentaria tome en serio sus propuestas, esta critica sus mociones por “obstruccionistas, numerosas y faltas de contenido”

Eduardo Baldares
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Diez, nueve, ocho, siete… Los impulsores del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta) se sienten agobiados por el factor tiempo, implacable y breve que les resta para ratificar la agenda de implementación, máxime que denuncian obstruccionismo legislativo y sostienen que una inminente petición de prórroga pondría en desventaja al país.
Siete, ocho, nueve, diez… En filas opositoras devuelven las críticas cual manecillas de reloj; esgrimen que el supuesto plazo es una argucia para aprobar “a la carrera” leyes que ameritan una revisión más pormenorizada.
Así que lejos de enfriarse, las acaloradas discusiones interpretativas sobre el Cafta no terminaron con el referéndum del pasado 7 de octubre; por el contrario, incendian la Asamblea Legislativa con una polémica sobre el plazo de aprobación de los 12 proyectos que forman la agenda de implementación.
El principal temor de quienes tienen prisa por avanzar en la aprobación, Gobierno, congresistas de Liberación Nacional y los partidos que los apoyan, tiene que ver con la petición de prórroga, pues consideran que se verían sujetos al visto bueno de los demás firmantes y los posibles pedidos que harían a cambio.
“Si incumple, Costa Rica queda expuesta, porque cualquier plazo adicional que se pida queda sujeto a la aprobación de los otros, por lo que podrían pedirnos a cambio cosas que actualmente no están contempladas. Ahorita dependemos de nosotros mismos, y es el momento de cambiar de página y pasar a la siguiente, que es la negociación con Europa y China”, opinó Marco Vinicio Ruiz, ministro de Comercio Exterior.
Ante la consulta de si tendría que formarse un nuevo grupo multidisciplinario para negociar un tiempo extra, el jerarca respondió que “tengo que vivir al día. Tengo claro adónde debemos llegar, pero reconozco que no estoy seguro de poder lograrlo en el plazo establecido. Todavía no estudiamos cuál sería la estrategia de petición de prórroga, pero sí tendríamos que conseguir el aval de los otros países”.
Ante solicitud de LA REPUBLICA, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, remitió la siguiente respuesta sobre la posibilidad de obtener una extensión para la entrada en vigor del Cafta: “Es indispensable que todos los países signatarios estén de acuerdo en cualquier prórroga que se otorgue, tal y como se estipula en el capítulo 22 del convenio comercial”.
Sobre cuál sería el ambiente en los demás países para darle a Costa Rica dicho aplazamiento, Juan José Barrios Taracena, embajador de Guatemala, expresó que “eso debe ser objeto de análisis en cada una de las naciones, y por tratarse de algo tan trascendental, no necesariamente bastaría con la aprobación de los Ejecutivos, sino que incluso podrían darse discusiones al interior de cada congreso. Es un asunto complejo”.
¿Y cómo está el panorama para la aprobación de los 12 proyectos antes del 29 de febrero? Nublado, como lo reconoce la propia Mayi Antillón, jefa de la bancada liberacionista.
“Cada día confirmo la negativa de los partidos Acción Ciudadana y Frente Amplio; teníamos la esperanza de que no se radicalizaran, pero si por la víspera se saca el día, al presentar 1.096 mociones solo para la Ley de Obtenciones Vegetales, será difícil cumplir con el plazo”, manifestó.
“Nosotros esperábamos una oposición responsable para mejorar los proyectos por medio de mociones definidas, y no a través de esa cantidad, donde incluso hay repetidas. Pero no puedo tirar la toalla”, amplió Antillón.
Antes de considerar la petición de una prórroga a los demás países centroamericanos, República Dominicana y Estados Unidos, las fracciones pro Cafta tendrían que demostrar la imposibilidad material de aprobar las leyes en el plazo estipulado, que argumentan vence el próximo 29 de febrero. “No me siento confortable ante esa posibilidad —confesó Antillón—. Es una responsabilidad nacional cumplir los requisitos y me parece que apostar a factores externos es no asumir esa responsabilidad”.
La liberacionista considera que “no es momento de tirar la toalla”, pero aceptó que “estamos intentando manejar una agenda sin precedentes en la historia, de 12 proyectos con tan poco tiempo y en este nivel de complejidad y con tantas diferencias de criterio”.
En la acera de enfrente sostienen que el supuesto plazo es un ardid para aprobar “a la carrera” leyes que ameritan una revisión más pormenorizada.
“Algún vivillo quiere tener un Tratado de Libre Comercio plus. La verdad es que, con todas las observaciones hechas, ya aceptamos el resultado del referéndum y tenemos claro que entra en vigencia y se acabó, pero es que en leyes como apertura, fortalecimiento del ICE y en el tema de seguros quieren obtener más de lo que está establecido”, aseguró Alberto Salom, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Por su parte, Ottón Solís, líder del PAC, rechazó las acusaciones de obstruccionismo. “La idea es que se abran para conversar. Queremos que se acepte que la agenda de implementación no vaya más allá de lo que el Tratado de Libre Comercio pide en esos proyectos, y que no que aprovechen para hacer reformas que no exige el Cafta”.
Como ejemplo, Solís señaló el tema de las telecomunicaciones; “que no se dé más apertura de la que exige el Tratado de Libre Comercio, porque hemos notado que es lo que pretenden”.
Salom rebate las críticas de Antillón. “Nosotros no estamos apostando a la cantidad, no hay ninguna moción superflua y si hay alguna repetida, que no lo sé, no fue algo deliberado. La sociedad civil contribuyó con una gran cantidad de las observaciones planteadas por el PAC”.
Encogida de hombros, Antillón expresa que “por responsabilidad y seriedad se tiene que analizar muy bien cada moción, porque si se declara una inadmisibilidad y ellos apelan y llevan razón, eso atrasaría aún más el proceso, por lo que tener la suma de 38 diputados no es suficiente cuando en el ínterin los minoritarios utilizan todos sus recursos solo para atrasar”.
Salom defiende que no se trata de “atrasar”, sino de estudiar bien proyectos de tal trascendencia que exigen una atención “sin apresuramientos interesados”.




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