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Con el regreso a clases la otra semana y en medio del acelerado avance de la inteligencia artificial (IA), el debate sobre el uso de teléfonos celulares en los centros educativos vuelve a tomar fuerza en Costa Rica.
Para el sector informático, una prohibición absoluta podría generar efectos contrarios a los buscados y profundizar la brecha educativa, especialmente entre estudiantes con menos recursos.
Así lo advirtió Fernando Bonilla, miembro de la Comisión de Ciberseguridad del Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC), quien considera que el foco de la discusión no debe centrarse en excluir la tecnología del aula, sino en definir criterios claros para su uso responsable.
“La discusión no es si la tecnología sí o no, sino cómo, cuándo y para qué usarla en contextos educativos. Una prohibición absoluta, sin reglas claras de accesibilidad ni alfabetización digital, corre el riesgo de aumentar desigualdades y dejar a muchos estudiantes atrás”, señaló Bonilla.
El tema resurgió luego de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) emitiera una nueva directriz que deja en manos de maestros y profesores la decisión de permitir o no estos dispositivos, siempre bajo un esquema de regulación pedagógica.
Desde la perspectiva del CPIC, regular resulta más efectivo que prohibir.
“Nuestra posición es regular con sentido pedagógico, no prohibir por prohibir. La escuela debe ser el lugar donde se aprende a usar la tecnología con criterio, seguridad y propósito”, afirmó.
El especialista agregó que ya existen experiencias positivas en algunos centros educativos, donde se han establecido franjas horarias, espacios definidos y un uso pedagógico claro de los celulares, respaldados por acuerdos de convivencia.
“Hay centros que ya han encontrado fórmulas sensatas: franjas y lugares definidos, uso pedagógico claro y acuerdos de convivencia. Ese enfoque es replicable si se acompaña de capacitación, señalización y reglas claras”, concluyó.
