Profesionalizar la Caja busca proyecto
Esteban Arrieta earrieta@larepublica.net | Lunes 19 diciembre, 2011
Remover la “mano política” es el objetivo de la iniciativa
Profesionalizar la Caja busca proyecto
Deficiente gestión durante años afecta servicio a asegurados
La deficiente administración de la Caja Costarricense de Seguro Social, por parte de los políticos de turno, tiene en jaque a la institución.
Esta situación tiene consecuencias directas sobre los pacientes, en especial en el mal servicio que reciben.
Como solución se plantea una reforma a la Caja, impulsada por Walter Céspedes, diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), cuyo objetivo central es que “los políticos saquen las manos de la Caja”.
Durante años, los criterios políticos pudieron haber tenido prevalencia sobre las decisiones técnicas. Esto, porque los presidentes ejecutivos de turno eran profesionales ajenos al área de la administración y la economía.
Entre 2006 y el año pasado, se crearon más de 8 mil nuevas plazas en la institución sin medir el impacto financiero a futuro adecuadamente.
Esto, porque el gasto se incrementó en un 118% y a pesar de eso, la atención de los asegurados no mejoró, de acuerdo con un informe elaborado por un grupo de notables que nombró la Presidencia de la República.
Ese error administrativo tiene en graves problemas financieros a la institución, ya que se calcula que el déficit que tendría la Caja en 2015 llegará a ¢313 mil millones, de acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud.
Por otra parte, las decisiones poco acertadas a lo largo de varias décadas, tiene al sistema de pensiones en graves problemas, ya que se estima que colapsará en 2022, si no se toman decisiones, tal y como lo señala la Contraloría General de la República.
El desfinanciamiento del régimen de jubilaciones se ha venido dando, porque la población en edad de trabajar ha crecido a un menor ritmo en relación con las poblaciones dependientes; es decir, niños, personas con discapacidad y pensionados.
La deficiente administración de la institución incide directamente en la atención de los usuarios.
Servicios como odontología, oftalmología, cardiología, ortopedia y gastroenterología, figuran entre las especialidades médicas que tienen largas listas de espera, en algunos casos, hasta de cinco años.
Lo peor de todo, es que hay pacientes que requieren exámenes urgentes para evaluar su condición de salud y al final, cuando la esperada cita llega, es poco lo que se puede hacer para salvarle la vida.
Otro ejemplo de la mala administración está relacionado con las contrataciones que hace la Caja a ciertas empresas privadas.
Entre 2003 y 2009, al menos ¢5.200 millones fueron pagados a Radioterapia Irazú, para que atendiera con su acelerador lineal a los asegurados que le remitió la Caja. Sin embargo, con ese mismo dinero, la institución pública pudo haber comprado al menos tres aceleradores nuevos y de esta forma atender a los pacientes con cáncer que requerían el tratamiento.
Uno de los problemas más graves tiene que ver con el reforzamiento de gremios y sindicatos a lo interno de la Caja, el cual ha permitido que sus trabajadores exijan cada vez más privilegios laborales.
Un tope de cesantía de 20 años, aumentos semestrales por encima de la inflación y más días de vacaciones, figuran entre las mejoras que han logrado, a costa del dinero de los asegurados.
La última huelga de anestesiólogos que se extendió durante 14 días, dejó más de 3 mil cirugías aplazadas, más de ¢3 mil millones en pérdidas, una cuenta por pagar en horas extra por resarcir el daño y un mes adicional de vacaciones profilácticas para esos funcionarios.
Con el objetivo de evitar que las malas decisiones administrativas sigan generándoles problemas a los asegurados, el legislador Céspedes del PUSC, impulsa un proyecto para que la junta directiva de la Caja cuente con los profesionales que requiere, y no con los políticos que designe el gobierno de turno.
Un concurso público que sería avalado por alguna universidad estatal, se encargaría de seleccionar a los cuatro integrantes que nombra el Poder Ejecutivo cuando inicia su administración. Esas personas deben cumplir con un perfil profesional establecido en la ley, y que serían un economista, un abogado, un médico y un actuario.
El resto de los integrantes de la junta directiva, seguirán siendo nombrados por los médicos, la empresa privada, el solidarismo y los sindicatos.
Por otra parte, el presidente ejecutivo se convertiría en tan solo un enlace entre el Gobierno y la Caja, ya que sobre él estaría un gerente general que también se designará por concurso público.
“La Caja no es otra cosa que una fiesta política, una institución que ha servido como piñata para los partidos políticos, los médicos y trabajadores de esa institución. Todo el mundo sabe lo que está pasando ahí, pero nadie acusa a nadie, es hora de cambiar eso”, concluye Céspedes.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
Profesionalizar la Caja busca proyecto
Deficiente gestión durante años afecta servicio a asegurados
La deficiente administración de la Caja Costarricense de Seguro Social, por parte de los políticos de turno, tiene en jaque a la institución.
Esta situación tiene consecuencias directas sobre los pacientes, en especial en el mal servicio que reciben.
Como solución se plantea una reforma a la Caja, impulsada por Walter Céspedes, diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), cuyo objetivo central es que “los políticos saquen las manos de la Caja”.
Durante años, los criterios políticos pudieron haber tenido prevalencia sobre las decisiones técnicas. Esto, porque los presidentes ejecutivos de turno eran profesionales ajenos al área de la administración y la economía.
Entre 2006 y el año pasado, se crearon más de 8 mil nuevas plazas en la institución sin medir el impacto financiero a futuro adecuadamente.
Esto, porque el gasto se incrementó en un 118% y a pesar de eso, la atención de los asegurados no mejoró, de acuerdo con un informe elaborado por un grupo de notables que nombró la Presidencia de la República.
Ese error administrativo tiene en graves problemas financieros a la institución, ya que se calcula que el déficit que tendría la Caja en 2015 llegará a ¢313 mil millones, de acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud.
Por otra parte, las decisiones poco acertadas a lo largo de varias décadas, tiene al sistema de pensiones en graves problemas, ya que se estima que colapsará en 2022, si no se toman decisiones, tal y como lo señala la Contraloría General de la República.
El desfinanciamiento del régimen de jubilaciones se ha venido dando, porque la población en edad de trabajar ha crecido a un menor ritmo en relación con las poblaciones dependientes; es decir, niños, personas con discapacidad y pensionados.
La deficiente administración de la institución incide directamente en la atención de los usuarios.
Servicios como odontología, oftalmología, cardiología, ortopedia y gastroenterología, figuran entre las especialidades médicas que tienen largas listas de espera, en algunos casos, hasta de cinco años.
Lo peor de todo, es que hay pacientes que requieren exámenes urgentes para evaluar su condición de salud y al final, cuando la esperada cita llega, es poco lo que se puede hacer para salvarle la vida.
Otro ejemplo de la mala administración está relacionado con las contrataciones que hace la Caja a ciertas empresas privadas.
Entre 2003 y 2009, al menos ¢5.200 millones fueron pagados a Radioterapia Irazú, para que atendiera con su acelerador lineal a los asegurados que le remitió la Caja. Sin embargo, con ese mismo dinero, la institución pública pudo haber comprado al menos tres aceleradores nuevos y de esta forma atender a los pacientes con cáncer que requerían el tratamiento.
Uno de los problemas más graves tiene que ver con el reforzamiento de gremios y sindicatos a lo interno de la Caja, el cual ha permitido que sus trabajadores exijan cada vez más privilegios laborales.
Un tope de cesantía de 20 años, aumentos semestrales por encima de la inflación y más días de vacaciones, figuran entre las mejoras que han logrado, a costa del dinero de los asegurados.
La última huelga de anestesiólogos que se extendió durante 14 días, dejó más de 3 mil cirugías aplazadas, más de ¢3 mil millones en pérdidas, una cuenta por pagar en horas extra por resarcir el daño y un mes adicional de vacaciones profilácticas para esos funcionarios.
Con el objetivo de evitar que las malas decisiones administrativas sigan generándoles problemas a los asegurados, el legislador Céspedes del PUSC, impulsa un proyecto para que la junta directiva de la Caja cuente con los profesionales que requiere, y no con los políticos que designe el gobierno de turno.
Un concurso público que sería avalado por alguna universidad estatal, se encargaría de seleccionar a los cuatro integrantes que nombra el Poder Ejecutivo cuando inicia su administración. Esas personas deben cumplir con un perfil profesional establecido en la ley, y que serían un economista, un abogado, un médico y un actuario.
El resto de los integrantes de la junta directiva, seguirán siendo nombrados por los médicos, la empresa privada, el solidarismo y los sindicatos.
Por otra parte, el presidente ejecutivo se convertiría en tan solo un enlace entre el Gobierno y la Caja, ya que sobre él estaría un gerente general que también se designará por concurso público.
“La Caja no es otra cosa que una fiesta política, una institución que ha servido como piñata para los partidos políticos, los médicos y trabajadores de esa institución. Todo el mundo sabe lo que está pasando ahí, pero nadie acusa a nadie, es hora de cambiar eso”, concluye Céspedes.
Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net