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La duplicación de funcionarios con asesores externos denota que hubo clientelismo y que la reestructuración de las instituciones públicas es tarea pendiente

Profesionalizar el Estado

Las calificadoras de riesgo Fitch y Standard & Poor’s ratificaron en febrero pasado la categoría para la deuda de Costa Rica. Su robusto crecimiento y su estabilidad económica siguen respaldando sus calificaciones soberanas. No obstante, el país deberá hacer los esfuerzos necesarios para no desmejorar esa nota.
Bajar el déficit fiscal con medidas que den un sano equilibrio a los gastos de acuerdo con los ingresos es lo que proporcionaría una deseada estabilidad y una menor presión.
Sin embargo, el proyecto de reforma fiscal sigue debatiéndose en el Congreso y encuentra fuerte resistencia en muchos sectores.
El problema radica en que los costarricenses no ven reflejados en buenos servicios los impuestos que pagan y por eso no se muestran decididos a contribuir más.
Los ciudadanos ven un Estado que aumentó en miles el número de sus plazas en la administración anterior, pero no mejoró el funcionamiento de las instituciones en cuanto a la rapidez y calidad de los servicios que brinda.
Los costarricenses no están de acuerdo en pagar más impuestos para que se sigan dando medidas que favorecen el clientelismo en el sector público.
Una excelente muestra de que los recursos se gastarán mejor sería que el gobierno se decidiera a meterle mano a la cuestión de la eficacia del Estado. Hay funcionarios de diferentes especialidades, en departamentos y secciones destinados a los más diversos asuntos de la administración y es ahí donde deben realizarse los procesos necesarios sin tener que acudir al pago de asesorías.
Esa duplicación de funcionarios con asesores externos denota que la capacitación del personal y la reestructuración de las instituciones públicas es una tarea pendiente que no ha sido realizada por los jerarcas a cargo. Llevamos muchos años de rezago en esto.
La falta de un estudio, institución por institución, la ausencia de adecuada fiscalización y de exigencia de rendimiento de cuentas han ido consolidando una lenta y costosa maquinaria estatal que por otra parte se muestra incapaz, a veces al punto de ser sustituida por asesores que aumentan el gasto.
Son dichos jerarcas los llamados a solucionar ese problema para, no solo eliminar pagos de asesorías, sino mejorar considerablemente la eficiencia y eficacia de las dependencias y bajar así gastos de operación.
Si todo esto se estuviera haciendo y se evidenciara mediante resultados, es muy probable que surgiera una mejor voluntad por parte de algunos sectores, de contribuir con algo más al fisco en la certeza de que los fondos serían bien utilizados.
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