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Urbanizadores podrán financiar obra
Procuraduría dio visto bueno a acueducto

• Dictamen representa un espaldarazo al modelo de inversión que intenta aplicar el AyA

Danny Canales
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El proyecto para construir el acueducto de Sardinal, en Guanacaste, se gestionó apegado a lo establecido en la legislación nacional.
Así lo sentencia un informe de la Procuraduría General de la República, luego de analizar el alcance del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, sobre el cual el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se basó para desarrollar el proyecto.
En ese sentido, el AyA está facultado para autorizar a empresas privadas a costear obras de alcantarillado público, siempre que se cumpla con los permisos correspondientes.
Además, la inversión que realicen los privados puede emplearse no solo para construir obra nueva sino también para ampliar la capacidad de infraestructura actual.
En los casos en que la inversión sea mixta, es decir que una parte del dinero lo aporte AyA y la otra los urbanizadores, solo es permitido cuando el interés público lo justifique, estima la Procuraduría.
Por su parte, el abogado del Estado destaca que el único derecho que se le reconoce a la empresa privada que costee el proyecto es el de “recibir dentro del plazo de cinco años, un abono por cada unidad de vivienda que contenga un proyecto de urbanización futuro y que utilice la infraestructura construida”.
Para Ricardo Sancho, presidente de AyA, el dictamen representa un espaldarazo al modelo de desarrollo y ejecución de infraestructura pública que impulsa la institución.
“Eso nos da una seguridad sobre el proyecto y las obras futuras que desarrolle el Instituto”, agregó el funcionario.
La construcción del acueducto en Sardinal ha sido un proyecto fuertemente cuestionado por los vecinos, las comunidades aledañas y por la Defensoría de los Habitantes. Incluso los opositores a la obra realizaron un movimiento e impidieron que se continuara con los trabajos.
Precisamente la constitución de un fideicomiso por parte de 22 empresarios para financiar el proyecto es la principal duda que embarga a los opositores de la obra, quienes alertan que podrían lucrar con el proyecto.
Al respecto, José Antonio Muñoz, presidente del fideicomiso, desmintió esas especulaciones y aseguró que más bien el acueducto contempla 3 mil pajas para vecinos de la zona, 3 mil para empresas y 2 mil adicionales para futuros proyectos que se desarrollen en la región.
LA REPUBLICA intentó conocer la posición de los vecinos de Sardinal y grupos opuestos al proyecto sobre el informe de la Contraloría, pero no fue posible contactarlos.
Las autoridades de AyA recurrieron a la Fiscalía Ambiental a poner una denuncia para que se investigue la contaminación de la que fue producto el acueducto. El Laboratorio Nacional de Aguas encontró combustible y sustancias cancerígenas en uno de los pozos.
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