Privilegios para pocos, costo de muchos

Salarios públicos superan a los privados

Privilegios para pocos, costo de muchos

Una secretaria en el sector público gana ¢600 mil al año más, que otra en el privado

“¡Páguennos más!”, era el grito de miles de funcionarios que realizaron paros la semana pasada.

El enojo de ellos es producto de que el Estado decretó un aumento sumamente pequeño en los salarios de sus empleados, para el primer semestre de este año.

Sin embargo, quienes deberían hacer manifestaciones por maltrato económico, son los empleados del sector privado, dado que en muchos casos tienen ingresos hasta un 13% menores que los de un trabajador público, aunque hagan las mismas funciones.

Además, los funcionarios a menudo cuentan con una serie de valiosos beneficios, que no tienen los empleados del sector privado.

Incluso, los funcionarios públicos tienen una ventaja que no tiene precio —el hecho de que en la práctica es imposible despedirlos.

Una forma de eliminar esta discrepancia sería eliminar los privilegios de los funcionarios, en las contrataciones futuras; sin embargo, no hay ningún plan para hacer esto.

Establecer el valor de los puestos de alto nivel es difícil, dado que a menudo se trata de capacidades únicas.

Sin embargo, se pueden comparar los salarios mínimos de varios puestos básicos, que requieren el mismo nivel de experiencia y capacidad.

Un ejemplo de esta diferencia se ilustra en el caso de una persona que el año pasado empezó a desempeñar la función de secretaria en el sector público, y que ganaba unos ¢600 mil más al año, que su homóloga en una empresa privada.

El señor o la señora, que barre los pisos en una oficina gubernamental, por su parte, ganaba casi ¢170 mil más al año, que su similar en una empresa privada, al tomar en cuenta su salario base más los beneficios adicionales.

En lo que a un auxiliar de contabilidad se refiere, un principiante en este puesto en el Estado, recibía un monto superior al que recibe su contraparte del sector privado, en aproximadamente ¢500 mil al año, de igual forma sumando todos los beneficios del sector público.

La brecha crece cada año, en este así como en los demás casos, gracias a varios beneficios, como anualidades, salario escolar, carrera profesional y vacaciones largas, así como una cesantía que es el doble o más de lo que recibe el empleado del sector privado.

Otro factor importante en ese cálculo es que, durante muchos años, los incrementos legales de los salarios eran mayores que los que se aplicaban en el sector privado.

No solo eso, sino que los incrementos eran calculados con base en el salario, más todos los beneficios adicionales.

Mientras tanto, el costo de la compensación salarial en el Estado sigue siendo un ancla, que complica el desarrollo nacional.

Para 2007, los empleados públicos representaban poco más del 13% de la totalidad de personas con empleo a nivel nacional, mientras en 2010 esta cifra llegó hasta casi un 16%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Este crecimiento ha repercutido en las arcas estatales, tanto así que para el presente año se presupuestaron no menos de ¢605 mil millones para salarios.

Los privilegios son necesarios para atraer a la gente adecuadamente capacitada, es lo que han dicho varios representantes del Estado, encuestados por LA REPUBLICA.

Sin embargo, esa justificación solo existiría en el caso de las personas con alto nivel de habilidad, que esperarían ascender más rápido en el sector privado que en el Estado, dada la agilidad de las empresas privadas.

Pero el tema del ascenso rápido no se aplica en la mayoría de los casos, así que no es necesario dar grandes incentivos a los futuros empleados, para que se incorporen en la fuerza laboral estatal.

Actualmente el Gobierno está tomando medidas para controlar los costos laborales, principalmente al decretar para sus empleados en el primer semestre del año, casi una congelación en los salarios.

Una solución a largo plazo para reducir las diferencias en los salarios, así como el alto costo para el Estado de pagarlos, sería recortar los privilegios del empleo en el sector público, en lo que a las futuras contrataciones se refiere.

Sin embargo, hasta la fecha no ha aparecido ningún plan estratégico para controlar esos gastos.

Bernal Rodríguez

brodriguez@larepublica.net