PREPARESE PARA REFORMA FISCAL

PREPARESE PARA REFORMA FISCAL

Tres importantes cambios propone nueva ley

Los principales cambios al sistema fiscal de Costa Rica podrían comenzar el próximo año, si el Congreso aprueba un programa que la administración Chinchilla está elaborando.

El Ministro de Hacienda en enero anunciará los detalles de las nuevas normas propuestas, que espera se conviertan en ley.

Pero Fernando Herrero ya ha decidido sobre los principales elementos del plan, según fuentes cercanas al proceso.

Los aspectos más importantes son la ampliación del sistema de impuesto sobre el valor agregado (IVA), la introducción de un impuesto sobre las ganancias de capital, y un aumento en las tasas de interés a pagar sobre la renta.

El gobierno también planea reducir el gasto, mediante la reducción de las operaciones innecesarias y redundantes.

Una combinación de mayores ingresos y menores costos debería ayudar a reducir el déficit del sector público de Costa Rica.

El déficit para el 2010 estará cerca del 5,5% del valor de la producción nacional, el nivel más alto desde 1994.

Por otro lado, el plan parece que incluye pocas medidas, que permitan cobrar los impuestos de manera más eficiente.

Uno de los elementos principales del plan consiste en aumentar el número de empresas que recaudan el impuesto al valor agregado.

El IVA es el monto que pagan los consumidores, cuando compran los productos, exceptuando las necesidades básicas, como alimentos.

Pero mientras que algunos servicios también cobran el IVA como las pólizas de seguros y las llamadas telefónicas otros muchos no.

Esto distorsiona la economía, dado que algunas compañías pueden cobrar a los consumidores un monto menor que otras.

Ejemplo

• Empresa A diseña e imprime un folleto de $100 para un cliente, que paga $113 incluyendo impuestos, ya que el folleto es un producto.

• Empresa B diseña y graba un CD de $100, con el mismo contenido, pero solo le cobra al cliente $100, porque un CD es software, que no está sujeto al IVA.

° En este caso, B tiene una ventaja sobre A, a pesar de que ambos se dedican a la misma actividad económica.

Al no exigir a muchas empresas a cobrar el IVA, el gobierno además pierde una cantidad significativa de los ingresos.

El sistema actual del IVA fue diseñado en un momento en que la economía consistió principalmente en la fabricación y venta de mercancías.

Pero el sector de servicios representa actualmente cerca de un 25% del valor de la producción nacional (sin tomar en cuenta los financieros).

Los principales sectores que actualmente no cobran el IVA incluyen el alquiler de bienes raíces y equipos, y varios tipos de transporte y tecnología, así como una amplia variedad de servicios profesionales, como legales jurídicos, contables, médico-dentales, asesoría y educación.

Al mismo tiempo, ampliar la base imponible del IVA será complicado.

Por un lado, no hay justificación para que un sistema permita a algunos sectores eludir la obligación de cobrar el IVA, mientras otros estén obligados a imponerlo.

Por otra parte, los educadores privados y proveedores de servicios médicos dos de los más grandes sectores potencialmente afectados argumentarían que no están en competencia con nadie, porque sus homólogos del sector público trabajan sin fines de lucro.

Además, los consumidores de la educación privada y los servicios médicos ya hacen una especie de doble contribución.

Estas personas pagan impuesto sobre la renta, que financia la educación pública y la salud.

Además, el hecho de que ellos utilicen la educación y los servicios de salud privados, significa que el sector público cuenta con recursos adicionales, que se dedican a la gente que los necesita.

En este caso, aplicar el IVA a las escuelas privadas y los servicios de salud privados sería una triple tributación.

Otro cambio propuesto por la nueva normativa supone la introducción de un impuesto sobre las ganancias de capital.

Bajo este sistema, una persona que vende un activo tendría que pagar un monto probablemente el 15% de la utilidad.

La mayoría de los países desarrollados carga este tipo de gravamen.

No obstante, la introducción de un impuesto sobre las plusvalías en Costa Rica también implica complicaciones.

Uno de los mayores problemas se refiere a la necesidad de decenas de miles de contribuyentes de contratar peritos y contabilistas, para calcular el valor de sus activos gravables —que probablemente abarcarían la mayor parte de sus negocios, y de los bienes raíces comerciales.

El impuesto se aplicaría en el aumento en el valor de los activos, a partir de la fecha en que las nuevas normas entren en vigor.

A fin de no pagar el impuesto sobre el incremento, que sucedió antes de la fecha de inicio, los contribuyentes tendrán que establecer el valor de sus activos en el día en que la norma entra a regir.

Una cuestión relacionada con el tema del impuesto de bienes de capital tiene que ver con que si el sistema ofrece o no un tratamiento favorable, en relación con la venta de una casa privada.

Muchos países desarrollados dejan exentas las residencias personales, mientras que otros ofrecen incentivos fiscales para los pagos de hipoteca de la casa.

Otra cuestión consiste en garantizar que el sistema carga el impuesto sobre las utilidades reales, y no las ganancias nominales causadas por la inflación.

El plan del Ministro, al parecer, permitirá a los contribuyentes ajustar el precio de venta de un activo para la inflación, en cuyo caso el problema no debería surgir.

Ejemplo

° En el año uno, una persona compra una propiedad por $100

° En el año dos, la persona vende la propiedad por $200

° Entre el año uno y el año dos, la inflación es del 100%

° La ganancia nominal de la venta es de $100

° La ganancia real (ajustada a la inflación) es cero

Un tercer componente importante de las normas propuestas, consiste en gravar la totalidad de los ingresos por intereses con un monto único del 15%.

En la actualidad, los impuestos pagaderos sobre los intereses dependen de la fuente de ingreso.

Entre las más relevantes, las ganancias en los bonos del Estado y de los depósitos bancarios pagan el 8%, mientras que los intereses generados por inversiones en cooperativas y mutuales, así como en el Banco Popular, no son gravados.

Otra duda consiste en cómo incrementar la eficiencia del sector público, como parte de la tarea de reducir el déficit.

Los cambios propuestos al parecer tratan de reducir el costo de las operaciones del sector público.

Pero queda por ver si el plan alcanza este objetivo.

En los últimos meses, otros países que enfrentan un grave déficit entre ellos España, el Reino Unido e Irlanda han anunciado la congelación salarial para los empleados públicos, así como la reducción de planillas.

Las reformas propuestas al parecer no incluirían la obligación de los costarricenses a pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos fuera del país.

La administración anterior, sin éxito, trató de introducir un impuesto mundial.

Sin embargo, tratar de determinar los ingresos que ganan los costarricenses en el extranjero, así como cobrarlos, es difícil para un país, que a menudo es ineficiente en la recaudación de impuestos sobre los ingresos locales.

Fred Blaser

Co-presidente República Media Group