Preguntas equivocadas y distracción de las verdaderas responsabilidades de las municipalidades

Desde hace semanas quería escribir acerca de las elecciones municipales en un periódico de alcance nacional para hacer algunas observaciones acerca de los temas y problemas a los cuales los candidatos y candidatas a la alcaldía deben darle una propuesta de solución.

El hecho de que el artículo 169 de la Constitución Política indique que la administración de los intereses y servicios locales están a cargo del Gobierno Municipal abrió las posibilidades para que todo lo que sea un mal para los vecinos y vecinas del cantón se torne en un problema por resolver para las autoridades locales.

Siendo así, el margen de actuación de las municipalidades es muy amplio, desde la seguridad, la educación, la cultura, la salud, el deporte, acueductos para agua potable, tratamiento de residuales, vivienda, violencia de género, disminución de la pobreza, vivienda, atención de emergencias cantonales y muchas más; sin embargo, difícilmente se habla de las diferentes leyes que limitan la actuación municipal y del escaso dinero con que cuentan.

Algunos de los planteamientos a un candidato o candidata a alcalde en un debate pueden ser: ¿cómo disminuirá los asaltos, robos, homicidios en el cantón?; ¿cómo atraerá inversión al cantón que logre generar empleo?; ¿cuáles programas de vivienda tiene para las familias que están en zonas de riesgo? O en términos generales, ¿cómo disminuirá el índice de pobreza, mejorará los índices de desarrollo humano, humano relativo al género y el índice de potenciación de género? Creo que las personas que ven o escuchan los debates ignoran cuáles son las posibilidades reales de su municipalidad para atender esos y otros problemas.

Para dar una idea de la realidad de los ingresos municipales podemos comparar los ingresos tributarios del Gobierno en el año 2018, que fueron aproximadamente de ¢4.567.132.000.000,00, y los ingresos corrientes de las municipalidades en ese mismo año por ¢409.081.899.390,00. Las municipalidades tienen apenas un 8,96% de los ingresos del Estado para atender una variedad inmesa y compleja de problemas que el propio Poder Ejecutivo no ha podido resolver. Es necesario advertir que 13 de las 81 municipalidades tenían en el 2018 el 55,8% de los ingresos totales, algunas de ellas, San José 15,6%, Alajuela 7,4%, Cartago y Escazú 4,8% cada una, Heredia 4,2%, Curridabat 2,8%, San Carlos 2,7%, le siguen Goicoechea, Santa Ana, Limón, La Unión, Puntarenas y Desamparados con porcentajes de, 2,6% al 2%. Municipalidades como San Rafael de Heredia tiene 0,9% de esos ingresos y en el último lugar está la de Guatuso con 0,09% y en total 53 de los gobiernos locales del país tienen cada uno de ellos menos de 1% de los ingresos.

Sobre seguridad ciudadana y, por ejemplo, disminución de la pobreza que es tan amplio, ¿qué pueden aportar las 53 municipalidades de ingresos más bajos? Las candidatas y candidatos lo más honesto que pueden decir es que coordinarán con las instituciones del estado para atenderlos. El planteamiento de muchos de esos problemas lo que hace es desviar la atención de lo que realmente la mayoría de las municipalidades puede y debe mejorar como lo es la gestión tributaria del territorio, la evaluación de la agilidad en los trámites municipalides basado en la Ley 8220 que eso sí tendría un beneficio para aumentar el empleo al propiciar el comercio, la inversión, la facilidad para que las familias puedan construir vivienda, el uso eficiente y legal de los recursos aportados por la Ley 8114 (“transferencia de competencias) para caminos, entre otros.

En torno a la seguridad ciudadana, puedo agregar que el Poder Ejecutivo fue fortalecido con la creación del Impuesto a las personas jurídicas (Ley 9428) y en el caso de la vivienda con el Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda (Ley 8683). Parece que ambas leyes no han sido suficientes para tener un país más seguro y para cerrar el “Déficit Habitacional Tradicional” que según FUPROVI en su informe del 2017, era de 186.517 viviendas. Si son unas cuantas municipalidades las que tienen resueltos problemas fundamentales de su cantón permitiéndoles destinar recursos a un servicio que la Constitución Política de nuestro país le ha asignado al Estado y además se les ha creado recursos ¿Cómo va a ser responsable un alcalde por la inseguridad de su cantón si no tiene dinero ni recursos para solucionarla?

Los indicadores negativos provenientes de diferentes estudios no necesariamente son responsabilidad de una municipalidad y el hecho de señalar a un alcalde o alcaldeza por ello es desviar la atención de lo que verdaderamente pueden y deben hacer y además se deja de señalar a los que sí son responsables por las desigualdades municipales, esos que han creado costas y fronteras pobres y unos cuantos cantones ricos en el centro del país, los creadores de las leyes, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo que no ha repartido la inversión pública por todo el país.

Con las discusiones que he escuchado en los debates y las propuestas surgidas de ellos a raíz de preguntas equivocadas, creo que en 4 años tendremos un aumento en el disgusto de los vecinos y vecinas de muchos cantones cuando los resultados ni siquiera se acerquen a las expectativas, a lo prometido.

Alberto Vega Castro

Mágister en Administración y Derecho Municipales

Consultor en Administración y Finanzas Municipales.

Correo avega722@gmail.com