¿Posibilidad de default?

La declaratoria argentina de cesación de pagos puede llevar a muchos a hacerse la pregunta sobre su factibilidad o conveniencia para Costa Rica. Me refiero a dos precedentes: la crisis de la deuda externa de agosto de 1981 producto de nuestro default y la Iniciativa para los Países pobres Altamente Endeudados, conocida como HIPC por las siglas en inglés.

En agosto de 1981, el Gobierno fue incapaz de renovar bonos internacionales a su vencimiento y entró en cesación de pagos. No fue producto de una estrategia. Fue impuesto por nuestros acreedores. Luego, el Representante del FM fue expulsado por el Gobierno para construir una narrativa espuria de supuesta soberanía. La comunidad internacional solo reconoció una crisis de deuda externa luego del default de México de agosto de 1982, en los meses posteriores siguieron muchos países de tamaño grande y mediano. En aquellos años, la estrategia de industrialización sustitutiva de importaciones era propensa a generar déficits comerciales producto de las oscilaciones de los términos del intercambio asociadas a las exportaciones de productos primarios. Como complemento histórico, la formación de la OPEC condujo a los aumentos de precio del petróleo de 1974 y 1978. El exceso de liquidez de los países productores (petrodólares) fue colocado en los grandes bancos, los cuales incursionaron en nuevo mercado: los deudores soberanos (países en desarrollo). Costa Rica fue uno de los pocos países pequeños que se aprovecharon de esos préstamos y, de esa manera, financió los desequilibrios comerciales y fiscales, y postergó cualquier devaluación hasta que esta se hizo insostenible.

La deuda externa de Costa Rica consistía en créditos bilaterales de los países amigos, la deuda multilateral con los bancos de desarrollo y el FMI, y la deuda en manos de los bancos comerciales.

Las innumerables negociaciones en el frente internacional hasta recuperar la confianza, en las cuales me tocó participar, incluyeron la deuda bilateral con los gobiernos amigos que se comportaron generosamente, pero prácticamente eliminaron este tipo de créditos; los bancos comerciales lucharon afanosamente contra tener que aceptar pérdidas nominales en el valor de sus títulos hasta que la realidad del mercado terminó imponiéndose mediante defaults. Los organismos internacionales fueron actores claves y se desarrolló la condicionalidad cruzada que los convertía en los supervisores y garantes de las grandes negociaciones en los tres frentes. Ante el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, se empezó a condicionar los acuerdos de la deuda externa a cambios de política, que luego John Williamson denominó “el consenso de Washington” en un artículo que intentó resumir aquellas políticas en las que parecía haber acuerdo en los organismos de Washington D.C. Sobre este tema complejo, muchos escribimos libros. Pero lo que quiero destacar es que gran parte de la deuda externa estaba en manos de bancos comerciales y de gobiernos, los que debieron registrar pérdidas en el valor de sus activos.

A mediados de 1993, el South Center, ubicado en Ginebra, me contrató para desarrollar una nueva estrategia para el manejo de la deuda externa. El documento que preparé lo centré en los países pequeños y pobres altamente endeudados. Las iniciativas de reducción de la deuda externa de los ochenta no los había beneficiado en absoluto, pues nunca habían tenido acceso a los petrodólares. Su deuda era con los organismos multilaterales. Hasta ese momento, no había precedentes de reducción de la deuda preferente multilateral. El argumento de la propuesta fue legal y económico. En materia legal, me basé en que nada en los estatutos de estos organismos lo prohibía. En lo económico, que era indispensable una reducción del peso del servicio de la deuda para que estos países pudieran retornar al crecimiento. El gabinete económico del Presidente Suharto de Indonesia, ante cuya solicitud se llevó a cabo el estudio, aceptó la propuesta y el propio Presidente la presentó en una reunión del G7, cuyos miembros la adoptaron bajo el liderazgo del presidente Clinton y, así, nació HIPC. En América Latina se beneficiaron Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua, la mayoría fue en el continente africano. El punto para destacar es que la composición de la deuda era multilateral y requirió una decisión política al más alto nivel del planeta. Por su parte, los organismos multilaterales pudieron absorber, sin dificultades las rebajas de la deuda de estos países.

La deuda actual de Costa Rica está dominada por los organismos multilaterales y bonos. Todos los fondos de pensiones nacionales tienen elevados porcentajes (70-80%) en bonos de gobierno. Otros fondos de pensiones extranjeros también tienen bonos de gobierno de Costa Rica, pero con exposiciones menores. De tal manera que default y renegociación en el valor nominal de estos títulos, tal como se encamina Argentina, daría al traste con las proyecciones actuariales (ya afectadas por los cambios demográficos y agravadas por la pandemia) de nuestros fondos de pensiones. De tal manera, que este tipo de negociación sería tapar un hueco mientras se abre otro, quizás de mayores consecuencias.

Por su parte, la estrategia gubernamental parece centrarse en cubrir el creciente déficit fiscal mediante mayor endeudamiento multilateral en momentos en que la deuda del Gobierno sobrepasa el hito negativo de 60% del PIB. Default con los multilaterales sería absolutamente contrario a la estrategia gubernamental actual; además, es terreno solo avanzado en el precedente mencionado para un grupo muy particular de países y, en ese caso, de muy poco impacto para los acreedores. De tal manera que no veo recomendable ni factible seguir el camino argentino.

Ennio Rodríguez

Licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica y Doctor en Desarrollo de la Universidad de Sussex del Reino Unido.