Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 9 Septiembre, 2010


De cal y de arena
Por los fueros de la ley y la moral

Al anular la Sala Constitucional toda la madeja de resoluciones “montadas” en el ámbito de las relaciones obrero-patronales de Japdeva, lo que hace es salir por los fueros de la legalidad y rescatar el principio consagrado en el artículo 39 de la Carta Magna de escuchar del indiciado cuanto tenga que alegar en defensa propia en términos sencillos el debido proceso. La Sala ha sido coherente en el rescate de este principio tan venido a menos cuando reina la arbitrariedad, generalmente en la era de la ley del embudo. En el caso, la desesperación con que la administración Arias fumigó todo foco de resistencia a sus proyectos de privatización portuaria en el Caribe imprimió en sus acuerdos y resoluciones con evidente soberbia y megalomanía, cuidado si no también codicia una desafiante ilegalidad.
En el voto 14193 la Sala sale al paso del atropello al debido proceso y anula los acuerdos de la Asamblea General de eso que tuvo todas las características de un “sindicato blanco”.
Pero hay otros expedientes incoados contra las actuaciones del Gobierno y de Japdeva en los que los Tribunales deberán decir si, como lo acusan sólidas evidencias, se han producido graves agravios a distintos Convenios de la OIT a los que el país está adherido, como los que instituyen la libertad sindical, el derecho a la sindicación, las reglas de la negociación colectiva y la autonomía plena de la acción sindical ante los órganos del Estado, que consolidan y amplían el Pacto de San José y el Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué tanta prisa, tanto atropello a la juridicidad y tanta manipulación? ¿Qué intereses llevaron a doblar voluntades con el cebo de los US$137 millones para asegurar la aceptación de los caprichos de un presidente y de sus adláteres, millones que se escamotearon a la hora de proveer los US$80 millones requeridos para modernizar las existentes instalaciones portuarias? Felizmente la Asamblea Legislativa le meterá el bisturí a esta aventura de piratas. El país debe esperar de la solvencia moral e intelectual de jueces y diputados que reviente el divieso salpicando a quienes tenga que salpicar.
El principio de legalidad está en juego. ¿No lo entienden en el seno de las cámaras patronales los prominentes empresarios que pegan el grito al cielo y advierten el fin de los siglos porque se va a hacer una exhaustiva revisión de esta “curiosa” entrega de los intereses nacionales en obsequio a los promotores de una desenfrenada vocación por la concesión de obra pública corroída por las debilidades? Tras los escándalos de Alterra, Riteve, Ruta 27 y puertos Limón-Moín ha surgido el grito que reclama sanear procedimientos plagados de lunares que seguramente no consentirían esos mismos empresarios en daño suyo. No se trata de validar los privilegios, fueros y costos en demasía consagrados en las Convenciones Colectivas de Trabajo de Japdeva por sus directores con el aval del Ministerio de Trabajo y de seguro, de la Presidencia de la República. Erradicarlos es tarea pendiente, pero hay que hacerlo por los cauces de la ley… y de la decencia en la gestión pública.

Alvaro Madrigal