Pon las barbas a remojar

De cal y de arena

Pon las barbas a remojar

Alvaro Madrigal

“Arroyo deje al padre Minor en paz” decía el graffiti con que se quiso amenazar al Presidente de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia. Una amenaza que podía llevar toda la intencionalidad de una agresión física o estar limitada a asustar con la vaina vacía y que, como quiera que fuese, resultaba fatuo artilugio dada la integridad del magistrado José Manuel Arroyo. En cambio, a los miembros del Tribunal Ambiental les fue peor pues las amenazas a su humanidad fueron sucedidas por el robo con violencia de los equipos y archivos de registro de las delictivas andanzas de ambiciosos (y a veces influyentes) empresarios decididos a arrasar con el patrimonio ambiental con tal de satisfacer su avaricia. Igualmente vano aquí, por tratarse de funcionarios de reconocida verticalidad cívica que no ceden espacio a la represión de su libertad (siendo más grave su caso, la repercusión mediática fue achicada). En otros expedientes y de otro jaez hay métodos utilizados con sutileza y presentados con un velo cuidadosamente ligero como para hacer que se entienda el mensaje subliminal que ordena “ceder”. Son métodos más eficaces y por lo mismo posiblemente más peligrosos para la independencia de jueces. Son propios de un estado de cosas dominado por el trasiego de influencias y el conflicto de intereses, anticipo del derrumbe de las instituciones corroídas por la corrupción.

La rebelión de los jueces, lo del magistrado Arroyo, lo del Tribunal Ambiental y lo de las presiones sobre quienes frustraron las ambiciones de los promotores de la explotación abusiva de aguas en Sardinal o las rutas intersectoriales, revelan que el país no está ante hechos aislados. Para su análisis resulta impertinente la casuística facilona que descalifica y condena a unos porque les concibe movidos por el afán de romper la institucionalidad o de desconocer la voz de las urnas electorales. Aquellos hechos que condujeron al manoseo del artículo 132 de la Constitución Política, sembraron dudas sobre la capacidad de resistencia de las instituciones llamadas a pronunciarse sin interferencias ajenas. Dudas que se multiplican a raíz de la tramitación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y de las leyes de implementación donde varios veredictos de infalibilidad constitucional han hecho que miles de costarricenses se pregunten cómo, en millares de páginas y centenas de artículos, se produjo el milagro de no incurrir en un solo vicio de inconstitucionalidad. Dudas que se espesan más con lo que alborota ACOJUD.

El país debe reaccionar contra toda represión de la independencia de los jueces y deben incorporar mecanismos evaluadores de la función jurisdiccional (ética incluida). Pero debe hacerlo tanto proveyendo de garantías al funcionario para que se desenvuelva con la seguridad debida a su integridad personal cuanto exigiendo plena idoneidad. Abordar la cuestión desconociendo la posibilidad de jueces volubles ante presiones políticas o económicas es simplemente hacer las del avestruz.