Políticos y periodismo

Hablando Claro
Políticos y periodismo

Desde siempre políticos y periodistas hemos vivido una relación tirante. Nuestros oficios discurren por la paradójica ruta de la necesidad mutua. Pero no siempre perseguimos los mismos fines. Los periodistas aspiramos al codiciado tesoro de las verdades de los hechos noticiosos acerca de los cuales informamos. Pero el ideal de la verdad es complejísimo no solo porque en general andamos pescando en un mar de realidades turbulentas —sin que seamos duchos en todas las aguas que navegamos— sino porque también hay corrientes que provocan oleajes de todo tipo para impedirnos llegar al fondo del océano que es la realidad de un hecho en particular.
Evidentemente no todos los políticos andan buscando ocultar realidades, como no todos los periodistas están bien capacitados para el oficio de buscarlas y presentarlas con precisión y corrección como manda la técnica e impone la ética. Por eso conviene recordar que efectivamente en nuestro sistema democrático de derecho tenemos garantizado un sistema de pesos y contrapesos para que la prensa obtenga la información que el público tiene derecho a conocer, pero también para que actuemos con apego a la rigurosidad y la responsabilidad debida. El ideal del buen ejercicio siempre debe ser ético antes que legal, pero habida cuenta de la debilidad humana el sistema provee de los cauces jurídicos para resolver las controversias.
Con el tiempo y la solidez institucional democrática se volvió frecuente que los periodistas tuviéramos que acceder a las vías de ley para reclamar documentos y lograr información de interés público, aunque por supuesto existen y de seguro seguirán existiendo muchas formas de ocultamiento.
No tan frecuente ha sido la práctica de la acción legal de los políticos contra la prensa aunque la verdad sea dicha, ellos se han quejado y se quejarán siempre (muchas veces con total razón) de nuestra poca capacidad para ejercer el oficio con la precisión debida. Claro que solo se quejan de nosotros cuando nuestros enfoques no coinciden con sus intereses, objetivos y propósitos.
En el caso de la ruta 856 (me seguiré negando a darle categoría de gesta heroica a ese proyecto) resulta interesantísimo constatar cómo la evasión y la elusión de las obligaciones de los actores (unos han hablado, otros hablado a medias y otros aún están calladitos) que tuvieron participación en la toma de decisiones respecto de ese camino, derivaron en una querella por difamación contra la colega Vanessa Loaiza de La Nación por parte de los señores Adrián Chinchilla Miranda y Carlos Espinach Phillips que no son funcionarios públicos y aducen afectación de su patrimonio moral por una publicación que califican de insidiosa. A riesgo de ser demandada también, debo decir con franqueza que aún no tengo claro si esa querella es más bien una táctica distractora para no volver a ver adonde sigue sentado él, la o los responsables de los hechos. Lo que sí es clarísimo es que tiene un efecto persuasivo que ya empezó a rendir sus primeros frutos.

Vilma Ibarra