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Proyecto de ley busca limitar medida alternativa
Políticos culpables y narcos sin “casa por cárcel”

Privilegio sería solo para enfermos terminales, embarazadas o madres de menores de tres meses

Al considerar que en el pasado la medida alternativa de “casa por cárcel” benefició inadecuadamente a la clase política cuestionada y a los narcotraficantes, Oscar Alfaro, diputado de Liberación Nacional, presentó un proyecto de ley que busca limitar ese privilegio judicial.
La iniciativa pretende reformar el Código de Procedimientos Penales en cuanto al arresto domiciliario, privilegio que solo sería para personas que sufren de una enfermedad terminal certificada por un médico, mujeres embarazadas o con niños menores de tres meses.
En caso de convertirse en ley de la República, los jueces no podrán otorgar la “casa por cárcel” como medida cautelar o condenatoria, para quienes no cumplan los nuevos requisitos que contempla el proyecto de ley, así como la buena conducta y el arraigo que ya están vigentes.
“En estos momentos, el juez penal tiene una amplitud de criterio, una discrecionalidad sobre el tema, que nos parece excesiva. Yo considero que el arresto domiciliario se ha convertido en una granjería de la clase política en los últimos años, la cual se ha visto beneficiada con este tipo de medidas y es hora de ponerle un límite; asimismo, hay que analizar con lupa lo relacionado con el narcotráfico”, expresó Alfaro.
De acuerdo con la normativa vigente, el juez de turno tiene la discrecionalidad de dictar el arresto domiciliario como medida cautelar o condenatoria, cuando lo considere oportuno.
En la última década, los expresidentes Rafael Angel Calderón (1990-1994) y Miguel Angel Rodríguez (1998-2002) enfrentaron acusaciones penales, por las cuales fueron recluidos en prisiones por varios meses, hasta que el juez de turno les otorgó el beneficio de “casa por cárcel”.
Más recientemente, el Poder Judicial fue blanco de fuertes críticas, cuando Kathya Jiménez, jueza de Pavas, otorgó el beneficio de “casa por cárcel” a dos reos mexicanos, relacionados con una avioneta que el 10 de octubre anterior se estrelló con 177 kilogramos de cocaína en el río Torres. Por estos hechos, la funcionaria fue suspendida sin goce de salario por un mes por la Corte Suprema de Justicia.
Mientras, este martes trascendió otra suspensión a un juez de Corredores, quien le brindó ese mismo beneficio a un panameño sospechoso del delito de narcotráfico, el cual, al parecer ya se fugó del país.
“La discrecionalidad del juez para decidir sobre este tema, se ha vuelto muy amplia, ya que se ha interpretado que se puede dar el beneficio a extranjeros que no tienen arraigo en el país, eso podría ser peligroso, sobre todo, en momentos en que hay una intensa lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, concluyó Alfaro.
El costo por privado de libertad al día en una prisión nacional, asciende a poco más de $38, lo cual incluye alimentación, seguridad, logística y salud, así como implementos de limpieza y servicios de psicología y trabajo social, entre otros, calcula Hernando París, ministro de Justicia.
Mientras que los costos por arresto domiciliario incluyen todos aquellos que se derivan de la custodia de las personas que disfrutan de ese beneficio, es decir, el salario de los funcionarios, alimentación y cualquier otro gasto, por lo que el monto podría ser mayor.

Esteban Arrieta
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