Política de destrucción de competitividad y de valor en el sector eléctrico nacional

La normativa legal nacional abrió un espacio en el año 1990 con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Ley 7200, la cual autorizó la inversión privada para que pudiera reforzar la inversión pública en el desarrollo de la generación eléctrica con recursos renovables (hidroeléctricos, eólicos, biomásicos, etc.) con proyectos de una capacidad máxima de 20 MW.

Con base en esta nueva legislación, se empezaron a desarrollar proyectos con esa capacidad o menor cumpliendo toda la normativa legal y regulatoria que fue establecida para tal fin.

La ARESEP (Autoridad Reguladora de Servicios Públicos) fue el ente del Estado designado para fijar las tarifas de las nuevas plantas eléctricas, dado que esta generación fue declarada como un servicio público.

El ICE fue el ente del Estado encargado para realizar la declaratoria de elegibilidad de cada planta y para comprar la electricidad de esas plantas para distribuirla y venderla luego a los clientes del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a un precio mayor al que compra, lo cual le genera rédito a la institución.

La distribución de la electricidad comprada bajo esta modalidad contractual (al igual que la electricidad que se compra en Centroamérica) se realiza a través de las redes de transmisión del ICE, las cuales están conectadas a todas las redes de distribución de las ocho empresas de distribución eléctrica que existen en el país (ICE, CNFL, ESPH, JASEC y las cuatro Cooperativas Eléctricas).

Para establecer la relación contractual entre el ICE y las sociedades dueñas de las plantas de generación eléctrica bajo el marco normativo establecido en 1990, se definió que los contratos de suministro de electricidad tuvieran un plazo de 20 años.

Al vencimiento del plazo, estos contratos venían siendo renovados por el ICE cuando se llegaba a los 20 años, ya que la vida útil de las plantas de generación eléctrica es por lo menos el doble de los plazos establecidos por los contratos.

Los costos de generación de esas plantas de fuentes de energía renovables que operan bajo el marco normativo establecido en 1990 son mucho más bajos que muchas de las plantas estales que actualmente operan en Sistema Eléctrico Nacional.

También son mucho más bajos que los costos de las plantas estatales de generación que usan recursos fósiles (búnker y diésel) y de la electricidad que se importa proveniente de generadores privados ubicados en varios países de Centroamérica (la cual es generada mayoritariamente con recursos energéticos fósiles).

Mediante la Resolución RE-0079-IE-2020 (publicada en el Alcance No. 225 a La Gaceta No. 214 del 26 de agosto del 2020), la ARESEP les fijó a estas plantas nacionales una tarifa de venta al ICE de $c5,812 por kWh ($c/kWh = centavos de dólar de los EE.UU. por kilovatio hora).

También generan empleo de calidad y especializado, y pagan todos los impuestos al Estado y a las Municipalidades donde están ubicadas.

La situación cambió este año cuando el ICE dejó de renovar los contratos de estas plantas de generación eléctrica con energías renovables y de bajo costo por razones “institucionales” y anunció que en el futuro no renovarían más contratos cuando vencieran sus plazos.

No se ha explicado cuales son las razones “institucionales” que han conducido a esta decisión de no renovar los contratos a partir de su vencimiento.

Esta política pública no es ni más ni menos que una destrucción de competitividad y de valor en el sector eléctrico nacional en un momento en que el país requiere urgentemente de muchas acciones positivas, como reactivar la economía, bajar las altas tarifas eléctricas para aumentar la competitividad nacional, generar empleo y aumentar los ingresos fiscales con un aumento de la producción nacional (incluyendo la producción de electricidad).

Todo esto se da en un momento donde las proyecciones futuras incluyen la importación de electricidad de Centroamérica y la generación de electricidad con plantas térmicas con recursos energéticos fósiles derivados de petróleo.

La electricidad generada localmente con plantas térmicas es también mayoritariamente importada ya que el búnker y el diésel que usan son importados.

La riqueza generada por ambas importaciones que realiza el país todos los años (recursos fiscales y no fiscales, empleo, etc.) se queda en el extranjero.

En cuanto a los costos de generación de electricidad, varias plantas estatales importantes de generación con energías renovables tienen un costo muy alto, tales como Pirrís $c28,4/KWh, Reventazón $c15,1/KWh, Balsa Inferior $c17,4/KWh, Toro III $c21,3/kWh, Cariblanco $c16,7/kWh y la planta eólica Valle Central $c30,7/KWh).

Las plantas térmicas estatales (por ejemplo, las plantas térmicas de Garabito con búnker y de Moín con diésel) tienen un costo mayor que las plantas anteriores, el cual es también mucho más alto que el costo de las importaciones de electricidad de Centroamérica generada con plantas térmicas privadas de menor costo.

Esta es la razón principal por la cual el ICE prefiere primero importar electricidad de la región (creando riqueza y valor en el extranjero) antes de generarla con las plantas térmicas nacionales de búnker y de diésel importados.

Con respecto a las importaciones de electricidad de la región, y de acuerdo con el Informe Anual de Generación y Demanda del ICE del 2019, “el precio promedio mensual de las transacciones realizadas en el mercado de oportunidad es de 137,61 $/MWh ($c13,761/KWh); 125,22 $/MWh ($c12,522/KWh) para los contratos panameños y 121,44 $/Mwh ($c12,144/KWh) para los contratos del norte (El Salvador y Guatemala)”

Como lo señalé al inicio, las plantas eléctricas nacionales a las cuales no se les están renovando el contrato tienen una tarifa de venta al ICE fijado por la ARESEP de $c5,81/KWh, la cual es mucho más baja que las otras opciones de plantas eléctricas nacionales e importadas que se están utilizando.

Es evidente que la política del Estado (Gobierno e Instituciones Estatales), que se observa en la realidad, tiene las siguientes características.

• Operar las plantas estatales caras propias con energías renovables (las cuales tuvieron un elevado sobrecosto durante la construcción) y con energías no renovables.

Las plantas térmicas nacionales operan además con combustibles importados (búnker y diésel), generan riqueza (recursos fiscales y no fiscales, empleo, etc.) en los países donde provienen esos combustibles y generan emisiones en el país.

• Asegurar el resto del abastecimiento eléctrico nacional con importaciones de electricidad de Centroamérica (proveniente de empresas privadas en esos países).

Esta electricidad importada proviene en gran medida de plantas térmicas en la región, generan riqueza (recursos fiscales y no fiscales, empleo, etc.) en los países donde operan y generan emisiones en esos países atribuibles a nuestro requerimiento energético.

• No operar las plantas que funcionan con fuentes renovables de energía limpia y de bajo costo (hidroeléctricas, eólicas, biomásicas) que no sean del Estado al no renovarse los contratos conforme vayan venciendo. Se les impide también a estas plantas exportar electricidad a Centroamérica.

Esta es una política pública de destrucción de competitividad, de valor y de riqueza nacional (recursos fiscales y no fiscales, empleo, etc.) que va en contra de todo, incluyendo la reactivación económica, la atracción de inversiones al país, la generación de empleo, la generación de recursos fiscales, la reducción de las emisiones al ambiente, la seguridad jurídica para futuras inversiones y la descarbonización de la economía (la cual adicionalmente no está teniendo ningún impacto relevante).

El gran perdedor es el país, incluyendo la producción nacional, la competitividad, los consumidores residenciales, el empleo y el Estado al recibir menos recursos fiscales directa e indirectamente (por mayor crecimiento económico de la economía nacional producto de una mayor competitividad energética).

Mientras todo esto ocurre en Costa Rica a vista y paciencia de todo el mundo sin que nadie se sonroje, y donde la política económica se centra en mayores impuestos y mayor endeudamiento público, en todos los países del mundo se tiene claro que una de las principales acciones que un país debe tomar para potenciar su desarrollo económico y el progreso social es la implantación de políticas que conduzcan en la realidad a una reducción significativa y continua de los costos de la energía.

Existen muchos estudios que también han señalado la importancia de la competitividad energética y de la creación de valor en este sector para potenciar el desarrollo económico y social de los países, como los siguientes:

• Foro Económico Mundial (“Energy as a Competitive Advantage”):

• “La economía básica domina las políticas energéticas”. La mayor parte de la economía básica tiene que ver con lograr costos bajos y competitivos internacionalmente.

• McKinsey & Company (“Energy: a Key to Competitive Advantage”):

• “La energía se ha convertido en un factor estratégico en la competencia global”.

• “La energía es uno de los factores estratégicos que están conduciendo las decisiones de las empresas”.

• International Energy Agency (“Energy: a key to competitive advantage”):

• “La energía es un habilitador (‘enabler’) crítico”.

• “Los servicios energéticos modernos de bajo costo mejoran la vida de los pobres de innumerables maneras”.

Costa Rica es la excepción donde la competitividad, la creación de valor y economía básica no dominan la política energética.

La Cámara de Industrias ha sido muy clara en señalar de manera contundente que “necesitamos energías limpias baratas, no limpias caras, porque nos sacan de competencia” y que “el industrial debe producir para competir con el mundo y en el mundo donde las tarifas son mucho más bajas”.

En materia de atracción de inversión externa, CINDE ha llamado también la atención sobre este tema al señalar que “el alto costo de la energía eléctrica en nuestro país y el modelo imperante en el sector afectan directamente la llegada y permanencia de compañías multinacionales, fuentes indudables de trabajos de calidad para los costarricenses dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana”.

Entre muchas otras cosas, la política pública de destrucción de competitividad y de valor en el sector eléctrico nacional se da dentro del marco de un discurso populista ficticio que habla de lo contrario a lo que está sucediendo en la realidad, como por ejemplo, la mejora de la calidad de vida y de la competitividad, la reducción de costos, la reactivación económica, el progreso social, la reducción de las emisiones al ambiente y la descarbonización.

Los datos revelan que en la vida real los resultados (por omisión y por acción) son contrarios a lo que señala el discurso político populista ficticio.