Frente Amplio, PUSC y PAC logran acuerdo político para validar protestas

Policía, médicos y bomberos a huelga con aval del Gobierno

Liberación ve con escepticismo propuesta por afectación a ciudadanos

En el mediano plazo, la policía, médicos, bomberos y otros funcionarios públicos que laboren en servicios de emergencia, podrán irse a huelga, y sus movimientos de protesta tendrían en cierto modo, la bendición del gobierno de turno.

El único requisito es que los sindicatos presenten un plan de servicios mínimos para que los ciudadanos no se queden sin recibir atención del todo.
Este acuerdo político se logró pese a que en muchas ocasiones, esos funcionarios prestan atención en situaciones de emergencia, como violencia doméstica, incendios, asaltos o citas en la Caja para mamografías o exámenes del corazón.
El portillo a los movimientos de protesta lo abrirían el Frente Amplio, el PUSC y la bancada oficialista del PAC, quienes anunciaron con bombos y platillos el acuerdo político.
El objetivo es que, antes de finalizar el año, Luis Guillermo Solís levante el veto a la reforma procesal laboral, para que dichas agrupaciones aprueben las reformas señaladas al Código de Trabajo.
“Este acuerdo rescata el derecho a huelga en Costa Rica, una deuda pendiente desde hace muchos años”, expresó Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio.
De acuerdo con la iniciativa, cuando los sindicalistas presenten un plan de servicios mínimos, el Gobierno debe avalar la propuesta para que la huelga sea legal.
En caso de estar en contra, un juez analizará el proyecto y si no lo valida, el Estado tendrá la potestad de declarar el movimiento ilegal y con ello, el Presidente podría despedir a los burócratas que estén en huelga.
Para convertirse en ley de la República, la iniciativa solo requiere el aval de 29 diputados, por lo que dichos partidos tienen el músculo político necesario para convertir su acuerdo en realidad.
Un punto destacable en el plan, desde el punto de vista de los trabajadores, es la posibilidad de que los juicios laborales que hoy duran hasta siete años, se lleven a cabo en menos de 12 meses.
En ese sentido, la bancada oficialista de Liberación Nacional anunció su respaldo a este último punto.
Sin embargo, mostró reservas por la posibilidad de que se permitan las huelgas en los servicios esenciales.
“Todavía estamos analizando el proyecto que han presentado esos partidos, pero en honor a la verdad, el PLN es del criterio que lo mejor era separar los temas. Las huelgas en los servicios esenciales es algo que nos preocupa”, expresó Sandra Piszk, diputada de Liberación Nacional.

Esteban Arrieta
earrieta@larepublica.net
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