Pobreza y desigualdad como asignaturas pendientes

Según los resultados de la última Encuesta Nacional de Hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la pobreza en 2023 se situó en 21.8%, es decir poco más de 390 mil hogares se encuentran en situación de pobreza. Si comparamos con el dato del año 2022, hay una disminución de 8,930 hogares (la pobreza se ubicó en 23% en 2022). Esta mejora en el indicador es sin duda un aspecto positivo, pero los retos a nivel país van más allá de la incapacidad de bajar la pobreza de forma significativa y se vinculan con la concentración de los ingresos y la imperante desigualdad.

Los datos son claros.

Desde mediados de la década de 1990 se tendió al estancamiento en la pobreza, oscilando entre 20% y 23%, salvo contadas excepciones. En cuanto a la pobreza extrema, para el año 2023 esta se situó en 6.3% (en los últimos 10 años ha sido mayor al 5%), lo cual representa cerca de 113 mil hogares, prácticamente el mismo valor que el año anterior. Por otro lado, la pobreza históricamente ha afectado más a los hogares en zonas rurales. Los datos por zona de residencia señalan que en 2023 el porcentaje de hogares pobres en la zona rural es de 26.4% y en la urbana 20.1%.

La desigualdad por su parte suele medirse por medio del Coeficiente de Gini, el cual es una medida empleada para cuantificar la distribución del ingreso. El indicador toma valores de entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la “perfecta igualdad” y 1 a la “perfecta desigualdad”. A 2022 el Coeficiente de Gini de Costa Rica era de 0.504 y ha variado poco en los últimos 20 años. De hecho, si nos comparamos con los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) Costa Rica destaca entre los países con mayor desigualdad.

Es fundamental dimensionar que antes de la pandemia diversos estudios, ya alertaban que la economía nacional no estaba generando suficiente empleo e ingresos para la población de forma tal que se abordaran estructuralmente estas falencias a nivel país. Particularmente el Estado de la Nación en el informe publicado en octubre 2019 señaló que hay una desconexión estructural entre producción y empleo que presiona el mercado laboral y deteriora el ingreso.

Después de la pandemia y el fuerte aumento de los precios experimentado durante 2022 (recordemos que en agosto de 2022 se alcanzó una inflación de 12.1%, la más alta desde el 2009), sin duda la consecuencia inmediata está en la profundización de las brechas sociales.

Al problema estructural de pobreza y desigualdad del país debemos sumarle la emergencia de inseguridad y la contracción en la inversión social pública. El 2023 fue el año más sangriento registrado, con 907 asesinatos, una tasa de homicidios de 17 por cada 100.000 habitantes (un incremento de 41% respecto al dato de 2022). Por su parte, las políticas de austeridad fiscal suponen el reto de que los recortes en la inversión social no exacerben los problemas país.

Tal como señala el Informe del Estado de la Nación de 2023: “al aumentar las asimetrías, la situación puede tener consecuencias adversas de corto y largo plazo en materia de crecimiento económico, inestabilidad social, deterioro de la democracia y otros aspectos” … tótum revolútum.