PLN propone comisión mixta para debatir salarios públicos
Archivo/La República
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Con el objetivo de zanjar las diferencias en torno a los salarios del sector público, Liberación Nacional propuso crear una comisión mixta especial, en la cual, participarían los sindicatos, el Gobierno y los diputados.

Esta no sería la primera vez que se crea un foro parlamentario de este tipo, ya que con la fallida ley general de electricidad se hizo el experimento.

En este tipo de foros legislativos, todos los sectores afectados tienen voz, pero son los diputados los únicos que pueden votar.

“Buscamos que todo sea transparente y público, que no haya nada debajo de la mesa y que los costarricenses estén enterados de la verdadera situación fiscal y de las alternativas para enfrentarla y evitar que el país colapse, hay seriedad por parte de todos de entrar a analizar el tema de empleo público”, dijo Maureen Clarke, jefa de fracción del PLN.

Para conformar una comisión mixta se requieren 38 votos y en principio, se cuenta con el respaldo del PUSC, el Movimiento Libertario, Liberación y el bloque cristiano.

El debate sobre el costo de los salarios en el sector público, ha levantado polémica en las últimas semanas, después de que la alianza opositora que controla el Congreso, anunciara su interés en promover una vía rápida para aprobar la ley de racionalización del gasto público.

En esa iniciativa se reduce la cesantía de 20 a ocho años para los nuevos burócratas y al mismo tiempo, se establecen nuevas reglas para el otorgamiento de pluses como las anualidades, la dedicación exclusiva y la disponibilidad.

Para impulsar el proyecto, la alianza requiere de 38 votos y por eso, ha pedido al Presidente Luis Guillermo Solís su respaldo. Sin embargo, este anunció hoy que estudiará la oferta de la oposición.

Mientras tanto, los sindicatos que se reunieron hoy con el PLN, le pidieron a ese partido archivar la ley de racionalización del gasto.

Los líderes gremiales consideran que el primer paso para ordenar las finanzas públicas, es aprobar una ley para controlar la evasión fiscal que se calcula en un 8% del PIB, según el Ministerio de Hacienda para el 2013.



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