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Si el gobierno de Laura Fernández quiere aprobar el plan de eurobonos por $13.500 millones, necesariamente tendrá que negociar con el Partido Liberación Nacional (PLN) un monto menor.
De lo contrario, no podría conseguir los 38 votos que requiere para aprobar la colocación de deuda externa. El oficialismo solo tiene 31 votos.
Y es que los verdiblancos demandan controles, metas de cumplimiento y un monto menor de colocación.
“Antes de tratar de dictaminar la autorización de eurobonos es necesario sentarnos a negociar sobre los alcances del mismo, el monto de la emisión, el período por el cual se pretende la autorización, así como retomar los indicadores fiscales y controles que no vienen en este expediente legislativo”, explicó Diana Murillo, legisladora del PLN en la comisión de Hacendarios.
Mientras tanto, Álvaro Ramírez, jefe del PLN, calificó de “inviable” la propuesta actual por su elevado monto y porque comprometería a varios gobiernos.
Y es que la autorización de eurobonos que pretende el gobierno busca colocar alrededor de $1.500 millones por año en un período de nueve años. De aprobarse en los términos planteados por el Poder Ejecutivo, la autorización abarcaría a la actual administración, a la que asumirá en 2030 y a la que iniciará funciones en 2034.
Es importante aclarar que la autorización no es obligatoria, sino una posibilidad para el gobierno.
“Es un capricho y una propuesta inviable. Así como está, una colocación de $13.500 millones no se justifica”, dijo el líder verdiblanco al medio El Semanario.
Eso sí, Ramírez aclaró que el PLN está dispuesto a conversar sobre una colocación menor y plazos más cortos.
Los eurobonos son certificados de deuda que emite el Gobierno, con la característica especial de que se venden fuera del país, en mercados internacionales como Nueva York o Londres.
Sirven para conseguir dinero a plazos más largos y tasas de interés más baratas de las que se consiguen en el mercado nacional, y el Gobierno usa ese dinero para pagar deudas viejas que están por vencer, sin asfixiar el presupuesto del Estado. En otras palabras, es cambiar deuda mala por deuda con mejores condiciones.
Por otra parte, si el Gobierno consigue dinero afuera, deja de pedirles prestado a los bancos locales y, al haber menos competencia por los colones en la calle, las tasas de interés tienden a bajar o mantenerse estables, abaratando los créditos personales, de vivienda y las tarjetas de crédito.
Aunque los eurobonos tienen una gran cantidad de beneficios para la economía, los expertos señalan que no es razonable una colocación tan elevada.
“No es razonable que una sola administración comprometa los recursos de las siguientes administraciones, ya que deja sin margen de endeudamiento a las siguientes. Sin embargo, el proyecto se plantea en emisiones anuales; por lo tanto, lo que hace es ordenar la emisión de deuda externa en el futuro y elimina esta discusión de la Asamblea Legislativa”, finalizó José Luis Quesada Martínez, profesor de Economía de la Universidad Fidélitas.
Ni se pagan en euros, ni son dinero gratis. Le explicamos de manera breve, ¿qué son los eurobonos? y ¿cómo influyen directamente en la cuota de sus deudas?
| Pregunta | Explicación |
|---|---|
| ¿Qué son los eurobonos? | Es un certificado de deuda que emite el Gobierno, con la característica especial de que se vende fuera del país en mercados internacionales como Nueva York o Londres. |
En palabras simples: es ir a pedir prestado al extranjero en lugar de pedirle a los bancos locales.
El Gobierno usa ese dinero para pagar deudas viejas que están por vencer, sin asfixiar el presupuesto del Estado.
En finanzas, significa que el bono se emite fuera del territorio del país emisor.
De hecho, los eurobonos de Costa Rica se emiten siempre en dólares estadounidenses.
Como la deuda se contrata en dólares, si el tipo de cambio en Costa Rica subiera de golpe, al país le costará mucho más caros los colones necesarios para pagar esa deuda en dólares.
De aprobarse en los términos planteados por el Poder Ejecutivo, la autorización abarcaría a la actual administración, a la que asumirá en 2030 y a la que iniciará funciones en 2034.
La iniciativa genera reservas entre diputados de oposición, quienes consideran que la propuesta carece de controles suficientes y otorga un plazo inusualmente extenso.
